Fredy Rincón Noriega: La FANB ante los nuevos desafíos
Toda sociedad organizada necesita una fuerza capaz de defender su territorio y proteger a sus ciudadanos. Esa función no admite sustitutos. La Fuerza Armada Nacional no es un fin en sí misma. Es un instrumento al servicio de la nación. Su autoridad nace de esa misión y solo de ella.
La historia militar venezolana reconoce períodos de profesionalismo y subordinación democrática. La modernización de los años setenta y ochenta, con la incorporación de sistemas de armas de primer nivel y una doctrina fundada en la defensa territorial, situó a la Fuerza Armada entre las más respetadas del hemisferio. Ese capital histórico existe. Puede recuperarse.
Los últimos veinticinco años marcaron una desviación respecto de ese referente. La fuerza fue alejándose de su misión constitucional. El artículo 328 de la Constitución de 1999 establece con precisión ese mandato. La Fuerza Armada Nacional es una organización esencialmente profesional, sin militancia política, al servicio exclusivo de la nación. El artículo 329 distribuye con claridad las responsabilidades entre sus componentes. El artículo 322 define la seguridad nacional como corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad. Esos tres artículos son la brújula de cualquier proceso de reconstrucción.
La reducción produjo consecuencias concretas y verificables. El control territorial se debilitó en zonas fronterizas y áreas estratégicas. Grupos irregulares y redes de crimen organizado expandieron su presencia en espacios donde el Estado dejó de ejercer autoridad efectiva. La relación entre la ciudadanía y el estado militar se deterioró. Diversas encuestas documentadas registraron ese distanciamiento. Recuperar esa confianza es parte central del desafío inmediato. Alcanzar esa meta dependerá de las acciones verificables acometidas y sostenidas en el tiempo. Cada ascenso basado en el mérito y cada recurso del presupuesto administrado con transparencia serán, entre otras, herramientas fundamentales para fortalecer la credibilidad de la fuerza armada. La legitimidad no se proclama. Se construye.
El rechazo ciudadano es comprensible. También lo es la necesidad de mantener una fuerza eficiente y operativa. La nación enfrenta amenazas reales en sus fronteras, en el espacio marítimo y en dominios nuevos como el ciberespacio y el espectro electromagnético. Prescindir de una Fuerza Armada capaz no es una opción. La pregunta no es si Venezuela necesita Fuerzas Armadas. Es qué tipo de Fuerzas Armadas nos conviene.
La respuesta la da la experiencia histórica comparada. El modelo de 1958 es un punto de referencia válido. Tras una dictadura, Venezuela reconstruyó una fuerza militar profesional mediante dos mecanismos sencillos en su enunciado y exigentes en su aplicación. La subordinación real al poder civil como condición necesaria para la paz y la convivencia democrática. El mérito como único criterio de ascenso. Esa fórmula funcionó. Puede volver a funcionar.
La reconstrucción tiene condiciones concretas. La despolitización es la más urgente. Las consignas partidistas no tienen lugar en los cuarteles ni en la conducta pública del militar en servicio activo. Solo la simbología nacional pertenece a la Fuerza Armada. Sin esa separación, los cambios serán cosméticos. La meritocracia completa ese fundamento. Los ascensos deben basarse en formación académica e historial de servicio. El presupuesto de defensa tiene obligación de ser público y auditado. El militar del siglo XXI necesita dominar sus sistemas de armas, conocer las tácticas modernas y manejar los idiomas de la cooperación hemisférica. Esas no son exigencias nuevas. Son las condiciones del oficio.
En esta nueva fase de estabilización, el restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos exige demostrar con hechos el compromiso nacional con la seguridad hemisférica. Un primer paso se dio con la reunión celebrada el pasado 18 de febrero en Caracas entre el general Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur, la presidenta encargada Delcy Rodríguez, el ministro de Defensa Vladimir Padrino y el ministro del Interior, Diosdado Cabello. Ese encuentro abrió un canal directo de comunicación sobre los asuntos más urgentes de la agenda bilateral.
La siguiente fase exige el diseño y la ejecución de un plan de cooperación plena orientado al desmantelamiento de las redes de crimen transnacional y narcotráfico activados dentro del espacio bajo nuestra responsabilidad. La reincorporación a la comunidad internacional como Estado democrático, estable y confiable en el plano estratégico constituye una prioridad impostergable.
La transformación tiene un solo origen posible. Los altos intereses nacionales y la voluntad de los propios integrantes de la institución armada. La cooperación externa calificada resulta necesaria, pero debe actuar en estrecha articulación con el talento venezolano. Todo ello dentro del más estricto respeto a la soberanía nacional. En correspondencia con este principio, resulta indispensable una oficialidad con vocación de servicio, disciplina profesional y apego irrestricto a la Constitución.
La FANB llega a este momento con una larga historia y con una deuda pendiente con la sociedad venezolana. Saldarla es tarea de todos. Es un compromiso de largo aliento. El camino de la profesionalización y la subordinación democrática es exigente. Es la única ruta para construir un poder militar capaz de cumplir su misión. Venezuela necesita esa fuerza. Y la fuerza armada necesita dar ese paso.
