Duque al tablero: radiografía de 100 días en confinamiento

Este jueves 2 de julio, Colombia cumplirá sus primeros 100 días adentrado en una situación inédita, que ha trastocado todos los ámbitos y sectores del país con consecuencias dramáticas: el confinamiento obligatorio por cuenta de la emergencia sanitaria que desató el nuevo coronavirus. Fue el 25 de marzo, 21 días después de que se confirmara el primer caso de COVID-19, cuando el presidente Iván Duque ordenó un aislamiento sin precedentes y desde entonces -de manera paulatina- ha dado pie a una reactivación productiva y social. ¿Cuál es el balance y qué viene de cara a los próximos meses?

Si bien el Gobierno ha sacado pecho y dice ser “un referente mundial en el manejo de la pandemia”, hay matices y situaciones que, en opinión de expertos, merecen consideración antes de emitir juicios y cantar victoria. Basta una mirada al sector de la salud -puesto a prueba como ninguno- para dimensionar la problemática, y casos como el médico Heandel Rentería Córdoba lo ejemplifican con creces.

Esta semana el profesional de la salud engrosó las estadísticas de víctimas del coronavirus en el país, que ya se acercan a los 100 mil casos y 3 mil fallecidos. No solo se contagió estando al servicio del hospital San Francisco de Asís de Quibdó (Chocó) -en crisis por el déficit de camas en la unidad de cuidados intensivos (UCI), tanto en la red pública como privada-, sino que no contaba con equipo de protección y hace ocho meses no le pagaban su sueldo, según denunció el Colegio Médico de Bogotá. Incluso, él reclamó que el personal de la salud en la región estaba trabajando “sin ayuda del Estado y sin salarios”.

Lo ocurrido con el médico Rentería congrega los reparos del personal de la salud en los 100 días de pandemia: dificultades en infraestructura y equipos en centros hospitalarios, falta de elementos de protección y líos en contratación y pagos. En respuesta, el Ejecutivo ha señalado que se pasó de 5.539 camas UCI al principio de la emergencia a 5.845 (un aumento del 5 %), entrega de 23,6 millones de elementos de protección por parte de las ARL, un reconocimiento de $450 mil millones para beneficiar a 43 mil trabajadores y la declaración del COVID-19 como enfermedad laboral.

Según el investigador Johnattan García, de Dejusticia, y magíster en salud pública, el panorama en el sector corresponde al rezago histórico en Colombia, en particular en lo público, agravado por una situación inédita como la pandemia. “La respuesta del Gobierno ha sido aceptable, pero tampoco para decir que somos referentes mundiales. Resulta contradictorio que en un país donde aumentan las muertes y los casos, se piense en abrir más la economía. La información es confusa, pero también hay inequidad en el sistema, con abandono en zonas como Chocó y Amazonas”.

García también advierte que debe fortalecerse el componente de prevención, más que la atención de enfermedades que agrava el coronavirus, como las relacionadas con el corazón y el sobrepeso. “Se evitarían si se promoviera más actividad física, si el Gobierno impulsara el impuesto al tabaco o al proyecto de etiquetado de alimentos, que se hundió en el Congreso”. A ello se suma, explica, no solo adquirir equipos como ventiladores y respiradores, sino capacitación y garantías del personal que lo maneja.

Economía, en jaque

Ligado a la salud hay un frente decisivo y, si se quiere, vital en medio de la emergencia: la economía. Por cuenta del confinamiento que ha restringido la movilidad y el consumo, se estima que la tasa de desempleo se trepó en abril hasta 19,8 %, lo que se traduce en la pérdida de 5,3 millones de empleos frente al mismo mes de 2019. Eso es casi dos tercios de la población de Bogotá.

