Editorial: Un pueblo muy por encima de sus gobernantes

Cien días después de haber vivido bajo un estado de excepción es tiempo de que la sociedad española vuelva a recuperar la plenitud de sus derechos democráticos y, también, de que los ciudadanos, que han mantenido un comportamiento ejemplar, muy por encima del de sus gobernantes, se pregunten si fue ineludible el recurso al estado de alarma o si, por el contrario, vino determinado por los errores y las carencias de un Ejecutivo desbordado por los acontecimientos. Un gabinete, es preciso tenerlo muy presente, que trata ahora de imponer un relato sobre los hechos que no sólo desdeña cualquier responsabilidad propia, sino que proyecta la imagen de un salvador providencial, abandonado a su suerte por una malvada oposición. Por supuesto, nada hay de cierto en esta recreación idealizada de la tragedia, incluso, limitando la acción gubernamental en sus debidos términos, porque la única realidad tangible es que nuestro país fue sorprendido con la guardia baja por el estallido de la infección y la primera reacción estuvo presidida por la confusión y la falta de medios de todo tipo. Aun hoy, los responsables del Ministerio de Sanidad, que en un estado descentralizado se arrogaron la potestad de un «mando único» sin disponer de las infraestructuras administrativas adecuadas, desconocen, u ocultan, datos fundamentales de una epidemia, como son el patrón de la infección, el número real de fallecimientos y el nivel de inmunidad de la población. En toda Europa falló la alerta temprana, sin duda, por el sesgo deliberado en las primeras informaciones del gobierno comunista chino, pero sólo España tiene el dudoso privilegio de haber enviado a sus médicos, farmacéuticos, enfermeras, auxiliares, celadores y trabajadores de la limpieza a batallar en primera línea sin los equipos necesarios. Es más, sólo en España, la arrogancia ideológica de un gobierno llevó a menospreciar las capacidades de quienes más sabían y podían ayudar: las grandes empresas multinacionales españolas, implantadas en todo el mundo y con líneas logísticas probadas y sólidas. Las mismas empresas que lograron merced a sus propios esfuerzos, también financieros, aliviar la escasez de equipos de protección. No en vano la asociación que agrupa a las firmas tecnológicas de farmacia, FENIN, se lamentaba el viernes de que el Ejecutivo no había contando prácticamente con ellos. No va a ser sencillo para los tácticos de La Moncloa elaborar ese relato que explique el baile de cifras, los cambios de opinión sobre la utilidad de unas mascarillas que, hoy, son de uso obligatorio, los calendarios cambiantes y, sobre todo, el aluvión de anuncios de todo tipo, desde las ayudas millonarias para las residencias hasta las subvenciones a los comedores sociales, que nunca se hicieron realidad.

Pero, como señalábamos al principio, la sociedad española también ha sufrido graves daños en la calidad de sus instituciones. Los ciudadanos han visto no sólo cómo se restringían sus derechos fundamentales, sino cómo bajo el amparo del estado de alarma el Ejecutivo ocultaba información pública, desatendía sus obligaciones parlamentarias, convertía los medios oficiales de comunicación en altavoces permanentes de la gobernación y cómo unas decisiones que, en principio, sólo debían responder a criterios científicos, cambiaban a tenor del juego de mayorías. De pronto, la Ciencia dependía de si ERC se abstenía a la hora de respaldar una prórroga o votaba no. Porque, en realidad, hemos visto a un Gobierno a la defensiva, a remolque de los acontecimientos y, por ello, dispuesto a todo con tal de defenderse políticamente. A tachar de indigna a una oposición que, desde su pleno derecho, reclamaba otra manera de enfrentar la crisis o al recurso de la arbitrariedad y la amenaza contra cualquiera que señalará los palmarios errores gubernamentales. De ahí, que lo grave no fuera si la agenda ideológica del Gobierno antepuso el 8-M a la protección de la salud, sino que un ministro del Interior, juez para más escarnio, destituyera a un servidor del Estado por cumplir con su deber y, además, manchara su carrera profesional para cubrir sus mentiras. Que la Abogacía del Estado se lanzara a la yugular de una magistrada en el ejercicio de sus funciones y que la Fiscalía se convirtiera en valladar gubernamental.

Y, ahora, cuando se invita los españoles a recuperar su vida normal, dentro de la excepcionalidad de la situación, toca volver a poner en funcionamiento la economía de un país que ha sido de los más castigados por la paralización forzosa de la actividad empresarial y que, además, ya arrastraba los primeros síntomas de la desaceleración. Si esa tarea la van a capitanear los mismos gobernantes que han gestionado la lucha contra la pandemia y desde los mismos prejuicios ideológicos, España se verá abocada a mayores sufrimientos que el resto de los países de su entorno. Porque si algo ha quedado claro en esta tragedia es que la sociedad en su conjunto ha tenido un comportamiento excepcional, que ha prevalecido su sentido solidario y que su tejido empresarial ha dado muestras de eficacia y capacidad de sacrificio. La recuperación necesita del concurso de todos, sí, pero, especialmente, de que nuestras empresas sean capaces de mantener el empleo. Se necesitan inversiones productivas, alivio fiscal, reformas que aumenten la competitividad, políticas que no vayan contra los principales sectores industriales del país. Sobran los viejos dogmatismos, siempre semilla de fracasos, de la izquierda comunista que hoy está en el Gobierno, por más que se parapeten detrás de supuestos «escudos sociales». Y si para ello se hace necesario un cambio de mayorías, en las manos de Pedro Sánchez está abrirse a un gran acuerdo nacional con la oposición. Lo demás es camino ya conocido hacia el desempleo, la caída del consumo interno y los recortes del estado del bienestar. Lo que, estamos convencidos, no se merece un pueblo que ha dado tanto en esta tragedia.