Colombia abre una investigación al general señalado por cometer irregularidades en operaciones militares

La Procuraduría General de la Nación de Colombia abrió este lunes una investigación al general Nicacio Martínez «por presuntas irregularidades en las directrices dadas a los militares para mejorar los resultados en las operaciones». El órgano de control de la función pública busca averiguar la existencia de los procedimientos revelados hace 10 días por The New York Times sobre la aplicación de «una política al interior del Ejército Nacional, que podría ser similar a la que desencadenó los llamados falsos positivos». En la práctica, según los testimonios ofrecidos por tres oficiales al diario estadounidense, los soldados recibieron a principios de año instrucciones para incrementar el número de «bajas» y capturas, poniendo así en riesgo a la población civil.

«La Procuraduría decretó la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria, identificar e individualizar los supuestos autores, y esclarecer los motivos determinantes de tiempo, modo y lugar en las que se cometieron», señala un comunicado del organismo, que explica que la indagación afecta también a otros cargos del Ejército. Martínez, comandante de la fuerza terrestre, se mostró «respetuoso de la competencia de la Procuraduría». «Estaré presto a contribuir con transparencia y con la tranquilidad de haber obrado siempre en el marco de la ley. Nuestro Ejército y su comandante se rigen por los estándares de respeto y protección del orden constitucional», aseguró el general desde las redes sociales.

El caso, sin embargo, despertó los peores fantasmas del pasado. El militar acabó por derogar la directiva cuestionada. En ella se instaba a los responsables de las distintas áreas a que compararan la cantidad de muertes del año pasado con este. El documento revivió el escándalo de los falsos positivos, esto es, el asesinato sistemático de miles de civiles después presentados como guerrilleros caídos en el conflicto armado entre el Estado y las FARC. Según un informe de la Fiscalía publicado el domingo por El Espectador hubo al menos 2.248 ejecuciones extrajudiciales entre 1998 y 2014, aunque el 97% de los casos se dieron de 2002 a 2008, entre el primer y el segundo mandato del expresidente Álvaro Uribe. El entorno político uribista más radical fue precisamente el que con más vehemencia atacó a The New York Times por la investigación, cayendo también en el señalamiento público de sus autores.

El presidente Iván Duque —representante del partido fundado por Uribe, el Centro Democrático, aunque lejano a él al menos en las formas y en los propósitos— anunció la semana pasada la formación de una comisión encargada de estudiar los métodos de las operaciones militares y el plan de incentivos que apuntan a Martínez. «He decidido conformar una Comisión presidencial independiente que haga un análisis riguroso de todas las órdenes manuales y documentos operacionales, y que pueda evaluar con profundidad cómo esas normas, procedimientos y protocolos se ajustan a las normas internacionales y nacionales en materia de derechos humanos y en materia de derecho internacional humanitario», explicó. Los integrantes de esa comisión son el exministro Hernando Yepes, el expresidente de la Corte Constitucional Mauricio González y el exprocurador Alfonso Gómez Méndez.

Martínez fue nombrado al frente del Ejército colombiano el pasado diciembre. A su vez, este y el ministro de Defensa, Guillermo Botero, renovaron la cúpula del cuerpo. En febrero la ONG Human Rights Watch (HRW) publicó un informe que denuncia la restructuración de esta fuerza pública. «HRW ha encontrado pruebas que vincularían a ocho de estos militares, así como al general Martínez Espinel, con falsos positivos y otros abusos», señaló la organización. “Las autoridades colombianas deberían impulsar investigaciones serias contra los generales creíblemente implicados en falsos positivos y no designarlos en los puestos más importantes del Ejército”, alertó ya entonces José Miguel Vivanco, su director para las Américas.