Aranceles, poder presidencial y justicia

Desde que Donald Trump ingresó a la política de Estados Unidos, ha puesto a prueba los límites tradicionales del poder presidencial. Su estilo directo, populista y a veces desafiante ha cambiado la forma en que se habla de política y ha tensado las instituciones democráticas del país. 

Durante su primer mandato y nuevamente ahora, Trump ha utilizado las estructuras del Estado para tomar decisiones ejecutivas que afectan áreas sensibles como el comercio internacional, la inmigración, la tecnología, la diplomacia y la educación. Pero ese estilo ha tenido enfrentamientos con las instituciones jurídicas y legislativas. 

Varios tribunales han detenido o cuestionado algunas de sus decisiones más polémicas: desde intentar cerrar fronteras o castigar a ciudades que ofrecen refugio, cancelar visas, perseguir a periodistas, hasta imponer aranceles mediante mecanismos que no respetan las reglas internacionales de Estados Unidos. 

Por ejemplo, la reciente decisión de la Corte Federal de Comercio de bloquear la imposición de nuevos aranceles, argumentando que hubo violaciones de procesos legales y un abuso en la invocación de la ‘seguridad nacional’, no es algo aislado. Es una muestra clara de que los controles institucionales están funcionando. Frente a la tendencia de gobernar mediante decretos o impulsos emocionales, saltándose los procedimientos democráticos, el sistema judicial empieza a cumplir con su papel. 

Desde hace más de 70 años, Estados Unidos había sido en la promoción de la apertura económica mundial, usando el comercio libre como una herramienta para mantener la estabilidad, crecer y fortalecer su presencia en asuntos internacionales. Este esquema se basó en instituciones como el GATT, luego la OMC, y en tratados regionales como el NAFTA. Pero con la llegada de Trump, ese consenso empezó a desmoronarse. 

Desde sus campañas políticas, criticó los tratados comerciales, culpó a China por prácticas desleales y prometió volver a fortalecer la industria local con medidas proteccionistas. Y cumplió rápidamente con esas promesas en su primer mandato, impuso aranceles a productos de países aliados, salió del Acuerdo Transpacífico (TPP), renegoció el NAFTA para crear el T-MEC y en su segundo mandato inició una guerra comercial con China, que afectó a la economía global. 

En todos esos casos, su justificación es que sus políticas tenían como objetivo principal, proteger a los trabajadores y empresas de Estados Unidos, sin preocuparse mucho por las reglas multilaterales o el impacto en el sistema global. No solo convirtió la política comercial en una especie de campo de batalla económica, sino que también usó los aranceles como arma diplomática. Por ejemplo, los aplicó para presionar en temas migratorios con México, en defensa con Alemania o en tecnología con China. 

Esta combinación de intereses económicos, ideas nacionalistas y estrategias políticas representó un cambio profundo respecto a administraciones anteriores. Pero esta vez, esas decisiones casi siempre vinieron del poder ejecutivo, sin mucha participación del Congreso. Las instituciones técnicas del Departamento de Comercio quedaron en segundo plano. Ese desequilibrio, generó los conflictos legales que hoy están en los tribunales. La decisión de la Corte de Comercio de bloquear los aranceles no solo limita al presidente, sino que también envía un mensaje importante: que las instituciones de Estados Unidos todavía pueden frenar los excesos del poder.

Y también es una señal de que, aunque las reglas están siendo desafiadas, la racionalidad y el Estado de derecho aún tienen su lugar. Este fallo marca un punto de inflexión que ya comienza a generar signos de resistencia: cortes que desafían al Ejecutivo, empresas que se alejan por miedo a la inestabilidad, y un sector civil que, pese a la polarización, comienza a exigir volver a las reglas, los procedimientos y la legalidad. Por ejemplo, la salida de Elon Musk del entorno asesor del presidente, en medio de disputas regulatorias, muestra que los grandes capitales también están pensando en cómo seguir con sus negocios en un marco de mayor incertidumbre. 

Lo anterior muestra una grieta en el aparato económico y político estadounidense, con conflictos internos que son cada vez más evidentes. Las empresas tecnológicas de EE.UU. no han sido solo observadoras del giro proteccionista de Trump. Han sido afectadas activamente y en algunos casos, han expresado su desacuerdo. Compañías como Apple y Microsoft, que dependen de cadenas globales de suministro, han sentido de cerca los cambios en las políticas de aranceles y tensiones con China. Apple, por ejemplo, produce la mayor parte de sus dispositivos, incluidos los iPhone, en China. Los aranceles tecnológicos encarecieron partes y componentes, llevándola a buscar nuevas locaciones como India y Vietnam, lo cual implicó costos adicionales. Aunque trataron de minimizar el impacto para los consumidores, la incertidumbre afectó sus finanzas y la confianza del mercado. 

Microsoft, que, aunque tiene menos producción en China, también se ha visto afectada por las barreras comerciales y la tensión en la frontera digital con China, que podría dividir la red global en sistemas separados; esto complicaría mucho el acceso a mercados y el desarrollo tecnológico. Más allá del impacto directo en sus negocios, estas compañías están preocupadas por la falta de claridad en las políticas del gobierno. La posibilidad de que impongan aranceles sin un análisis técnico riguroso y solo con excusas de seguridad nacional ha llevado a que muchas busquen mayor presencia en Washington para defenderse. 

La reciente decisión judicial, que bloquea esos aranceles, ha sido vista por muchas de estas empresas como un paso positivo, una señal de que el sistema legal puede detener excesos, aunque el daño ya está hecho: las empresas están apostando a diversificar sus cadenas de suministro, adaptarse a escenarios divididos y fortalecer su influencia diplomática. En resumen, este fallo no solo limita los poderes del presidente para imponer aranceles con argumentos vagos, sino que también muestra que las instituciones pueden actuar como frenos ante decisiones desmedidas. Además, los signos de resistencia en la justicia, empresas y sociedad civil parecen indicar que no todo está perdido. 

Los últimos movimientos sugieren que no son solo las instituciones las que están en guardia, sino también los intereses económicos. Probablemente, lo que ocurrió con los aranceles no será algo aislado, podría ser el inicio de una serie de reacciones institucionales contra un gobierno que desafía las bases del orden democrático. 

La gran pregunta ahora no es solo si Trump logrará implementar sus ideas, sino cuántas de ellas seguirán en pie después de los controles jurídicos y las resistencias institucionales. Estamos quizás frente a una nueva etapa en la que las instituciones, aunque presionadas, comienzan a tomar ventaja y recuperan terreno. La pelea todavía no termina, pero algo cambió: ya no se trata solo de resistir, sino también de reconstruir las bases del equilibrio democrático en un país que aún lucha entre el liderazgo personalista y la ley.

Luis Velásquez