Después de María: Puerto Rico, la paradoja de la reconstrucción
Una dañada bandera puertorriqueña, sobre la que han pintado en aerosol la frase «juntos como si fuéramos uno», cuelga sobre la fachada de un negocio en San Juan, Puerto Rico, el 27 de septiembre de 2017. Credit Ramon Espinosa/Associated Press
CAMBRIDGE, Massachusetts — Desolado por la destrucción y sumido en la espera de ayuda para atender una crisis humanitaria inédita en su historia, Puerto Rico enfrenta un panorama incierto tras el paso del huracán María. El cuadro general de los daños es todavía preliminar debido al derrumbe de las telecomunicaciones, pero las pérdidas aseguradas se estiman en más de 70.000 millones de dólares, cifra solamente comparable con el daño que dejó en 2005 el huracán Katrina. La isla recibió en apenas 24 horas el total de lluvia que recibió Houston por el huracán Harvey en tres días. Sin embargo, a doce días del evento atmosférico, la mitad de la isla sigue sin servicio de agua y las imágenes de las inundaciones en los litorales costeros desnudan una historia compleja de desposesión y explotación colonial que requiere una solución inmediata. Entender esta historia en todas sus dimensiones es imperativo.
La situación puertorriqueña no se puede comprender plenamente sin tomar en cuenta el estado precario de la administración pública antes de recibir el azote de este huracán apocalíptico. La Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (ley Promesa, por su sigla en inglés) de 2016 suspendió el orden democrático y puso las finanzas en manos de la Junta de Control Fiscal, con siete miembros designados por el congreso para controlar el erario de la isla, bajo cuya tutela se inició un proceso de bancarrota que apenas comenzaba. ¿Cómo se reconstruirá Puerto Rico y para quién será esta reconstrucción si el gobierno ha sido privado de manejar su propia chequera, no tiene acceso al crédito internacional y depende de lo que el Congreso de Estados Unidos apruebe en asistencia?
Eso no es todo: ¿cómo se subsanará esto de cara a la presente emergencia si, antes de que María azotara la isla, en el congreso se cabildeaba para subsanar un déficit en fondos federales para salud que se proyecta en 369 millones para este año, pero que puede crecer a 1200 millones en 2018?
Los pocos hospitales que están abiertos con generadores de emergencia están abrumados con la demanda de servicios; mientras, fuera de ellos, la gente muere por no tener electricidad para sus equipos médicos. Para colmo de males, se estima que la crisis en este territorio no incorporado requerirá una asignación federal adicional de decenas de millones de dólares para auxilio inmediato, y para ello tendrá que competir con Texas y Florida, que también padecieron los huracanes Harvey e Irma, respectivamente, y que por ser estados poseen un derecho político pleno para exigir ayuda ante el desastre.
La ausencia de acceso a los mercados y el golpe del huracán a la economía dibujan un panorama complejo que requerirá voluntad política en un momento de tensiones.
Tómese por ejemplo el éxodo de puertorriqueños hacia Estados Unidos como consecuencia de la depresión económica. Se estimaba que al menos un médico abandonaba la isla diariamente, y el Instituto de Estadísticas anticipa en un reciente estudio que la población general disminuirá a razón de 1,4 por ciento anual, a menos de tres millones para 2025. Esta tasa es siete veces mayor que la estimada por el gobierno y la junta de control fiscal en sus proyecciones para el mismo periodo. ¿Cómo articular una respuesta justa y sostenible ante estas circunstancias?
No es difícil imaginar la bandada de aves de rapiña que se muestran ansiosas por agarrar un pedazo de la presa. Al menos una tercera parte de la deuda pública está en manos de fondos buitre, que son los que poseen el capital para préstamos de reconstrucción. Antes, estos fondos de inversión luchaban para asegurar alguna ganancia para sus bolsillos; ahora lo harán porque, sin nuevos empréstitos, el gobierno no tendría salida. Otra manera sería empujando la privatización de bienes y servicios, lo que acabaría por desarraigar el patrimonio que resta a los puertorriqueños luego de los recortes efectuados para reparar la deuda anterior. En ambos casos, los habitantes de la isla quedarían a merced de fuerzas sobre las que tienen poco o ningún control.
Es urgente que el Congreso de Estados Unidos intervenga directamente para crear una solución abarcadora del problema fiscal y político que ellos ayudaron a crear. Con el grado de destrucción al que se enfrentan, resultará muy difícil culpar a los puertorriqueños y dar media vuelta. Existe un costo electoral enorme por no asumir responsabilidad y ese costo hay que recordárselo; sobre todo a los boricuas residentes en Florida, Nueva Jersey y Nueva York, estados con comunidades significativas. Solamente en la Florida central hay un millón de puertorriqueños que para 2020 superarán a los cubanos como el mayor grupo latino en el estado. Estos puertorriqueños deberán ejercer el poder que ahora detentan para decidir elecciones a nivel nacional.
Lo contrario sería permitir que el gobierno federal subaste la isla, desahucie a los pocos que queden y la reconstruya para nuevos dueños. Y ese escenario sería la mayor de las infamias.
