Coronavirus: ¿Quiénes son los políticos y exautoridades excarcelados durante o por la pandemia?
Investigados en casos Lava Jato, Los Cuellos Blancos del Puerto y corrupción han logrado obtener fallos que los excarcelan en comparecencia o con arresto domiciliario.
Han pasado poco más de 50 días desde que se inició el Estado de Emergencia Nacional a consecuencia de la pandemia mundial del coronavirus. Y, durante ese período una decena de políticos y exfuncionarios públicos, investigados por graves casos de corrupción, han logrado abandonar la prisión donde se encontraban recluidos mientras afrontaban sus procesos judiciales.
Como se recuerda, el gobierno decretó estado de Emergencia Nacional y cuarentena desde el domingo 15 de marzo de 2020 hasta -ahora- el domingo 24 de mayo.
El número en la lista de excarcelados –sin contar los recientes indultos o gracias otorgados por el Gobierno- si bien se equipara a los que no lograron tal propósito, sí se diferencia en quiénes son los beneficiados. La mayoría de los excarcelados están vinculados a los casos de crimen organizado, Lava Jato (Odebrecht), Los Cuellos Blancos del Puerto y procesos por corrupción.
Keiko Fujimori
La liberación de la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, que se produjo esta semana se ha convertido en uno de los más importantes dentro del Caso Lava Jato.
Su liberación, se sustentó principalmente en la falta de proporcionalidad respecto a la prisión preventiva que venía cumpliendo. Es decir que, para la Segunda Sala de Apelaciones Anticorrupción que dispuso la excarcelación, dicha medida restrictiva era excesiva para la condición procesal en la que venía siendo investigada la ex candidata presidencial.
Como se recuerda, en enero de este año el juez Víctor Zúñiga del juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, impuso 15 meses de prisión preventiva contra Fujimori Higuchi. Fue la segunda vez que la excongresista era recluida en un penal, luego de ser liberada por el Tribunal Constitucional en noviembre del 2019.
No obstante, en su resolución, los magistrados consideraron como sustento legal, las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos frente a la emergencia sanitaria; y el hacinamiento que se vive en las cárceles del Perú.
Por ello, señalaron necesario realizar una “reevaluación de los casos de prisión preventiva para identificar aquellos que pueden ser convertidos en medidas alternativas a la privación de la libertad”.
Keiko Fujimori Higuchi, no ha quedado exenta de las imputaciones en su contra. Según el tribunal superior, existen graves y fundados elementos de convicción respecto al presunto delito de lavado de activos, organización criminal y obstrucción a la justicia; por el cual es investigada en el marco del Caso Odebrecht. Esto, por la presunta recepción de aportes ilegales para sus campañas electorales del 2011 y 2016.
El Ministerio Público ya interpuso un recurso de casación ante la Corte Suprema en el cual cuestiona, principalmente, que se le haya aceptado la apelación a la defensa de Fujimori Higuchi, pese a que –a su consideración- lo interpuso fuera de plazo.
Según el registro electrónico del Poder Judicial, el citado pedido aún no ha sido derivado a una de las dos Salas Supremas que podrían resolver el pedido.
Por ahora, Fujimori Higuchi seguirá afrontando su investigación con medidas de comparecencia restringida.
Alejandro Toledo
Si bien la excarcelación del expresidente Alejandro Toledo, no fue dispuesta por un juez peruano, la condición para proteger su salud ante el Codiv-19 también fue determinante para que el juez federal Thomas S. Hixon del Distrito Norte de California, dispusiera su excarcelación.
Su caso, ha sido utilizado como argumento para que procesados dentro de nuestro país también soliciten su excarcelación.
En julio del 2019, el exjefe de Estado había fue detenido en Estados Unidos a pedido de la justicia peruana que lo procesa por el Caso Odebrecht. Permanecía recluido en la correccional Maguire de Redwood City en California hasta marzo de este año, cuando abandonó la prisión.
Según la defensa de Toledo Manrique, en prisión corría peligro de contraer coronavirus y ello podía tener consecuencias graves por su edad.
“Me inclino a dejarlo encerrado en su hogar con monitoreo de GPS», dijo Hixon, tras disponer que Toledo permanezca bajo arresto domiciliario.
Para dejar la prisión Toledo tuvo que pagar un millón de dólares en efectivo y en garantías.
Según reportes de la agencia EFE, desde que fue excarcelado, el expresidente del Perú ha incumplido su arresto domiciliario; pues hasta en cuatro oportunidades abandonó su domicilio ubicado en Menlo Park, en estado de California.
