Cuando las crisis dejan de tener fronteras

Durante décadas pensamos las crisis como acontecimientos que ocurrían dentro de fronteras determinadas y que, posteriormente, producían consecuencias internacionales. Una guerra comenzaba en un territorio, una elección alteraba la vida política de un país, una crisis económica golpeaba primero a una sociedad antes de extender sus efectos hacia otras.

Hoy comienza a suceder algo diferente.

Muchas crisis nacen simultáneamente dentro y fuera de las fronteras. Lo nacional y lo internacional se entrelazan con tal rapidez que resulta cada vez más difícil determinar dónde termina una crisis interna y dónde comienza su dimensión global.

Quizá por eso, al recorrer las noticias de un mismo día, acontecimientos aparentemente inconexos empiezan a producir una sensación común.

Un episodio de seguridad puede transformarse en cuestión de horas en un problema diplomático, una elección nacional puede alterar equilibrios regionales, un conflicto militar modifica mercados energéticos y cadenas comerciales a miles de kilómetros de distancia y una decisión económica adoptada en una capital puede afectar el empleo, los precios o las inversiones en sociedades que no participaron en ella.

Brasil se prepara para una elección presidencial de enorme trascendencia, no solamente porque se trata del país más grande de América Latina, sino porque vuelven a confrontarse distintas concepciones acerca del Estado, la sociedad y la inserción internacional.

Estados Unidos, por su parte, entra en la fase decisiva de unas elecciones legislativas que determinarán la composición del Congreso durante los dos últimos años del actual mandato presidencial. Pero detrás de las estrategias partidistas continúan apareciendo preocupaciones mucho más próximas al ciudadano: el costo de vida, la seguridad económica de las familias, la guerra, la energía y la incertidumbre frente al futuro.

Europa parece, al menos por momentos, ocupar menos titulares, pero sus tensiones no han desaparecido. Ucrania continúa condicionando las relaciones con Rusia, las decisiones de seguridad y defensa y buena parte del debate estratégico europeo.

Ninguno de esos acontecimientos posee necesariamente una causa común. Sería un error intentar encerrarlos dentro de una sola explicación, pero tampoco parece suficiente analizarlos como si pertenecieran a universos completamente separados.

Las fronteras que durante décadas utilizamos para ordenar el mundo están dejando de servir para ordenar sus crisis.

Un conflicto altera mercados energéticos en continentes enteros, una elección modifica alianzas regionales y una sanción económica puede afectar directamente la vida política interna de otro país. Una plataforma tecnológica, una decisión financiera, un arancel o una restricción comercial adoptados fuera de un territorio pueden repercutir inmediatamente dentro de él.

Ya no estamos solamente frente a síntomas de una crisis del sistema internacional. Estamos frente a manifestaciones de un mundo en el que lo nacional y lo internacional están dejando de ser categorías suficientemente separadas.

Pero existe una pregunta todavía más inquietante:

¿Dónde quedan las sociedades en medio de todo esto?

Mientras las crisis atraviesan fronteras, los centros de poder también parecen hacerlo. Gobiernos, corporaciones, operadores políticos, plataformas tecnológicas, redes financieras y grupos económicos poseen capacidades crecientes para actuar simultáneamente en varios espacios. Compiten, negocian, forman alianzas y trasladan capitales, información e influencia de un lugar a otro.

Los ciudadanos, en cambio, continúan viviendo en sociedades concretas. Trabajan, forman familias, pagan impuestos, educan a sus hijos, dependen de servicios públicos, necesitan seguridad y esperan encontrar oportunidades.

Es allí donde aparece una de las contradicciones más profundas de nuestro tiempo: el poder se ha vuelto transnacional mucho más rápidamente que la capacidad de las sociedades para controlarlo.

Los beneficios pueden concentrarse, desplazarse y atravesar fronteras. Los costos terminan instalándose en la vida cotidiana: inflación, desempleo, inseguridad, deterioro de los servicios públicos, pérdida de oportunidades, migraciones y una creciente sensación de impotencia frente a decisiones que parecen tomarse cada vez más lejos del ciudadano.

Puede cambiar el lugar desde donde se decide, el actor que acumula influencia o incluso la naturaleza del poder, pero las consecuencias siempre aterrizan en algún lugar.

Y ese lugar es la sociedad.

Existe, sin embargo, otra transformación quizá todavía más preocupante. Mientras los centros de poder adquieren mayor capacidad para actuar más allá de las fronteras, comienzan a debilitarse algunos de los mecanismos construidos precisamente para impedir que ese poder termine resolviendo sus diferencias mediante la imposición, la confrontación o la guerra.

