¡Cojan al ladrón!

A un mes de cumplirse el plazo autoestablecido para entregar la presidencia a alguno de sus leales, el general dictador desata una de tantas campañas contra la corrupción, donde caen algunas  figurillas de nivel intermedio y otros vividores no autorizados a «enriquecerse».

Al parecer, el general quiere retirarse dejando un legado de lucha contra la corrupción que levante una cortina de humo sobre la gran putrefacción de los Castro, la cual va mas allá de disfrutar  grandes fortunas, buscando el encumbramiento personal a costa de todo un pueblo. Se vislumbra también una nueva ofensiva contra los pequeños empresarios privados y una advertencia a la burocracia intermedia para que limite su podredumbre, junto a la intención de culparlos  por la escasez de productos alimenticios y por los bajos resultados en la gestión de la producción.

En vida del dictador empedrado fueron varias las oleadas anticorrupción que se cargaron a personajes de porte mayor, las cuales servían  para dar un escarmiento a la burocracia y proyectar una imagen pública de austeridad del caudillo, que encubría sus desfalcos con el secretismo tradicional sobre su vida y con sus «buenas» acciones para bienestar del pueblo, el desarrollo del país y sus aventuras internacionales contra el «imperialismo«.

Pero, ¿cuál es la fuente de tanta corrupción?

El poder corrompe y el poder absoluto, corrompe absolutamente, tal como señaló Lord Acton. Y se puede agregar que el poder permanente, corrompe absoluta y permanentemente. La corrupción existente tiene como una de sus causas primarias ese poder absoluto y permanente que impide el funcionamiento de una sociedad sana basada en leyes justas y transparentes.

La corrupción es inversamente proporcional a la democracia. Mientras más real y repartido es el poder económico y político, menos posibilidades tiene la corrupción.

¿Una verdadera lucha contra la corrupción?

Nunca existió en la Cuba de los Castro una verdadera lucha contra la corrupción, sino campañas coyunturales dirigidas a personas o grupos específicos molestos al poder. En ellas evitaban mostrar las causas reales, sistémicas, de la corrupción generalizada, propias del modelo político-económico neoestalinista del castrismo, caracterizado por la centralización de la política y la economía y, especialmente, por la explotación en semiesclavitud de los trabajadores y la total centralización de las riquezas, lo que ha convertido a Cuba en una empresa privada de los Castros, donde cargos y prebendas son repartidos entre leales.

Todo más o menos como en el sistema faraónico de «esclavitud generalizada» de la antigua Mesopotamia que Karl Marx llamó el modo de producción asiático, una organización social a medio camino entre la esclavitud y el feudalismo, y que José Martí identificó con toda claridad en su ensayo «La futura esclavitud», en análisis de la obra homónima de Herbert Spencer.

Cada uno desde su visión explicaron que en ese sistema, la existencia de una casta de burócratas actuarían a manera de burguesía nombrada, encargada de explotar a los medios de producción propiedad del Estado con trabajadores asalariados, parecido al capitalismo.

Allí, el poder central es el único dueño y los burócratas encargados de dirigir la producción, enajenados de la propiedad, no tienen el mismo sentido de responsabilidad y pertenencia que el dueño del capital, quien necesita cuidar de su fortuna, de su inversión en medios de producción y en trabajo. Por eso, por regla general, el capitalista paga por la fuerza de trabajo contratada, de la cual espera un resultado y a la que necesita reproducir para volver a emplear.

¿Qué interés pudieran tener los trabajadores explotados en forma semiesclava, sin derechos laborales ni libertades sindicales, mucho más lejos de la propiedad, la gestión y la distribución?

Los trabajadores, al apropiarse de algo del Estado, aplican una ley de justicia natural: me tomo los valores necesarios para mi reproducción que la burocracia no recompensa con un salario justo. Esa ley existía en el Derecho romano: se llamaba ley de justa compensación. Los burócratas intermedios que ven el nivel de opulencia en que vive la alta burocracia, también aplican esa ley; pero con apropiaciones mayores, según más cerca están de la cúpula.

Los Castro, sus principales allegados y voceros, jamás aceptarían que se trata de un problema sistémico, inherente al totalitarismo que copió el estatalismo asalariado, vendido como socialismo. Sería aceptar su villanía.

Las empresas controladas por los militares, que abarcan la mayor parte de la economía cubana, especialmente la que mueve divisas, trabajan con el mismo sistema, con algunos estímulos y prebendas adicionales por niveles, pero con la desventaja para los trabajadores de que tales empresas funcionan bajo el sistema de ordeno y mando, sus trabajadores están sometidos a las leyes militares y pertenecen al sindicato de «trabajadores civiles de las FAR».

Los graves problemas de corrupción en el sistema económico de las FAR no se conocen ni se publican. La Contraloría General de la Republica no tiene acceso a sus cuentas, los delitos se saldan con leyes militares y quedan sepultados bajo el secreto militar.

Sacando cuentas

En realidad, como en el famoso cuento del asaltante que sale corriendo y grita «Cojan al ladrón», la actual campaña contra la corrupción tiene como objetivo fundamental desviar la atención de la gran corrupción castrista, que primero se apropió ilegalmente de todas las propiedades grandes, medianas y pequeñas, de nacionales y extranjeros y luego por casi 60 años ha sobrevivido explotando a todos los trabajadores cubanos, en el país o el extranjero, en forma semiesclava.

Calcúlese que, como mínimo, durante 50 años el Estado ha dejado de pagar 100 dólares mensuales a un promedio de cuatro millones de trabajadores. Lo cual arroja la suma de 240.000 millones de dólares robados a los asalariados del Estado, además de la plusvalía sacada de su explotación.

También,  indirectamente, ha explotado a sus familiares en el extranjero, por medio de las remesas, los impuestos a los productos enviados a Cuba, los trámites consulares y sus viajes y cargas acompañadas, los cuales pueden llegar junto a las medicinas, según diferentes cálculos hasta los 10.000 millones de dólares en los últimos años.

Todo esto, más las subvenciones de la URSS y luego de Venezuela, han sido las fuentes principales de los recursos malgastados por la burocracia, de los que ha usado una pequeña parte para mantener las cada vez más deterioradas salud y educación públicas,  banderitas de propaganda de una dictadura que ha amputado todos los derechos civiles, políticos y económicos del pueblo cubano.

Esta nueva ofensiva anticorrupción es una muestra más de la descomposición general del castrismo en su etapa final.