Toledo Manrique es investigado en nuestro país por los Casos Ecoteva y también por presuntos sobornos recibidos de parte de la empresa Odebrecht.
El primer caso se inició en el 2013, contra Toledo y su esposa Eliane Karp por la compra de inmuebles y pago de hipotecas por montos que superaron los USD$5 millones. El dinero fue transferidos desde la empresa off shore Ecoteva Consulting Group, constituida en Costa Rica.
Mientras que el segundo caso, vinculado al dinero que Toledo recibió de Ecoteva, se inició en enero del 2017, a consecuencia de un soborno pactado en USD$35 millones que las empresas brasileñas Odebrecht y Camargo Correa, habían pactado a cambio de la licitación de los tramos 2, 3 y 4 de la Carretera Interoceánica.
Susana Villarán
La exalcaldesa de Lima Susana Villarán de la Puente, debe abandonar en pocas horas el Penal Anexo de Mujeres en Chorrillos donde venía cumpliendo su prisión preventiva desde el 15 de mayo del 2019. Ella es investigada por los presuntos sobornos recibidos de parte de las empresas Odebrecht y OAS para su campañas contra el No a la Revocatoria del 2013 y para su campaña electoral del 2014.
Según las pesquisas del Ministerio Público, OAS y Odebrecht habrían aportado USD$6 millones en el 2013; mientras que OAS habría entregado otros USD$4 millones en el 2014.
Fue la Primera Sala Penal de quien dispuso sustituir la prisión preventiva por la de arresto domiciliario para la exburgomaestre de lima, ante el riesgo de ser contagiada con el COVID-19.
La decisión de la Sala para no ordenar su libertad con restricciones y optar por la detención domiciliaria fue que las evidencias aún persisten respecto a su peligro procesal. Es decir, que no se ha desvanecido en el tiempo el peligro de peligro de fuga y de perturbación probatoria.
No obstante, debido a su avanzada edad y las enfermedades que padecen, se encuentra dentro del grupo de riesgo de contraer el Covid-19.
Jaime Yoshiyama
Jaime Yoshiyama fue trasladado la semana pasada a una clínica local para que sea atendido (Foto: GEC)
El Poder Judicial también dispuso días atrás, la excarcelación del exsecretario general de Fuerza 2011 y exministro fujimorista, Jaime Yoshiyama Tanaka, por estar en alto riesgo de contraer coronavirus bajo prisión preventiva. Este ahora, deberá afrontar la investigación por el financiamiento ilícito de Odebrecht en arresto domiciliario.
Fue el juez Víctor Zúñiga del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria sostuvo que si bien las condiciones de carcelería para Yoshiyama, dentro del penal de máxima seguridad castro Castro, no son desfavorables, ello no significa que el investigado esté “exento de contagiarse” por el virus Covid-19.
Es más, el magistrado recordó y tomó en cuenta los alegatos de Yoshiyama quien recordó el motín que días atrás se produjo dejando a internos fallecidos.
Humberto Abanto, abogado de Yoshiyama, señaló que aún se está a la espera de la oficialización de la resolución emitida por el juez Zúñiga Urday.
Mientras tanto, el viernes último Yoshiyama fue traslado del penal Miguel Castro Castro (San Juan de Lurigancho) a una clínica local en La Molina debido a que presentaba síntomas del coronavirus (COVID-19). En el lugar se le realizó una prueba serológica, que finalmente dio positivo.
Cabe indicar que la Fiscalía apeló la decisión tomada en primera instancia a fin de que un tribunal superior revise la misma.
Una de las imputaciones de la fiscalía contra Jaime Yoshiyama se refiere a la presunta recepción de un millón de dólares de parte de Odebrecht para la campaña de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en el 2011.
César Villanueva
El ex primer ministro César Villanueva Arévalo también fue beneficiado con la excarcelación por ser parte de la población que corría peligro de contraer coronavirus, si continuaba bajo prisión preventiva.
En su caso fue uno de los primeros en ser analizados por el Poder Judicial tras dictarse las medidas de confinamiento social obligatorio en todo el país.
Cabe precisar que su defensa legal no alegó la emergencia sanitaria que se vive en el país ante el Covid-19; sin embargo la Primera Sala de Apelaciones, de oficio, analizó esta situación fallando a favor del exministro.
De esta manera se declaró fundado su pedido de variación de prisión preventiva por la de arresto domiciliario.
“De modo que se toma en cuenta esta situación de pandemia para resolver la incidencia, pues si bien todavía, al parecer, no existe un infectado en los centros penales del país, el peligro es latente para las personas mayores con enfermedades graves preexistentes como las tiene el investigado Villanueva Arevalo”, indicó el tribunal.
