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La amnistía inquieta en Europa

España ayer pasó a ser, junto con Polonia y con Hungría, uno de los países miembros cuyo Estado de derecho se ha sometido a discusión en el Parlamento Europeo

El Parlamento Europeo vivió este miércoles una jornada tristemente histórica para España. Tras Hungría y Polonia, nuestro país ha tenido el preocupante honor de pertenecer a los países cuyo Estado de derecho se ha sometido a debate en Estrasburgo. La ley de amnistía pactada por Sánchez a cambio de siete votos, redactada de mano de sus beneficiarios, es una agresión al imperio de la ley que no podía pasar desapercibida en el marco de la UE. La reacción civil de todos los operadores jurídicos o de asociaciones profesionales de altos funcionarios, así como las manifestaciones sostenidas durante tantas jornadas en España han despertado la inquietud más allá de nuestras fronteras, como ha quedado demostrado, también, en el tono de varios editoriales de la prensa internacional.

El debate lo abrió Didier Reynders, quien mostró su preocupación por algunas cuestiones sobre las que se lleva alertando a España desde hace al menos dos años. El método de elección y la renovación del CGPJ, la autonomía de la Fiscalía General del Estado o la reforma de delitos como el de malversación establecieron el marco de una preocupación creciente que, con la tramitación de la amnistía, adquiere definitivamente una nueva dimensión. Manfred Weber fue rotundo a la hora de recordar la excepcionalidad a la que Pedro Sánchez ha abocado a nuestro país y recordó cómo la izquierda trató de bloquear incluso el debate en el marco del Europarlamento. El portavoz de los populares subrayó que esta norma no sólo vulnera la igualdad entre ciudadanos europeos sino que lo hace, además, en relación a delitos de especial valor estratégico para Europa en los que la influencia de Vladímir Putin ha quedado certificada.

Aún más reveladora que la denuncia de Weber fue la respuesta de Iratxe García. La portavoz de los socialistas europeos, antes comprometida con la denuncia de las maneras antidemocráticas de Puigdemont, ha asumido con docilidad y entrega las consignas de su partido. La intervención de la eurodiputada reprodujo el argumentario habitual de Ferraz y no tuvo rubor a la hora de incurrir en falsedades manifiestas. García, quien se muestra dispuesta a dilapidar no sólo su prestigio político sino también su credibilidad civil, no dudó en afirmar que el PP no reconoce la legitimidad de la presidencia de Sánchez e incluso llegó a decir que los populares no han condenado la vandalización de las sedes socialistas en algunas localidades. Incapaz de justificar una medida como la amnistía, la portavoz llegó a hacer suyo uno de los ardides más aviesos de la literalidad de la ley en trámite. Así, después de que Weber advirtiera del riesgo que supondría amnistiar delitos como el terrorismo, García leyó el párrafo de la norma registrada omitiendo su parte más determinante: la que matiza la exclusión de este tipo de delitos y señala que sólo quedan fuera de la amnistía aquellos en los que exista una sentencia firme. Una descripción deliberadamente diseñada para que no afecte a ningún caso y que los imputados por terrorismo puedan quedar incorporados a la medida de gracia.

La separación de poderes, la autonomía judicial y los delitos que atañen a la malversación económica son ámbitos singularmente sensibles en el contexto europeo. Por más que la respuesta desde Bruselas pueda llegar con retraso, es ya innegable que las maneras de Sánchez han comenzado a inquietar. En su primera etapa, el presidente alardeó de su perfil internacional. Esta legislatura se inicia, sin embargo, con demasiados signos contrarios a la imagen de gran estadista que siempre intentó proyectar en el exterior.

 

 

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