Descoordinación, falta de mando… la riada deja a España en evidencia

Efectos del temporal en la Comunidad Valenciana. | Europa Press

Han pasado cuatro días ya desde que el martes 29 de octubre el cielo descargase sobre el Levante español una ingente cantidad de lluvia que, como se ha visto, arrasó con todo lo que encontró a su paso. Y cuatro días después miles de personas siguen sin luz, sin agua potable y sin apenas poder salir de sus casas, aquellos que aún las conservan.

Lidiar con una catástrofe natural de estas características nunca es fácil, pero el paso de las horas está dejando cada vez más en evidencia la incapacidad de los políticos españoles, y de todas las administraciones del sistema, para dar una respuesta firme y coordinada que esté a la altura de una nación con tantos años de historia.

En estos momentos seguimos sin tener claro quién está al frente, y eso es lo peor que le puede pasar a un país: hemos parcelado tanto las responsabilidades que ya no sabemos quién es el que manda. En teoría, son las comunidades autónomas las que deben asumir el liderazgo en estas situaciones… pero a la vista está que esto no es una situación normal. De hecho, desde el minuto en que se vio que las dos provincias más afectadas eran de regiones diferentes (Albacete y Valencia), el Gobierno debería haber asumido la gestión de la tragedia para garantizar un mínimo de coordinación.

Sin embargo, Moncloa ha preferido escurrir el bulto y jugar tácticamente a que el Ejecutivo regional de Carlos Mazón se cociera en su salsa. Una parte de la izquierda vio desde el principio en la famosa DANA una oportunidad de oro para recuperar electoralmente la Comunidad Valenciana… por eso han estado estos días más preocupados por buscar culpables que por encontrar soluciones para paliar las terribles consecuencias del temporal.

Seguro que cuando todo esto pase se podrán extraer aprendizajes para intentar mejorar las alertas ante una gota fría, pero lo que es a todas luces intolerable es que un país como España no sepa enfrentarse con seriedad a una desgracia natural. Las autoridades regionales se han visto desbordadas, incapaces de coordinar una respuesta y, frente a eso, el Gobierno se ha mostrado mezquino. No desplegar a todo el Ejército desde el primer día o rechazar la ayuda ofrecida por potencias extranjeras es de una irresponsabilidad mayúscula.

La DANA ha dejado en evidencia las carencias del sistema: una clase política incompetente, una administración excesivamente burocrática, una legislación poco clara ante siniestros como este… Solo se salva, una vez más, la sociedad civil, que ha acudido al rescate de los valencianos para echar una mano allí donde los responsables no han sabido o no han querido enviar a militares, policías y demás servidores públicos. Por cierto: criticar y prohibir el trabajo de los voluntarios es la penúltima cacicada de una oligarquía de inútiles que, como ya se pudo ver durante la pandemia, están más preocupados en reprimir a la sociedad que en arrimar el hombro cuando se necesita.

Decir que España es hoy un estado fallido es una exageración, pero cada día estamos más cerca de serlo. Que miles de personas sigan abandonadas a su suerte después de cuatro jornadas es una buena prueba de ello. Y que el Gobierno esté más interesado en arrasar Televisión Española que en prestar ayuda a los damnificados, también.

O los españoles despiertan pronto y reaccionan, o esto se va al garete. Y la realidad, lamentablemente, no invita a ser optimistas. Que el Tribunal Supremo haya ordenado a la Guardia Civil registrar el despacho del fiscal general y que no haya pasado nada da la medida del nivel de degradación moral en que nos encontramos.