El ‘efecto Bukele’ y su percepción en Cuba: El Estado de Derecho como única garantía de libertad

Nayib Bukele ascendió al poder en El Salvador en junio de 2019. En 2021 su partido Nuevas Ideas (NI) obtuvo 56 puestos en el Congreso de un total de 84. No fue la estimación pública de los diputados la fuente de esa cosecha electoral, sino la popularidad de Bukele. El evento retrata a uno de los líderes políticos más carismáticos del mundo.

La cosecha en el órgano legislativo salvadoreño estuvo acompañada de otra, muy significativa también, en los municipios. El resultado es que Nayib Bukele tiene un poder inédito en el país centroamericano. Y lo usa.

En 2022 el Congreso salvadoreño decretó el Régimen de Excepción con la finalidad de luchar contra el crimen organizado, las conocidas maras, responsables de extender el miedo y el sufrimiento en buena parte del país, sobre todo en los barrios más pobres. Al hacerlo, se eliminaron algunas libertades básicas contenidas en la Constitución. Lo que permite al Estado desconocer derechos como el de asociación y reunión, así como numerosas garantías durante la detención del sospechoso —como ser informado de las razones de la detención y de los derechos del detenido—, igualmente los límites para su presentación ante un juez. Se anularon también la inviolabilidad de la correspondencia y las comunicaciones.

Constitucionalmente, la suspensión de las garantías descritas tiene una extensión de 30 días, transcurridos los cuales deberán ser restablecidas o emitirse un nuevo Decreto, algo que el Congreso ha hecho mensualmente durante todo un año.

El Estado de Excepción ha permitido internar en prisiones a miles de individuos violando sus más elementales derechos al debido proceso y las garantías del condenado. La noticia no puede ser más alarmante para los defensores de derechos humanos y los organismos internacionales. Sin embargo, la popularidad de Bukele ha escalado notoriamente debido a que, como resultado de estas detenciones masivas, la tasa de homicidios de El Salvador ha pasado de ser la más alta de América Latina en 2015, a ser la más baja, según cifras oficiales. En un continente con países que tienen tasas de homicidios de las más elevadas del mundo, la transformación no es pequeña.

Para barrios enteros, estar gobernados por sujetos infames supone rutinas morbosas difíciles de concebir en sus detalles más mínimos. Un artículo de Natalie Kitroeff en The New York Times, titulado «El Salvador diezmó a sus violentas pandillas, ¿a qué costo?«, afirma: «No podías vestir el número 8 porque estaba asociado con la pandilla rival Mara Barrio 18. No podías usar la marca de zapatillas deportivas que usaban los pandilleros. Y bajo ninguna circunstancia podías llamar a la Policía».

Todo eso, añade el mismo artículo, terminó con el bloqueo a las libertades y la luz verde dada a las detenciones masivas. Se puede caminar de noche, jugar en un terreno de futbol que era propiedad de las pandillas y usar viviendas abandonadas que fungían como centro para las ejecuciones de los pandilleros. En el escrito se contrastan las nuevas condiciones de seguridad, con las más de 65.000 personas arrestadas en un año, las 5.000 que, afirma el Gobierno, han sido liberadas por haber sido arrestadas sin que tuvieran vínculos con las pandillas, y las organizaciones defensoras de derechos humanos, propias y foráneas, que han documentado a través de los liberados las condiciones de hacinamiento, violencia y hambre al interior de las prisiones.

Para la ciudadanía salvadoreña, la elección entre un régimen amplio de derechos que se ha mostrado por décadas incapaz de garantizarle la paz pública, y la limitación de las libertades como método para reducir la impunidad de las bandas criminales, se ha resuelto hasta el momento a favor de las medidas de Bukele. Eso no significa el desentendimiento de la suerte de los condenados, sino la importancia que atribuyen a la seguridad de que carecieron por décadas.

El modelo bukelista amenaza con extenderse en una región en la que numerosos países son incapaces de contabilizar al final del año el número de sus ciudadanos asesinados o desparecidos.

Una entrevista a Luis Guillermo Solís, expresidente de Costa Rica entre 2014 y 2018, publicada por la BBC, introduce al invitado con el siguiente párrafo: «En Honduras se decretó un Estado de excepción considerado parte de ese ‘efecto Bukele’. En Guatemala, una candidata presidencial promete aplicar ‘el modelo de El Salvador’ en seguridad. En Perú, el alcalde de Lima felicita a Bukele por redes sociales. Y en Argentina, el ministro de Seguridad de Buenos Aires elogia la imagen de una nueva megacárcel salvadoreña: ‘Es música para mis oídos’, dice».

El título del artículo —»Apostarle a una estrategia de mano dura como la de Bukele en El Salvador puede lanzar a los países de América Latina a esquemas autoritarios, incluso a dictaduras«—, fue extraído de una respuesta del expresidente.

