Duque arranca su gobierno con un mensaje de modernización política
Ayer, en su primer día como presidente, Iván Duque presentó cuatro proyectos de ley o reforma constitucional, tres que retoman puntos de la Consulta Anticorrupción que han liderado figuras del Partido Verde y una reforma política que retoma los puntos centrales de la que se hundió el año pasado.
Con la suma de los cuatro y la importancia que les da al iniciar su gobierno con ellos, el nuevo presidente proyecta una imagen de reformista que busca modernizar la política y que trae prioridades diferentes a las banderas del uribismo.
El costo de hacerlo es que la reforma política puede alejar a los políticos tradicionales que hay en el Congreso y con los que se construyó la coalición legislativa que incluye a su partido, mientras los proyectos de la consulta se pueden leer como una forma de quitarle protagonismo a los opositores que llevan meses impulsándolos, como trinó Gustavo Petro.
Con eso, podría perder apoyos en el Congreso que necesita para pasar adelante ésta y otras reformas, aunque coseche réditos en la opinión.
Una reforma anhelada por todos menos los políticos
La reforma política que presentó esta tarde la ministra de Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, tiene cuatro puntos centrales: acaba el voto preferente, obliga a que haya paridad entre hombres y mujeres en las listas electorales, exige que elijan sus candidatos en elecciones primarias y no a dedo, y le da autonomía administrativa al Consejo Nacional Electoral, CNE, que hoy depende de la Registraduría.
Se trata, en resumen, de una versión aguada de la reforma política que propuso la Misión Electoral Especial que creó el Acuerdo de Paz, que presentó el Gobierno el año pasado y que se hundió en el Congreso por falta de apoyo de la mayoría de congresistas, incluyendo los uribistas.
Esa reforma inicialmente eliminaba el CNE, que es muy criticado porque lo componen magistrados elegidos en representación de los partidos; aumentaba la financiación estatal de las campañas; limitaba la reelección de congresistas, concejales y diputados a un período; y hacía más fácil crear partidos políticos.
Todos esos cambios, que el año pasado se fueron desfigurando en el trámite en el Congreso, no están en el proyecto actual.
A pesar de eso, que elimine el voto preferente ya es un motivo para que cree resquemores entre los políticos tradicionales. Sin él, habría obligatoriamente listas cerradas por partidos, que hoy son opcionales. Eso tendría como efecto que la gente votara por partidos y no por candidatos específicos -es decir, por caciques-, lo que llevaría a una mayor coherencia en los partidos.
Podría partir el espinazo al clientelismo, pues la capacidad de negociar el voto de cada congresista se reduce.
Por eso, la propuesta de reforma arranca pisando callos y no en vano año pasado la lista cerrada fue uno de los primeros puntos en caerse, cuando perdió el apoyo del Gobierno Santos.
De hecho, en el mismo Centro Democrático hubo un debate grande el año pasado sobre la lista cerrada, que usaron para llegar al Senado en 2010. Como contamos, Álvaro Uribe delegó la decisión en su bancada, que finalmente no pudo ponerse de acuerdo y en una convención dejó la decisión en manos del ex presidente.
Uribe decidió abrirla. Entre los derrotados estaba el hoy presidente Duque, que en una carta que envió a las juventudes del Partido dijo que el sistema cerrado blindaba al partido de las “microempresas electorales”, y quien luego casi logra cerrar la lista a la Cámara de Bogotá.
Esa oposición se extiende a los caciques de otros partidos, incluyendo los de la coalición legislativa (conservadores, liberales, la U y Cambio Radical).
Eso abre la puerta para que Germán Vargas Lleras, que ya se movió con su bancada y la de La U para no dejarle la sartén por el mando a Duque, retome los contactos con esos congresistas a los que cortejó durante su campaña presidencial, y refuerce el grupo no duquista que está armando con parte de La U y Cambio agitando la bandera del voto preferente.
