Editorial: Una petición a la Casa Blanca
Los planes del castrismo para 2018 son transparentes: oficializar el traspaso de poder a sus herederos y afianzar el capitalismo de Estado que ya regenta a través de la familia Castro y la elite militar.
Esta hoja de ruta supone dos parodias de elecciones a partir de noviembre de 2017, unas municipales y otras a la Asamblea Nacional del Poder Popular. A las municipales intentarán presentarse por primera vez varias decenas de candidatos independientes, y tras las segundas Raúl Castro podría dejar la presidencia del país, lo que significará que, por primera vez en décadas, y al menos nominalmente, el apellido Castro dejará de estar al frente de Cuba.
Ambos acontecimientos darán lugar a un escenario inédito y generarán dinámicas difíciles de prever incluso para el propio régimen. El actual aumento de la represión contra cualquier espacio de independencia en la Isla está ligado a esa incertidumbre de las autoridades, nerviosas además por la volátil situación de su aliado venezolano, Nicolás Maduro.
En este contexto, la Casa Blanca ha propuesto eliminar los fondos de apoyo a la democracia en Cuba. El tema deberá ser debatido aún en el Congreso, pero su eventual aprobación acarrearía graves consecuencias para la causa democrática cubana.
Las leyes totalitarias siguen en pie en la Isla. Además de reprimir, el régimen condena a la exclusión social a quienes se le oponen. Los intentos de legalización de iniciativas independientes son continuamente rechazados; los activistas no pueden trabajar en el sector estatal y son hostigados si tratan de desarrollar alguna actividad económica por cuenta propia; reciben palizas, torturas, secuestros y detenciones arbitrarias; se les impide viajar; se les expulsa de las universidades y se hostiga a sus hijos en las escuelas. Retirarles el apoyo significaría dejarlos completamente en manos de los represores.
En un momento en que los sectores turístico y agrícola de EEUU buscan soluciones para acceder al mercado de la Isla, abandonar el apoyo a los luchadores por la democracia sería un regalo a la elite que ha arruinado el país y que niega la libertad y la prosperidad a la inmensa mayoría de los ciudadanos. No solo con inversión en la economía se resuelve el asunto cubano, sino también con inversión en los derechos humanos y en la democratización.
El presidente de EEUU, Donald Trump, declaró el pasado 20 de mayo: «el pueblo cubano merece un Gobierno que de manera pacífica defienda los valores democráticos, las libertades económicas, las libertades religiosas y los derechos humanos. Y mi Administración está comprometida con el logro de esa visión». Siguiendo estos propósitos, la Casa Blanca debería reconsiderar su propuesta de eliminar las ayudas para quienes hoy luchan por una Cuba democrática y plural que, entre otras cosas, no signifique un foco de conflicto en la región.