Durante décadas, buena parte del sistema internacional intentó avanzar, con enormes imperfecciones, en la dirección contraria. Se construyeron alianzas, organismos multilaterales, instituciones jurídicas, sistemas de cooperación, acuerdos económicos y espacios de concertación destinados a introducir reglas allí donde durante siglos había predominado la fuerza.

No eliminaron las guerras ni todas las injusticias, tampoco impidieron que las grandes potencias continuaran ejerciendo una influencia desproporcionada.

Pero introdujeron límites.

Crearon espacios donde negociar antes de combatir, procedimientos antes de imponer y compromisos antes de actuar unilateralmente. Hoy algunos de esos espacios parecen perder fortaleza precisamente cuando más necesarios resultan.

Una noticia reciente permite observar esa contradicción.

El Pentágono prepara en Polonia una nueva reunión del llamado Bergen Group, un formato reducido de consultas sobre el futuro de la OTAN en el que han participado Estados Unidos, Polonia, Alemania, Noruega, Suecia, Finlandia y Países Bajos. Para la próxima reunión quedaron fuera, entre otros, Reino Unido, Francia y los países bálticos. Fuentes de países participantes sostienen que el propósito es desarrollar propuestas que posteriormente puedan ser consideradas por el conjunto de la alianza; diplomáticos de países excluidos han expresado dudas sobre los criterios utilizados.

El episodio, por sí solo, no demuestra una fractura de la OTAN. Pero sí invita a preguntarse qué sucede cuando dentro de instituciones concebidas para producir decisiones colectivas comienzan a multiplicarse espacios cada vez más reducidos en los que algunos participan desde el principio y otros conocen posteriormente las propuestas.

El problema no reside solamente en quién participa en una reunión determinada, sino en lo que ocurriría si esa lógica comenzara a convertirse en una forma habitual de organizar el poder.

Si las alianzas dejan progresivamente de funcionar como espacios de concertación, los organismos multilaterales pierden capacidad para contener conflictos, el derecho internacional se aplica de manera desigual y las grandes potencias recuperan la lógica de las zonas de influencia, estaremos debilitando precisamente las estructuras creadas para evitar que las diferencias terminen resolviéndose mediante relaciones de fuerza.

Y ese fenómeno internacional coincide con otro que se desarrolla dentro de los propios Estados: la democracia también atraviesa un periodo de retroceso.

El informe 2026 de V-Dem contabiliza 87 democracias y 92 autocracias al cierre de 2025 y estima que alrededor del 74 % de la población mundial vive bajo regímenes que clasifica como autocráticos.

Freedom House, utilizando una metodología diferente, registra veinte años consecutivos de deterioro de la libertad global. Durante 2025, 54 países retrocedieron en derechos políticos y libertades civiles, mientras 35 mejoraron.

Las metodologías son diferentes y las cifras no deberían utilizarse como si fueran equivalentes, pero la tendencia general resulta difícil de ignorar.

Los mecanismos políticos destinados a limitar el poder dentro de los Estados se debilitan al mismo tiempo que los mecanismos internacionales destinados a contenerlo fuera de ellos pierden eficacia.

Quizá allí exista una de las conexiones más importantes de nuestro tiempo.

Dentro de algunos países se concentran decisiones, fuera de ellos se reducen los espacios donde esas decisiones deberían negociarse colectivamente y, en ambos casos, la sociedad corre el riesgo de ocupar el mismo lugar: recibir las consecuencias sin haber participado realmente en las decisiones.

La democracia fue concebida, entre otras cosas, para impedir que quien gobierna transforme un mandato temporal en propiedad permanente del Estado. Las instituciones internacionales surgieron, al menos en parte, para evitar que quien posee mayor poder militar, económico o político pueda convertir automáticamente esa superioridad en derecho a decidir por los demás.

Cuando ambos sistemas de límites comienzan a deteriorarse simultáneamente, el problema deja de ser exclusivamente institucional. Se convierte también en un problema de paz.

Porque las guerras no comienzan solamente cuando se dispara el primer misil.

Comienzan mucho antes, cuando desaparecen espacios de negociación, cuando los adversarios dejan de reconocerse como interlocutores, cuando los acuerdos pierden credibilidad, cuando las reglas se aplican solamente a algunos y cuando la fuerza vuelve a considerarse una forma normal de resolver diferencias.

Y algo semejante ocurre con las democracias.

