Entre la fragilidad militar, la memoria histórica y el nuevo ajedrez del Caribe

La historia de América Latina está marcada por una constante: la intervención extranjera. Desde las guerras de independencia hasta las operaciones militares de Estados Unidos en el siglo XX, la región ha sido tratada menos como un conjunto de naciones soberanas que como un espacio estratégico, un tablero de maniobra para potencias que disputan su control. Esa condición de “zona de influencia” nunca desapareció y, en pleno 2025, vuelve a proyectar su sombra sobre el continente.

En el Caribe, los buques de guerra estadounidenses se despliegan bajo la justificación de combatir el narcotráfico, pero su sola presencia reaviva viejas preguntas: ¿está América Latina preparada para enfrentar una invasión extranjera? ¿Cómo reaccionarían los ejércitos y, sobre todo, las sociedades civiles? ¿Se repetiría un escenario como el de Panamá en 1989 con Manuel Antonio Noriega, o nos encontramos ante un tablero mucho más complejo y peligroso?

Responder a estas preguntas exige mirar más allá de los cañones y los soldados. La preparación de la región no puede medirse solo en términos militares: depende también de la fortaleza política, social y cultural de sus naciones. Una invasión no se define únicamente en los campos de batalla; se legitima o se rechaza en la conciencia de los pueblos. Aquí surge la paradoja latinoamericana: Estados con ejércitos incapaces de resistir a una gran potencia, pero con sociedades que conservan un profundo rechazo histórico a la ocupación extranjera.

En lo militar, la desventaja es evidente. Mientras Estados Unidos destina aproximadamente 3,4 % de su PIB a defensa y la Unión Europea, en su conjunto, invierte cerca del 2 %, América Latina apenas asigna entre el 1 y 2 %. Esa brecha no es un dato menor: refleja que, frente a un conflicto real con una potencia extranjera, la región está estructuralmente desarmada. Brasil, y en menor medida México, Chile, Argentina y Colombia, cuentan con fuerzas armadas con cierta capacidad de disuasión, pero insuficiente ante un enfrentamiento directo con Estados Unidos o con potencias emergentes como China o Rusia.

Además, las fuerzas armadas latinoamericanas fueron moldeadas para otros tipos de conflictos. Durante décadas, sus prioridades fueron la seguridad interna: el combate al narcotráfico, las guerrillas y el crimen organizado, tareas que absorbieron recursos, planificación y entrenamiento. Con el fin de la Guerra Fría, la figura del “enemigo externo” se desdibujó y, con ella, la lógica de defensa regional. América Latina, en lugar de prepararse frente a amenazas internacionales, se acostumbró a administrar crisis internas.

El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), firmado en 1947 para garantizar la defensa colectiva, evidenció sus limitaciones durante la Guerra de las Malvinas en 1982. Cuando Argentina invocó el tratado, no recibió apoyo de Estados Unidos, que respaldó a Inglaterra como socio en la OTAN. Incluso algunos países latinoamericanos, como Chile y Brasil, también se alinearon con Londres. El episodio mostró que el TIAR no ofrecía garantías efectivas de defensa regional y, lo más importante, que los países de la región debían asumir su capacidad de actuar de manera independiente ante un conflicto armado.

El Caribe es la expresión más clara de esa vulnerabilidad histórica. Desde el siglo XIX ha sido puerta de entrada de intervenciones extranjeras. Su posición estratégica, cerca de rutas marítimas vitales, lo convierte en un punto de especial interés para Washington. Haití, República Dominicana, Cuba, Granada y Panamá han conocido la presencia directa de marines estadounidenses bajo diversas justificaciones: garantizar estabilidad, proteger ciudadanos norteamericanos, frenar al comunismo o asegurar recursos estratégicos.

Panamá ilustra con nitidez esta lógica. La importancia del Canal justificó décadas de intervenciones y tutelas estadounidenses. En Granada, en 1983, la excusa fue la construcción de un aeropuerto vinculado supuestamente a la Unión Soviética y Cuba. Hoy, el discurso cambia: ya no se habla de comunismo, sino de narcotráfico y crimen organizado. Pero el patrón es el mismo: mantener el Caribe bajo control como parte de la seguridad nacional estadounidense.

En la actualidad, el foco está puesto en Venezuela, Cuba y Nicaragua. Para Estados Unidos, estos gobiernos representan regímenes autoritarios que amenazan la estabilidad regional. Al discurso de “restaurar la democracia” se suma el de la lucha contra el narcotráfico, especialmente centrado en Venezuela, acusada de servir como corredor del tráfico de cocaína hacia Norteamérica.

Aquí aparece la inevitable comparación con Panamá en 1989. La figura de un líder cuestionado puede servir de pretexto para justificar la acción militar, pero la diferencia es crucial. Noriega estaba aislado, mientras que Maduro mantiene apoyos internacionales sólidos. Rusia y China han invertido en la economía y defensa venezolana, e Irán conserva vínculos estratégicos con Caracas. Esta red de alianzas convierte cualquier intento de intervención directa en un riesgo de confrontación con implicaciones globales.

