Cuba: Un asunto de leyes

Policías nicaragüenses resguardan la frontera con Costa Rica para impedir el paso de los inmigrantes cubanos que se dirigen a Estados Unidos (Foto Álvaro Sánchez/EFE)

La crisis en que ha desembocado por estos días el atasco de más de 2.000 cubanos en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua vuelve a colocar en la palestra pública el tema del incesante flujo de emigrantes desde Cuba hasta EE UU, creando colateralmente una delicada situación diplomática entre las dos naciones centroamericanas.

Tardíamente, como suele reaccionar el Gobierno de la Isla ante situaciones que le atañen y preferiría evadir, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha publicado una declaración donde atribuye toda la causa del éxodo de los nacionales a la Ley de Ajuste Cubano y a la política de «pies secos/pies mojados« que aplican las autoridades de EE UU a los que huyen de la Isla.

En síntesis, en la versión oficial cubana la responsabilidad de la creciente marea migratoria desde Cuba hacia ese país pertenece por entero a la Administración estadounidense, que está poniendo en riesgo el proceso de acercamiento y diálogo entre ambos Gobiernos, iniciado en diciembre de 2014.

Con el rampante desprecio que le inspira este pueblo, el poder vuelve a dejar de lado el drama humano que supone la emigración

Con el rampante desprecio que le inspira este pueblo, el poder vuelve a dejar de lado el drama humano que supone la emigración: he aquí que una potencia extranjera esgrime una ley que provoca en los cubanos el impulso irrefrenable de lanzarse a la aventura de una travesía incierta y peligrosa. Esta cuestión atribuye a los centenares de miles de cubanos que emigran a EE UU, o aspiran a hacerlo, una lamentable incapacidad para razonar por sí mismos, y que –paradójicamente– pone en entredicho la muy cacareada soberanía nacional, toda vez que asume una ley establecida por un poder extranjero como condición necesaria y suficiente para provocar lo que se está convirtiendo en un vaciado gradual y constante de la Isla.

Por su parte, los ventrílocuos de la prensa oficial han recibido la orden de hacer el coro a sus patrones, por lo que han comenzado a aparecer los muy sagaces comentarios de sus analistas, tanto en los espacios informativos de televisión como en la prensa plana. Para el periodismo de los Castro todos los recursos son válidos, desde el más grosero cinismo que escarnece a los cubanos y hace burla de la desdicha nacional que implica esta fuga infinita («El que tiene 15.000 dólares para pagar un traficante no huye de la pobreza«, comentario del alabardero Oliver Zamora frente a las cámaras del Noticiero Nacional de Televisión, emisión estelar del pasado viernes), hasta el más reduccionista, extemporáneo y manipulador artículo de «opinión» ( «Ley de Ajuste Cubano. De la escapada a la estocada», Ricardo Ronquillo, Juventud Rebelde del pasado domingo).

Ambos servidores se apegan al guion del amo, que señala la Ley de Ajuste –promulgada y puesta en vigor desde 1966– como causa y continuidad del problema, y en ese aspecto se sustenta toda la defensa del Gobierno, lo que motiva aceptar el reto de debatir desde el ángulo legalista.

Está en manos de las autoridades cubanas resolver el asunto también desde la perspectiva legal, esto es, renovando las leyes dentro de nuestro país

Así, pues, aceptando que dicha ley incide en alguna medida en el éxodo cubano, y dejando piadosamente de lado el detalle de que uno de los mayores beneficiados de ésta es precisamente el Gobierno de la Isla –que cada año ve engrosar sus arcas con el diezmo inmisericorde que aplica a las remesas que los emigrados envían a sus familiares en Cuba–, resulta incuestionable que está en manos de las autoridades cubanas resolver el asunto también desde la perspectiva legal, esto es, renovando las leyes dentro de nuestro país.

Los poderes omnímodos del régimen cubano lo colocan en una posición privilegiada a la hora de legislar, puesto que el General-Presidente no precisa consultar a nadie ni contar con la aprobación de ningún poder paralelo para dictar leyes a su arbitrio. Si Castro II quiere derrotar el formidable poder que atribuye a la Ley de Ajuste y si quiere salvar la humillación inconfesable de que esa ley extranjera tenga mayor capacidad de convocatoria para los cubanos que el discurso revolucionario de más de medio siglo, debería hacer profundas transformaciones legales a favor de los gobernados, de manera que estos se beneficien con las leyes propias y no con las ajenas.

Por ejemplo, podría revisarse la Ley de Inversión Extranjera y reconocerse a los nacionales el derecho a invertir capital en su propio país. Ya que, como afirma Oliver Zamora, los cubanos no huyen de la pobreza puesto que cuentan con capital para pagar traficantes, es lógico ofrecerles la posibilidad de invertir ese dinero de una mejor manera, en su propio país. De paso, se podrían flexibilizar las leyes para establecer impuestos blandos a los inversores nacionales, ofrecerles créditos con bajos intereses y largos plazos y promulgar disposiciones arancelarias favorables a las importaciones para mejor desempeño de sus negocios.

Estoy convencida de que el nuevo escenario que se desarrollaría en Cuba a partir de esta renovación desestimularía en buena medida la desordenada estampida de emigrantes ilegales hacia EE UU

Podría también revisarse el nuevo Código Laboral y reconocer a los trabajadores cubanos el derecho a huelga, a la libre sindicalización y a la libre contratación; dictar una nueva reforma agraria que ponga la propiedad de las tierras en manos de los productores que la trabajan; declarar ilimitado el tiempo que los cubanos pueden permanecer en el extranjero sin perder el derecho a regresar a su país natal cuando así lo decidan; derogar las disposiciones que establecen la pérdida de la nacionalidad y reconocer el pleno derecho de todos los cubanos, residentes o no en Cuba, a entrar y salir del territorio nacional y a participar en las elecciones del país.

Otras cuestiones de corte legal que dependen por completo de la voluntad del Gobierno cubano y no del estadounidense son las relativas a la consagración de esos derechos inmanentes a las sociedades democráticas, como son la libertad de expresión, de opinión y de prensa, y el pluripartidismo, por solo mencionar las más elementales.

Estoy convencida de que el nuevo escenario que se desarrollaría en Cuba a partir de esta renovación desestimularía en buena medida la desordenada estampida de emigrantes ilegales hacia EE UU. La justeza de las leyes cubanas acabaría derrotando el maligno poder de la Ley de Ajuste y dándoles la razón a las autoridades de la Isla: finalmente quedaría demostrado que, en efecto, el problema migratorio cubano es solo cuestión de leyes.