Por otro lado, según cálculos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), lo que se viene para Colombia es la peor recesión en un siglo. “El PIB real disminuyó 2,4 % durante el primer trimestre de 2020, impulsado por un fuerte deterioro de la deuda externa y el impacto de una semana de confinamiento en marzo. La confianza de los consumidores y las empresas se desplomó durante marzo y abril hasta niveles históricos. Los mercados financieros se encuentran bajo presión y los de valores han caído bruscamente. Junto con la considerable baja de los precios del petróleo, se ha ejercido una presión significativa sobre las cuentas externas y fiscales”.

Ante ello, el Ejecutivo ha optado por hacer una reapertura escalonada de sectores productivos, entre ellos obras públicas, manufactura y comercio minorista, así como por la implementación de pilotos de mayor reactivación en municipios con poca o nula presencia del virus. Todo ello en el marco de estrictos protocolos de bioseguridad. En materia social se destacan giros de los programas Familias en Acción, Colombia Mayor, subsidios de desempleo y a la nómina, así como Ingreso Solidario para tres millones de familias, más la entrega de 739.080 mercados.

En línea con lo dicho por la OCDE, que calificó de “ágiles y contundentes” las políticas, el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, considera que, en general, el manejo económico ha sido acertado ante una crisis “profunda e inesperada”. Pero si bien destaca las transferencias a programas sociales y la protección del ingreso de hogares y al empleo, critica la demora en implementar las medidas. “Adoptarlas infortunadamente toma tiempo y a veces pasó mucho tiempo entre el anuncio y la implementación”.

Mejía, quien fue director de Planeación Nacional, recomienda que haya un plan de choque para dinamizar la economía a través de la infraestructura pública a nivel territorial, así como recuperar el empleo. El reto inmediato, dice a su turno la OCDE, es evitar un segundo brote, que disminuiría en 7,9 % el PIB en 2020 y retrasaría la recuperación hasta 2021. Si se controla y no sucede, el PIB caería 6,1 %.

Sin embargo, el objetivo podría verse afectado si persisten las dificultades que quedaron al desnudo con el día sin IVA, que dio pie para grandes aglomeraciones e irrespeto de las medidas de confinamiento. “Lo que muestran estos días es que el consumo no cambia mucho, pues igual las compras se hacen y, además, solo se llega a las clases media y alta. Sirve si se enfoca en compras en línea”, explica Mejía.

Gobernabilidad, a prueba

Considerando que la atención y contención del coronavirus demanda coordinación interinstitucional, la gobernabilidad es un factor clave para el Gobierno Duque. Si bien parecen superadas las rencillas que al principio hubo entre el presidente y los gobernantes locales —en particular la alcaldesa Claudia López—, para Carlos Arias, analista político y profesor de la Universidad Externado, ese frente común no deja de ser ligero y se ha limitado a la entrega de equipos y “alivios momentáneos”.

Frente al Congreso, el balance tampoco es el mejor. Al término de una legislatura que tuvo que ser virtual y que reorientó casi toda la agenda a la atención de la emergencia, senadores como Roy Barreras (Partido de la U), ha dicho que el Parlamento ha quedado “minusválido e inútil” y que se han hecho reformas por decreto sin control político, mientras que Jorge Robledo (Polo Democrático) alega que la virtualidad ha dado pie a una intervención indebida del Ejecutivo.

“Eso no es un Congreso, es una reunión por teléfono; una relación unidireccional sin garantías para discutir (…) En la otra legislatura se viene la elección del presidente del Senado, procurador y defensor del Pueblo, eso no se puede hacer por la virtualidad, sería una vergüenza”, advierte.

Al margen del simbolismo que implican los 100 días para evaluar la gestión del Gobierno, lo cierto hoy es que los desafíos y problemáticas alrededor de la atención del COVID-19 persistirán y podrían agravarse. Con la vacuna aún lejos del panorama, una salud en cuidados intensivos y una economía en recesión, se requiere como nunca coordinación, agilidad y desarrollo en pro de los más vulnerables. Sin embargo, al margen de cualquier cálculo que pueda hacerse hoy, lo cierto es que el balance de esta emergencia solo lo podrá hacer la historia.