Villanueva Arévalo es investigado por presuntamente haber recibido dinero de la empresa Odebrecht, cuando se desempeñaba como gobernador regional de San Martín, a cambio de favorecerla con la adjudicación de la carretera San José de Sisa en el 2008.
Jorge Peñaranda
Este lunes, se conoció que el Poder Judicial dispuso variar la orden de prisión preventiva por arresto domiciliario para Jorge Peñaranda Castañeda, quien es investigado por presuntamente haber recibido dinero de la constructora Odebrecht cuando se desempeñaba como representante del Consorcio Nororiental Vial Sur y Alpha Consult en el período 2011-2014.
En abril la defensa legal de Peñaranda pidió variar la prisión preventiva que fue dictada en febrero de este año, antes que comience el estado de emergencia ante los primeros contagios de coronavirus (COVID-19).
Richard Martín Tirado
El abogado Richard James Martin Tirado, investigado por presuntamente haber recibido pagos ilícitos para laudar a favor de la empresa Odebrecht en los procesos arbitrales que interpuso contra el Estado Peruano, también logró que el Poder Judicial decidiera excarcelarlo ante el riesgo de contraer coronavirus.
La Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios confirmó la decisión de primera instancia que resolvió sustituir la prisión preventiva por la detención domiciliaria por el plazo de 18 meses contra Martín Tirado, investigado por presunto delito de cohecho pasivo específico y otros.
“Es de concluir, por estas argumentaciones que el derecho a la salud del procesado Richard James Martín Tirado, se tiene en cuenta los nuevos elementos de convicción que justifican enfermedad preexistente hipertensión arterial, diabetes y depresión y posterior posible contagio del COVID19, estrechamente vinculado al derecho a la vida, en el que hay que sumarle que el investigado se encuentra recluido en un establecimiento penitenciario cumpliendo parte de imposición de los 18 meses, habiendo transcurrido aproximadamente una tercera parte (6 meses), sin invocarse por parte del Ministerio Público a la fecha nuevos supuestos de peligro de fuga”, se indica en la resolución de primera instancia y confirmada por el tribunal superior.
Martín Tirado es uno de los 14 árbitros investigados por presuntamente recibir dinero de Odebrecht.
Weyden García Rojas
En la misma línea, la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios revocó la resolución de primera instancia y dispuso sustituir la prisión preventiva por la de arresto domiciliario contra el abogado Weyden García Rojas, quien es investigado por presuntamente, en su rol de árbitro, haber fallado a favor de la empresa brasileña Odebrecht a cambio de incentivos económicos.
Las razones alegadas por el tribunal también fueron relacionadas también a la pandemia del coronavirus que afecta a nuestro país.
“Las condiciones de hacinamiento actuales del establecimiento penitenciario donde se encuentra recluido el recurrente, hacen imposible el aislamiento preventivo (única medida efectiva e prevención ante la veloz propagación del coronavirus), aislamiento reiteramos que se convierte en inviable dada la coyuntura penitenciaria por la que atraviesa el sistema carcelario nacional”, indica el tribunal superior.
Luis Pardo Narváez
El tercer árbitro investigado dentro del caso Lava Jato que obtuvo un fallo favorable para su excarcelación durante la cuarentena a causa del Covid-19, fue Luis Felipe Pardo Narváez.
La juez María de los Ángeles Álvarez Camacho del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, declaró fundada su solicitud de sustitución del mandato de prisión preventiva por la medida de detención domiciliaria en el marco de la investigación que se le sigue por la presunta realización de los delitos de cohecho pasivo específico, asociación ilícita para delinquir y lavado de activos, en agravio del Estado.
Sin embargo, este miércoles 13 de mayo, la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios revisará la apelación que interpuso el Ministerio Público contra dicha decisión.
-Cuellos blancos y corrupción-
Julio Gutiérrez Pebe
El pasado 25 de abril, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema dispuso la excarcelación del abogado Julio Gutiérrez Pebe, quien integró el desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y quien viene siendo investigado como parte de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.
Gutiérrez Pebe es investigado por el presunto delito de cohecho pasivo específico en agravio del Estado. Cumplió prisión preventiva desde el 11 de noviembre dl 2018 hasta el 25 de abril del 2020 que venció la medida.
De esta manera, el tribunal supremo rechazó el pedido del Ministerio Público que había solicitado prolongar la prisión preventiva contra el exconsejero por el plazo de 12 meses más.