Luis Guillermos Solís hace gala en la entrevista de reflexión inteligente y sensatez. Aborda con firmeza y diplomacia la figura de Bukele, la estrategia de lucha contra el crimen organizado y el aprecio popular salvadoreño por su presidente. Al negarse a considerar la política de Bukele un ejemplo a seguir para la región y un peligro para la democracia afirma: «Porque la estrategia está basada no solamente en meter a los malos a la cárcel, sino que tiene precedentes: un control del Poder Legislativo primero, un nombramiento a veces inconstitucional de jueces adeptos al Gobierno después, el control del judicial como último objetivo, lo cual rompe con el necesario balance entre los poderes de una república democrática, y finalmente la aplicación de una ley que no se basa en el Estado de Derecho.

Muchas de las personas que son encarceladas no necesariamente son culpables ni van a ser reconocidas como tales, sino simplemente como víctimas residuales de un proceso donde el fin justifica cualquier medio.

Eso en democracia coloca el riesgo en el sistema completo, no solamente en la acción específica que se realiza, que en este caso es meter a los malos, entre comillas, en la cárcel.

Las referencias al control del poder judicial por Luis Guillermo Solís remiten a mayo y septiembre de 2021. Una vez que obtuvo la mayoría en el Congreso, en febrero de aquel año, Bukele se dispuso a aprovecharla para destituir a los jueces del Tribunal Constitucional y al fiscal general con procedimiento inconstitucionales.

Más tarde, en septiembre de 2021, el presidente que tanta admiración despierta por su lucha contra el crimen organizado, aprobó una reforma de la Ley de Carrera Judicial, que jubiló a un tercio de los jueces del país. La disposición afectaba a jueces que tuvieran más de 60 años o que hubieran ejercido por 30 años.

La información para escribir los dos párrafos anteriores fue tomada de sendos artículos del diario salvadoreño El Faro: «Bukele usa a la nueva Asamblea para tomar control de la Sala de lo Constitucional y la Fiscalía» y «La democracia salvadoreña está en coma«.

El Faro ha estado en la mira de Nayib Bukele por su decidida defensa del Estado de Derecho. En abril de 2023 el diario tuvo que mudar su estructura administrativa a Costa Rica, luego de 25 años trabajando en El Salvador. Entre las razones de la mudanza estuvo el asedio del Estado a través del Ministerio de Hacienda con continuas auditorías y sanciones.

Como bien declara el expresidente costarricense Luis Guillermo Solís, la lucha contra las pandillas en El Salvador expresa el control desmedido que Nayib Bukele ha tomado sobre el Estado. Por otra parte, la denuncia firme de El Faro es un ejemplo de lo hondo que han calado paradigmas democráticos como la libertad de expresión y prensa en el país centroamericano. El uso de instituciones de Gobierno para hostigar al diario, así como los ataques directos del presidente a sus periodistas, es otra denuncia a la naturaleza que va tomando el ejercicio político bukelista.

Bukele ha decidido postularse nuevamente a la Presidencia de El Salvador. La Constitución prohíbe un segundo mandato y, para conseguirlo, utilizó a la Sala de lo Constitucional avasallada por él, que en septiembre de 2021, en un largo documento de 27 páginas, argumentó «que el texto constitucional que prohíbe la reelección responde a necesidades de ‘hace 20, 30, 40 años’. A la luz de los nuevos tiempos, concluyen los magistrados, eso representa una ‘excesiva restricción disfrazada de certeza jurídica y el actuar de representantes que se resisten al cambio del soberano, que se resisten a escuchar la voluntad del pueblo» (El Faro, «Sala de lo Constitucional avala reelección de Bukele y Estados Unidos lo compara con Hugo Chávez«, 5 de septiembre de 2021).

El argumento de los jueces de la Sala de lo Constitucional abre las puertas a la violación de la Constitución toda vez que estimen que sus presupuestos obedecen a realidades añejas o a cambios en el «soberano».

El impacto en Cuba del carisma y el ejercicio político de Nayib Bukele

Resulta llamativo que a una serie de demócratas y defensores de derechos humanos cubanos les plazca la actitud de Nayib Bukele. Por supuesto que hay razones para ello.

La primera es la legitimidad de priorizar la lucha contra el crimen organizado en un país brutalmente lastimado por su ejecutoria. El expresidente Luis Guillermo Solías lo reconoce al ser preguntado sobre si es legitima o no la acción del Gobierno salvadoreño en materia de seguridad: «En el caso de El Salvador, sin duda. Y me parece que hay que respetar la percepción del pueblo que mira en Bukele la solución a un problema que ha padecido durante décadas».

Es inaceptable que países con Estados de Derecho tengan grandes poblaciones subyugadas por asociaciones criminales regionales, sometiendo la paz ciudadana casi siempre entre sus poblaciones más humildes. Ya sea el Cártel Jalisco Nueva Generación en México, o el Comando Rojo (Comando Vermelho) en Brasil, la capacidad de estas organizaciones acusa déficits institucionales que permite la impunidad de sujetos que deberían estar tras las rejas.

Otra razón para el aprecio de compatriotas involucrados en la defensa de los derechos humanos y el restablecimiento del Estado de Derecho en Cuba es el escaso afecto que siente el líder salvadoreño por la izquierda regional y el castrismo en particular. Una izquierda demasiado involucrada con las grandes dictaduras del continente, como la castrista, la chavista y la capitaneada por Daniel Ortega en Nicaragua.