La experiencia histórica muestra que los pueblos latinoamericanos rechazan la ocupación extranjera, incluso en medio de crisis internas. Durante la Guerra de las Malvinas, los argentinos se unieron frente al enemigo externo, a pesar de la dictadura militar que los gobernaba. En Panamá, la invasión que derrocó a Noriega dejó cicatrices profundas: para algunos fue liberación, para otros, humillación nacional.

En Venezuela, el escenario sería aún más explosivo. La sociedad está fracturada: un sector podría apoyar una intervención para poner fin al chavismo, mientras otro la vería como una violación intolerable de la soberanía. El resultado probable sería una división interna con riesgo de guerra civil. Una acción militar, lejos de resolver la crisis, podría prolongarla y radicalizarla. Los costos serían mayores y la justificación política, mucho más débil.

El modelo de invasión clásica, con desembarco masivo y captura inmediata del líder, resulta cada vez menos viable. Hoy predominan las intervenciones híbridas: sanciones financieras, bloqueos económicos, ciberataques, sabotajes, operaciones encubiertas y despliegues navales destinados más a intimidar que a atacar directamente. La presencia de buques estadounidenses en el Caribe no indica necesariamente una invasión inminente, pero envía un mensaje contundente: la capacidad de actuar está lista y visible.

El verdadero problema es que América Latina sigue atrapada entre el discurso de soberanía y la realidad de su fragmentación. Ni UNASUR ni la CELAC lograron construir una estrategia de defensa común. Cada país enfrenta solo sus amenazas, y el Caribe, por su proximidad a Estados Unidos y su dispersión política, continúa siendo la zona más vulnerable.

La incapacidad de construir un proyecto regional sólido atraviesa toda la historia latinoamericana. A pesar de compartir lenguas, raíces culturales y una experiencia colonial común, los países permanecen como piezas sueltas, incapaces de articular políticas conjuntas más allá de declaraciones retóricas. Esa fragmentación no es anecdótica: condiciona cómo la región enfrenta desafíos globales y limita su capacidad de respuesta frente a presiones externas o crisis internas.

La pandemia de COVID-19 expuso con crudeza esta debilidad. Mientras otras regiones coordinaron compras de vacunas y sistemas de mitigación, América Latina reaccionó de manera individual. Los países con mayor poder adquisitivo accedieron primero a vacunas y medicamentos, mientras otros quedaron rezagados, acentuando brechas sociales y profundizando el aislamiento regional.

Lo mismo ocurre en materia de seguridad. No existe un sistema de alerta temprana ni un mecanismo regional que permita actuar de forma conjunta frente a amenazas militares, cibernéticas o económicas. La desconfianza histórica entre vecinos ha impedido construir alianzas efectivas, reforzando la percepción de que América Latina es más un mosaico de Estados que un bloque con intereses compartidos.

Incluso en lo social, el déficit de cohesión regional es evidente. Los pueblos de América Latina conservan un fuerte sentido de identidad nacional y memoria de resistencia frente a intervenciones externas, pero no han desarrollado un auténtico espíritu de solidaridad continental. La prioridad sigue siendo la gestión de crisis internas y la supervivencia local, antes que la construcción de estrategias compartidas. Así, cualquier amenaza externa se convierte en un desafío doble: enfrentar al adversario y, al mismo tiempo, lidiar con la propia fragilidad interna.

Por ello, el mayor peligro para América Latina no es únicamente la invasión de una potencia extranjera, sino su incapacidad de coordinarse y proyectar una respuesta común. Mientras los Estados actúen de forma aislada y no consoliden un andamiaje político, económico y social sólido, la región seguirá siendo vulnerable a presiones militares, económicas o diplomáticas. La lección histórica es clara: más que temer al enemigo externo, América Latina debe temer a su propia fragmentación.

Solo la construcción de una identidad regional capaz de traducirse en políticas concretas de cooperación, defensa y desarrollo permitirá que la región deje de ser un conjunto de Estados dispersos y se transforme en un actor con verdadera capacidad geopolítica. De lo contrario, la historia seguirá repitiéndose: América Latina continuará reaccionando de manera fragmentada y tardía, vulnerable en un mundo que avanza con más agresividad y menos paciencia.

La lección es clara: las potencias no esperan ni dudan en actuar cuando sus intereses están en juego. América Latina, en cambio, sigue atrapada en sus divisiones, confiando más en la memoria de su resistencia que en la solidez de sus instituciones. Mientras no logre superar la fragilidad militar, organizar su memoria histórica como motor de unidad y asumir el nuevo ajedrez geopolítico del Caribe con visión estratégica, la región seguirá siendo territorio de otros y no de sí misma. La pregunta ya no es si habrá otra intervención, sino cuándo, dónde y cómo encontrará a América Latina: ¿como un conjunto de naciones dispersas o como una voz común capaz de hacerse respetar en el escenario mundial?