“En la actualidad el país se encuentra en estado de emergencia por a pandemia del coronavirus, desde el 16 de marzo del presente año, ampliada hasta el 11 de mayo. En el contexto de esta problemática se debe tener en cuenta el estado de salud del imputado (…) por lo que se tiene factores de riesgo alto, que conjuntamente con el hacinamiento carcelario potencian la capacidad ofensiva del virus”, señaló la sala suprema.
Jacinto Salinas Bedon
A fines del mes de abril, el Poder Judicial dispuso la excarcelación del abogado Jacinto Salinas Bedón, investigado como uno de los presuntos operadores de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.
La jueza María Álvarez ordenó su arresto domiciliario priorizando el “derecho a la salud y a la vida” de Salinas, ante la pandemia del coronavirus. Ello, debido a que presenta factores de riesgo para su salud (diabetes, hipertensión arterial y sintomatología respiratoria).
Salinas Bedón es investigado por haber solicitado la intervención del expresidente de la Corte superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, en los procesos judiciales que seguía en dicha judicatura. También solicitó la intervención del exfiscal superior penal del Callao Carlos Sáenz Loayza en una demanda contra la Municipalidad del Callao.
La Fiscalía ha interpuesto un recurso de apelación, el mismo que será revisado el próximo martes 12 de mayo por la Sala de Apelaciones.
Edwin Oviedo
El último jueves, la Primera Sala de Apelaciones de Lambayeque dispuso excarcelar al expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, quien cumple prisión preventiva al ser investigado por el caso “Los Wachiturros de Tumán”.
El tribunal dispuso de oficio y por razones humanitarias, debido a la pandemia del coronavirus; sustituir la medida por el de detención domiciliaria; previo pago de una caución ascendente a S/100 mil.
Cabe precisar que Oviedo se negó a pasar por la prueba médica a fin de descartar el contagio del Covid-19.
Según argumentó la Sala, el peligro de fuga en este caso “se ha debilitado de cierta forma” por las circunstancias actuales, pero que ello no lo desvincula de los delitos imputados en su contra, como organización criminal, homicidio, entre otros.
“Es evidente que el grave hacinamiento de establecimientos penales como el de Chiclayo, ex Pisci; donde se han presentado casos de contagio de coronavirus con resultado de muerte para varios internos; de un lado no garantiza el aislamiento social obligatorio recomendado para evitar la propagación del virus frente a la condición de co-morbilidad que padece el interno Oviedo y que lo hace posible de contraer la enfermedad con consecuencias para su vida (…)”, sostuvo por unanimidad la sala.
Alberto Rossel Alvarado
El cuatro de mayo último, el juez supremo de investigación preparatoria Hugo Núñez julaca, dispuso sustituir la prisión preventiva por la de arresto domiciliario contra el exfiscal superior, Alberto Rossel Alvarado.
El investigado, según la fiscalía, habría usado su cargo de funcionario público del Ministerio Público para obtener información reservada sobre la investigación que seguía el Equipo Lava Jato contra el ex primer ministro César Villanueva, debido a presuntas irregularidades cometidas en su condición de presidente regional de la región San Martín en la ejecución de la obra “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera San José de Sisa”.
Por ello, viene siendo investigado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal.
Cabe indicar que la decisión judicial que ordenó su excarcelación sostiene que los presupuestos o hechos delictivos imputados en su contra se mantienen “incólumes”. Sin embargo, las circunstancias actuales de la pandemia de Covid-19 lo sitúan dentro de la población de riesgo de contagio.
“La permanencia en el establecimiento penitenciario significa un riesgo alto a la salud del procesado; y si bien la edad que registra de 2 años 5 meses y 22 días; no llega a satisfacer los requisitos del código procesal penal, sí supera la edad señalada en los factores d riesgo del covid-19 (60 años)”, se argumenta en la resolución.
Los casos desestimados
Durante la cuarentena nacional, el Poder Judicial también ha decidido rechazar el pedido de excarcelación solicitada por otros procesados.
Por ejemplo, en primera y segunda instancia se desestimó el pedido del al empresario Javier Lei Siucho, gerente general de CyM, investigado por el Caso Club de la Construcción del Equipo Lava Jato.
Según el Ministerio Público, colaboradores eficaces sindican al empresario como miembro de la presunta organización criminal.
Ambas instancias judiciales rechazaron los alegatos respecto a la variación de su condición jurídica por encontrarse el país en Emergencia Nacional por el Covid-19, debido a que el investigado se encuentra “sujeto a una orden judicial de ubicación y captura”. Por tanto, decidieron no pronunciarse sobre la condición sanitaria del investigado frente al coronavirus.