No comienzan a deteriorarse únicamente cuando desaparecen las elecciones. También lo hacen cuando el ciudadano deja de percibir que las instituciones poseen capacidad para mejorar su vida, contener el poder y ofrecerle alguna posibilidad de influir sobre su propio futuro.

No debería sorprendernos entonces que deterioro democrático, frustración social y conflictividad internacional aparezcan cada vez con mayor frecuencia dentro de una misma fotografía. No porque exista una explicación única detrás de esos fenómenos, sino porque el debilitamiento de instituciones y contrapesos produce consecuencias semejantes dentro y fuera de las fronteras: el poder encuentra menos límites, la negociación pierde terreno y las sociedades adquieren menor capacidad para influir sobre decisiones que terminan afectándolas directamente.

Pero reconocer ese deterioro no significa aceptarlo como inevitable.

Si buena parte del problema comienza cuando las sociedades pierden capacidad para controlar el poder, una parte de la respuesta necesariamente debe comenzar dentro de ellas.

Antes de preguntarnos qué lugar puede ocupar un país frente a Estados Unidos, China, Europa o cualquier otro centro de poder, habría que preguntarnos qué clase de Estado ha construido, qué instituciones posee, qué oportunidades ofrece a sus ciudadanos y hasta qué punto su sociedad continúa creyendo que la democracia puede mejorar su vida.

Allí se encuentran lo interno y lo internacional.

Un país institucionalmente frágil tendrá dificultades para ejercer autonomía en el exterior, por más enfático que sea su discurso soberano. Una sociedad profundamente fragmentada tendrá menos capacidad para sostener políticas de largo plazo y un Estado que no logra producir educación, seguridad, oportunidades y bienestar difícilmente podrá presentarse ante el mundo con una fortaleza que no posee dentro de sus propias fronteras.

Por eso algunas elecciones nacionales trascienden mucho más que la disputa entre candidatos.

Brasil adquiere, en este contexto, una importancia particular. Su elección presidencial vuelve a colocar frente al electorado distintas concepciones sobre el papel del Estado, la relación entre gobierno y sociedad y la forma en que una de las principales naciones de América Latina pretende insertarse en un mundo cada vez más fragmentado.

Existe allí una dimensión especialmente relevante para toda la región: la manera de entender el relacionamiento internacional.

Durante su reciente intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas, Lula volvió a colocar la soberanía y la autonomía brasileñas dentro de su discurso internacional, mientras mantiene una política exterior orientada a preservar relaciones con distintos centros de poder.

Más allá de cualquier simpatía partidista, detrás de ese planteamiento existe una discusión que América Latina necesita recuperar.

Una nación debería poder relacionarse con Estados Unidos, China, Europa, India o cualquier otro centro de poder sin transformar automáticamente esa relación en subordinación. Puede comerciar, recibir inversiones, compartir tecnología y construir alianzas, pero ninguna de esas relaciones debería sustituir su capacidad de decidir.

América Latina no necesita escoger permanentemente entre Washington y Beijing, como si su futuro dependiera obligatoriamente de encontrar un nuevo centro de tutela. Sustituir una dependencia por otra tampoco produce autonomía.

La aspiración debería ser distinta: relaciones con todos, subordinación a ninguno.

Pero esa frase solamente tiene sentido si existe algo detrás capaz de sostenerla, porque la autonomía internacional no se proclama: se construye.

Un gobierno puede hablar de soberanía, independencia y dignidad nacional y, al mismo tiempo, conducir un Estado institucionalmente débil, económicamente dependiente, tecnológicamente vulnerable o incapaz de sostener políticas fundamentales más allá de cada cambio de administración.

La verdadera capacidad para relacionarse con todos sin subordinarse a ninguno comienza en la calidad de las instituciones, el sistema educativo, la capacidad para producir, innovar, regular y planificar, la seguridad jurídica, la infraestructura, la cohesión social y, sobre todo, en acuerdos nacionales suficientemente sólidos para que determinados objetivos sobrevivan a quien temporalmente ocupa el gobierno.

Sin esa base, la soberanía corre el riesgo de convertirse en una declaración convincente hacia afuera y una realidad profundamente frágil hacia adentro.

Lo verdaderamente importante para América Latina no consiste, por tanto, en reproducir el modelo político de otro país ni en trasladar automáticamente a toda la región las decisiones que puedan adoptarse en Brasil. Las preguntas son más profundas:

¿Puede la región reconstruir Estados suficientemente sólidos para garantizar continuidad institucional, desarrollo y bienestar sin convertir esa fortaleza en concentración permanente del poder?

