Chávez intentó comprar la deuda de Ruiz Mateos para vengarse del «por qué no te callas» del rey
Don Juan Carlos, en 2007, en el momento del ‘¿Por qué no te callas?’.
La operación, tasada en 15.000 millones, se articuló desde un despacho en Alemania y pudo comprometer las arcas públicas durante años.
El Gobierno venezolano intentó comprar en 2008 los derechos de cobro que la familia Ruiz Mateos tiene con el Estado tras la expropiación de Rumasa. Y lo hizo -según ha podido confirmar EL ESPAÑOL- para presionar al Ejecutivo español tras el encontronazo entre el rey Juan Carlos y el presidente Hugo Chávez en la cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado.
El encuentro, celebrado en Chile en noviembre de 2007, pasará a la historia por la frase con la que el monarca mandó callar a Chávez delante de todos los jefes de Estado iberoamericanos («Pero ¿por qué no te callas?»). Meses después y en una operación confidencial articulada desde Alemania, Venezuela intentó comprar derechos de cobro españoles valorados en 15.000 millones de euros, una cifra que triplica por ejemplo el gasto anual de España en Sanidad y que, al ejecutarse, podría comprometer las arcas públicas durante años.
Parte del contrato redactado:
La operación, según la documentación que obra en poder de este diario, se puso en marcha el 14 de noviembre de 2007, sólo cuatro días después de que el rey y Chávez tuvieran su intercambio verbal. En esa fecha, un abogado alemán llamado Josef Tkaczick (fallecido en 2015) se puso en contacto por correo electrónico con la familia Ruiz Mateos y mostró su intención de comprar los derechos de cobro que el grupo tenía entonces sobre la expropiación forzosa de Galerías Preciados (anulados por el Supremo tras una batalla legal cinco años después).
Tres meses antes, el 22 de agosto de 2007, la familia al completo firmó un poder notarial para dejar en manos del patriarca la negociación de esos derechos, que fueron ofertados de forma muy discreta en mercados extranjeros, ante el riesgo de que el movimiento se filtrara en España y el Gobierno pusiera trabas a la entrada de un nuevo litigante.
El 14 de noviembre, el abogado alemán Tkaczick mostró su intención de actuar como intermediario para posibles clientes. Nombres con el banco Credit Suisse o el fondo de inversión estadounidense Fortress Investment Group. Poco después, las personas implicadas en la operación, dentro del círculo más íntimo de los Ruiz Mateos y que mantuvieron siempre las negociaciones en el más absoluto secreto, pudieron conocer la identidad real del cliente interesado en litigar contra España: el gobierno bolivariano, que tras varias sociedades opacas había contactado con la filial en Alemania del bufete londinense SJberwin.
Carta enviada por los Ruiz Mateos al abogado alemán:
UN FINANCIERO DE LA RDA
La contestación de la familia Ruiz Mateos al abogado alemán llegó por carta dos días después. En el escrito, reproducido sobre estas líneas, es Pablo Ruiz-Mateos quien fija el precio de salida de la negociación: 2.152 millones de euros por la indemnización de Galerías Preciados, valorados por la familia en 6.150 millones de euros. Una cifra que el Supremo rebajó después a cero tras una puja legal que se prolongó treinta años. La misiva reconoce al abogado alemán una comisión de 100 millones si la operación finalmente se materializa antes del final de 2007. Algo que no sucedió.
De hecho, las negociaciones se prolongaron al menos hasta marzo de 2008. Primero por las dudas que la compra suscitaba a los abogados alemanes. Y después por la voluntad de sumar al acuerdo otros 208 procedimientos donde la Justicia había reconocido posibles indemnizaciones a los Ruiz Mateos. “A día de hoy los justiprecios de acciones y participaciones de valor positivo y las retasaciones reclamadas alcanzan una cifra total de, aproximadamente, 8.541.479.816,99 euros. Asimismo, las retasaciones pendientes de realizar se estiman en otros 15.000 millones de euros aproximadamente».
El borrador del contrato, preparado por los colaboradores de Ruiz Mateos, refleja al abogado Tkaczick, domiciliado en Düsseldorf, como “el comprador” de los derechos de cobro, pese a que la misiva anterior de los Ruiz Mateos, que nunca se elevaría a público, le identifica únicamente como intermediario. En los círculos financieros alemanes, Tkaczick era conocido entre otras cosas por sus buenas relaciones con el régimen cubano y por participar en operaciones financieras a cargo de la extinta RDA.
El documento, redactado en castellano, demuestra que la operación se iba a formalizar fuera de España, algo que concuerda con el temor que tenía la familia de que la operación fuera conocida por el gobierno español. “En lo no pactado en este contrato, el mismo está sujeto a la legislación alemana y a los juzgados competentes de Dusseldorf, Alemania”.
Informe de los abogados alemanes intermediarios de la operación:
UN PACTO ROTO
La operación se llevó en todo momento con el control de dos personas de absoluta confianza de Ruiz Mateos: el letrado Joaquín Yvancos, apartado después por orden judicial de la abogacía, y Alfonso Barón, sobrino de la matriarca familiar Teresa Rivero y la persona encargada de mantener gran parte de las relaciones que el holding Rumasa tenía en el extranjero. El precio final se fijó en 3.843 millones de euros, pero la primera pretensión de la familia fue cobrar seis millones de euros por adelantado. Un dinero que nunca llegó.
Según fuentes cercanas a la operación, fue el propio Ruiz Mateos quien decidió romper las negociaciones con el intermediario del gobierno venezolano, al conocer de primera mano la naturaleza de su cliente. Simplemente, con la compra-venta pactada y los equipos legales cerrando flecos del contrato, el patriarca del clan decidió no formalizar la venta y buscar otros inversores. «Decidió no vender a Hugo Chávez», explican quienes estuvieron cerca de él en aquellos momentos. Un año después (2009) y ante la falta de financiación, Nueva Rumasa buscó una nueva vía para recaudar dinero: emitió los pagarés que han sentado a parte de la familia en el banquillo y colocado en prisión a dos de sus hijos.