Otro caso es el del árbitro Luis Fernando Pebe Romero, investigado en el Caso Lava Jato por presuntamente haber recibido pagos ilícitos a cambio de laudar a favor de la empresa Odebrecht. El magistrado Juan Carlos Sánchez Balbuena rechazó sus argumentos, entre ellos un posible contagio del coronavirus, para cesar la prisión preventiva .
“Considerando que en el procesado no existe dato objetivo que permita evidenciar un riesgo alto a su salud y vida, incluso frente a la situación actual de pandemia por el brote del COVID-19, la ponderación determinada en su oportunidad (libertad individual frente al interés colectivo de averiguar la verdad) se mantiene vigente; tanto más, si se garantizará el acceso a los servicios de salud del procesado a través de una recomendación al INPE con dicho propósito”, se indica en su resolución de primera instancia.
El Poder Judicial, en primera instancia, también decidió desestimar el pedido de excarcelación de Nicolás Noziglia Chavarri, investigado por delitos de corrupción en el caso ON. Sin embargo, la Sala Penal Anticorrupción declaró nula la resolución que declaró infundado el cese de prisión preventiva solicitado por Noziglia Chavarri y dispuso convocar a nueva audiencia en la investigación que se le sigue por presunto delito de lavado de activos y otros.
Recientemente también se rechazó la cesación de la prisión preventiva solicitada por el investigado Tarsicio Hilario Mendoza Shirorinti, a quien se le atribuye la presunta comisión del delito de asociación ilícita para delinquir, en calidad de autor, al haber formado parte de la organización criminal al interior de la Municipalidad Distrital de Río Tambo, Región Junín.
En su caso, el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena dispuso que las autoridades penitenciarias brinden “las facilidades para su atención médica, las veces que lo requiera, así como acceder a la medicación que necesite, realizando acciones, de ser el caso, para evitar el contagio con el COVID-19 al interior del establecimiento penitenciario”.
El pedido del pedido de ex gerente de Administración del Gobierno Regional del Callao Víctor Suelpres, investigado por el Caso Odebrecht, también fue desestimado en primera instancia pese a sostener en alto riesgo de contagio ante el coronavirus.
“Ahora bien, analizando la solicitud formulada por la defensa del procesado Suelpres Jeres no encontramos otro factor que sume al razonamiento a favor de la sustitución de la medida en el entendido que el riesgo a su salud y vida se haya elevado frente al COVID-19 y a su situación carcelaria, tanto más si es responsabilidad del Inpe la salvaguarda a su derecho a la vida y salud”, se indica en la resolución judicial.
Este lunes 11 de mayo, la Sala de Apelaciones revisará el recurso de apelación que interpuso la defensa de Suelpres.
Figari y otros casos pendientes
El procesado Dirsse Valverde, quien fue hombre de confianza del exgobernador regional de Áncash César Álvarez, también solicitó su excarcelación ante el riesgo de contagio de covid-19. El juzgado aún no emite un pronunciamiento público. El exfuncionario es investigado por presunto lavado de activos, vinculado a supuestos pagos ilícitos de Odebrecht a cambio de la carretera Chacas San Luis.
Finalmente, el Poder Judicial también está pendiente de resolver los casos de Pier Figari, exasesor de Keiko Fujimori; y del expresidente de la Región Callao, Alex Kouri Boumachar, quienes han alegado riesgo de contraer coronavirus en la prisión preventiva que cumplen. Además, de un recurso de habeas corpus presentado por el etnocacerista, Antauro Humala, quien habría dado positivo al Covid-19.
En el caso de Figari, la fiscalía solicitó al Poder Judicial ampliar por doce meses la prisión preventiva en el marco de la investigación que le sigue por los presuntos aportes ilícitos de Odebrecht a Fuerza 2011.
Mientras que Kouri Boumachar, ha interpuesto un recurso de habeas corpus en el que solicitar cumplir bajo arresto domiciliario, el tiempo que le falta de la condena que se le impuso, tras dar positivo a la prueba del coronavirus.
El diagnóstico fue informado a la Sala de Emergencia de la Corte superior de Lima, que tiene pendiente de resolver el recurso constitucional. Kouri fue condenado a cinco años de cárcel por irregularidades en el caso Convial y la construcción de la vía Expresa del Callao.
“Mi cliente está enfermo y hasta la fecha no tiene ningún tratamiento diferenciado ni aislamento social para evitar que más internos se vean afectados” expresó el abogado Ricardo Sánchez Carranza.