Como Duque ya ha dado pasos que lo alejan de los políticos tradicionales, como no repartir su gabinete con cuotas políticas excepto las uribistas o hacer muy pocas alianzas en campaña con ellos, el mensaje negativo para ellos puede ser más fuerte.
Por eso, aunque al retomar esa propuesta Duque se muestra coherente y da un mensaje fuerte de modernización política, podría empezar a gastar el capital político que tiene como presidente recién elegido. Más porque a la vez concretó su apoyo a las medidas de una consulta anticorrupción que se ha presentado como un rechazo a los políticos tradicionales.
¿Plan B o quitada de piso?
El nuevo presidente dijo en campaña que apoyaba la consulta anticorrupción.
Ayer, al presentar los tres proyectos que retoman la prohibición de reelección por más de tres períodos, la obligación de usar pliegos tipos en todas las licitaciones y el levantamiento de la reserva de las declaraciones de renta que presentan los funcionarios, todos puntos de la consulta, la ministra Gutiérrez explicó que eran prueba de ese apoyo.
Eso, sin embargo, no es tan obvio e incluso la Revista Semana se pregunta si le hizo conejo a esa promesa al presentarlos.
Los argumentos para decir que sí es apoyo, como le argumentaba a La Silla una fuente cercana a Duque, es que los proyectos lo que crean es un plan B para que salgan adelante algunos de los puntos de la consulta, vía Congreso, incluso si el próximo 26 de agosto no se alcanza el umbral de 12,5 millones de votos para que salgan adelante.
En esa línea, haber presentado los proyectos es concretar su compromiso con la consulta en una de las pocas acciones que puede tomar un presidente.
El contraargumento es que presentar un proyecto no asegura que se convierta en una realidad.
“Convocamos la consulta, en la que llevamos trabajando 19 meses, porque intentamos pasar varias veces esos cambios por el Congreso y los hundieron”, dijo la senadora verde Angélica Lozano, una de sus principales promotoras, anoche en Hora 20. “Una cosa es presentar proyectos y otra es aprobarlos”.
Esa duda tiene más fuerza porque el ex presidente Álvaro Uribe se ha manifestado contrario a la consulta, a pesar de que su bancada se comprometió a apoyarla a cambio de que se realizara después de las elecciones presidenciales.
Primero, en el video que reveló Noticias Uno de la reunión de senadores uribistas tras la posesión del martes, se congratula de que Duque no haya mencionado la consulta en su discurso.
Luego, ayer y debido al video, lo reiteró.
“Anoche en una reunión privada hice algún comentario negativo sobre esa consulta, porque les tengo que decir a todos ustedes, con toda claridad, que yo prefiero e invito a que este Congreso tramite con agilidad las normas mucho más completas, que son de autoría del presidente Iván Duque”, dijo.
Como Uribe es el jefe político de Duque, ese mensaje debilita el apoyo a la consulta, pues deja la sensación de que es mejor no votar en ella porque igual el Congreso va a aprobar su contenido, a pesar de que faltan algunos puntos, empezando por el que quizás es el más llamativo, la reducción de los salarios de los congresistas.
“Hay un doble mensaje”, concluye Lozano.
En cualquier caso, que el presidente los haya presentado le da una salida al uribismo y a los congresistas, que pueden sacar adelante parte del contenido de la consulta, y así arroparse en la bandera anticorrupción sin bajarse el salario.
Justamente esa bandera anticorrupción la comparte Duque con estos proyectos, con lo que da un paso para impedir que la monopolice la oposición.
Más porque, sumándolos a la reforma política y a un gabinete con pocos políticos, ondea la bandera de presidente modernizador y distante de los políticos tradicionales. Falta ver si los proyectos avanzan, sus siguientes nombramientos mantienen esa línea o le dan más juego a los políticos (como el que ya tienen los uribistas en los cargos de más poder) y pasa del mensaje a lo concreto.