¿Puede relacionarse con los grandes actores internacionales sin quedar subordinada a ninguno?

¿Puede preservar la democracia mientras construye capacidad estatal?

Esas preguntas importan porque gobernar no puede consistir únicamente en conquistar el poder ni en impedir que otro lo conquiste. Tampoco debería reducirse a administrar alianzas, proteger grupos o garantizar beneficios a quienes poseen capacidad suficiente para acercarse a los centros de decisión. Gobernar supone producir resultados para una sociedad.

Mientras la política se internacionaliza, la tecnología reduce distancias y los centros de poder adquieren capacidades transnacionales, millones de ciudadanos continúan preguntándose cosas extraordinariamente sencillas: si podrán pagar los alimentos, si sus hijos recibirán buena educación, si encontrarán empleo, si estarán seguros, si podrán recibir atención médica y si el futuro será algo más que una prolongación de las dificultades del presente.

Cuando esas preguntas dejan de encontrar respuesta, la democracia comienza a perder significado.

Se pueden conservar las elecciones, los partidos políticos y las instituciones formales. Pero si el ciudadano percibe que las grandes decisiones circulan entre gobiernos, grupos económicos, operadores políticos y centros de poder mientras él solamente recibe las consecuencias, comienza a producirse una fractura mucho más profunda.

La sociedad deja de sentirse protagonista y empieza a convertirse en espectadora.

Ese fenómeno no pertenece únicamente a América Latina. Las grandes potencias pueden discutir seguridad, zonas de influencia, rutas comerciales, tecnología, sanciones, recursos naturales y equilibrios militares, pero detrás de cada una de esas decisiones existen sociedades que absorben sus consecuencias.

Tal vez por eso debamos comenzar a medir la fortaleza de los Estados no solamente por sus ejércitos, sus economías, sus recursos naturales o su capacidad para influir sobre otros, sino también por su capacidad para proteger a sus sociedades de las consecuencias más destructivas de un mundo cada vez más interdependiente.

Porque un Estado fuerte no es solamente aquel capaz de hacerse escuchar fuera de sus fronteras. También es aquel capaz de garantizar dentro de ellas educación, instituciones, oportunidades, seguridad, desarrollo y continuidad. La fortaleza se construye desde adentro y esa idea adquiere todavía mayor importancia cuando las crisis dejan de tener fronteras.

No estamos viendo simplemente una acumulación de acontecimientos dispersos ni una única explicación capaz de reunirlos a todos. Estamos observando un sistema internacional en transformación, centros de poder que atraviesan fronteras con facilidad, instituciones creadas para contenerlos que pierden capacidad y sociedades que continúan soportando localmente las consecuencias de decisiones cada vez más globales.

Pero quizá exista algo todavía más grave.

Mientras acumulamos instrumentos tecnológicos, económicos y militares de una capacidad, nunca antes conocida, estamos debilitando algunos de los instrumentos políticos que durante décadas intentaron impedir que esa capacidad terminara utilizándose sin límites.

Prevenir las guerras requiere diálogo, construir bienestar requiere instituciones y preservar la democracia requiere límites al poder. Ninguna de esas tres cosas puede sobrevivir indefinidamente si las decisiones terminan concentrándose en grupos cada vez más pequeños que responden cada vez menos ante las sociedades.

El poder puede haberse globalizado, pero el sufrimiento continúa siendo profundamente local. Por eso la pregunta fundamental de nuestro tiempo ya no debería ser solamente quién controla el poder, también deberíamos preguntarnos quién lo limita, quién responde por sus consecuencias y qué instituciones quedarán en pie cuando llegue el momento de impedir que una crisis se convierta en una guerra.

Porque cuando las crisis dejan de tener fronteras, defender la soberanía no consiste únicamente en impedir que otros decidan por nosotros. Consiste también en defender los mecanismos que hacen posible convivir sin que la fuerza sustituya permanentemente a la política y en construir sociedades suficientemente fuertes para no terminar convertidas en simples espectadoras de decisiones tomadas en otra parte.

La paz, la democracia y el bienestar nunca estuvieron garantizados.

Fueron construcciones políticas.

Y quizá esa sea la advertencia fundamental de nuestro tiempo: mientras discutimos quién posee más poder, estamos prestando mucha menos atención a las instituciones que deberían impedir que alguien pueda ejercerlo sin límites.

Si permitimos que esas instituciones continúen debilitándose, podríamos descubrir demasiado tarde que fue mucho más sencillo desmontarlas que reconstruirlas.