Los demócratas cubanos incluso le debemos acciones generosas, como la acogida de los activistas Héctor Luis Váldes Cocho y Esteban Rodríguez en enero de 2022, cuando el Gobierno de Nicaragua les impidió abordar, en el aeropuerto de El Salvador, el avión que debía llevarlos a aquel país para de allí continuar rumbo a Estados Unidos. Esteban fue llevado directo de la prisión en la que estuvo secuestrado durante varios meses al aeropuerto por el que salió de Cuba. Bukele en persona dio instrucciones a la Dirección General de Extranjería para dar apoyo a los activistas y periodistas cubanos.

Las medidas de Nayib Bukele, sin embargo, no deben ser defendidas por activistas favorables a la democracia, pues cada uno de sus ataques al Estado de Derecho tiene antecedentes en un sistema político mucho más cercano a nosotros: el castrismo.

El sometimiento del poder judicial es uno de los agravios más graves que se le puede hacer al Estado de Derecho, y de los peores atentados contra el soberano cuando por tal se tienen al ciudadano. El castrismo tiene una larga historia de atropellos contundentes contra la libertad judicial, que ha hecho de la violación de su independencia una rutina. Aun así, no han conseguido someter nunca, de manera absoluta, al conjunto de sus profesionales.

Desde el mismo inicio de 1959 el poder revolucionario arremetió contra la independencia del poder judicial. Solo el 2 de febrero de 1961 los decretos presidenciales 2934 al 2940 separaron de sus cargos a un total de 115 jueces desde el extremo occidental hasta el oriente. Otra agresión importante fue la eliminación del ejercicio privado de la abogacía y la subordinación de los abogados al Estado, a través de los bufetes colectivos creados en 1964 y a los que la Ley vigente, de 1984, demanda pertenecer como requisito insuperable para ejercer como abogado.

En 1976 se disolvió la Sala de Garantías Constitucionales y Sociales, ya notablemente menguada en su eficacia entre 1959 y ese año, y los cubanos quedamos sin amparo constitucional. Abogados notables cubanos han sido presos políticos. Aramís Taboada —muerto en prisión—, René Gómez Manzano, Julio Alfredo Ferrer Tamayo, Marienys Pavó Oñate y Roberto Jesús Quiñones Haces, por mencionar algunos. Igualmente, organizaciones independientes de defensa de los derechos jurídicos, como la Corriente Agramontista, la Asociación Jurídica Cubana y Cubalex, han sufrido las más diversas agresiones. Entre ellas la invasión de sus sedes, siempre las residencias particulares de sus líderes. Algunos de sus abogados han marchado al exilio por el acoso sufrido.

Frente a tan enojoso escenario, pinceladas de una historia de desprotección y agravio que totaliza 63 años, es que el progresivo control del Poder Judicial por Bukele debe encender las alertas de activistas y defensores de derechos humanos en Cuba.

¿Acaso nos sentiríamos los cubanos cómodos con la simple permutación de los sujetos de poder en nuestro país sin que se transforme de manera radical la institucionalidad del sometimiento castrista?

La defensa del Estado de Derecho es la única garantía de la libertad

Llegados a este punto, vale preguntarse si hay alguna alternativa ajena a los procedimientos del Estado de Derecho para la solución de conflictos como la extrema violencia de algunas sociedades latinoamericanas. La respuesta carece de originalidad ni novedad: no la hay.

La única alternativa para la solución de los problemas en un Estado de Derecho pasa por su perfeccionamiento. Las reformas legales amparadas en el estudio riguroso de los procesos de génesis y desarrollo del crimen organizado. La intervención y el decomiso de los beneficios económicos que se derivan de su funcionamiento. La colaboración con organismos internacionales y Estados con experiencias exitosas en el control del crimen organizado.

En este ámbito, los países centroamericanos tienen una experiencia sumamente provechosa en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que fue creada en 2006 por un acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala. Funcionó hasta 2019 como un órgano independiente de carácter internacional, dirigido a investigar delitos relacionados con el contrabando, la corrupción, la financiación política y el narcotráfico.

Los modelos como la CICIG suponen, sin embargo, la extensión de la independencia de los órganos del Estado, y esa es una actividad contraria al modelo Bukelista de dominio, el de concentrar, de manera acelerada, todo el poder del Estado en las manos de Bukele y sus partidarios.

Hay otra razón para no ceder al impulso de la confrontación y la severidad de la manera que lo ha hecho el Estado salvadoreño. La justicia penal moderna, a la que tributan las constituciones y leyes penales de los Estados de Derecho –como la Constitución de El Salvador—, tiene como meta la reeducación del criminal y su reinserción social. El abuso del condenado, su humillación pública como forma de escarmiento, retrotrae a la humanidad a etapas premodernas, en las que el castigo, el suplicio y la exhibición pública, promovían la crueldad como formas legítimas de las relaciones humanas.

El hecho de que el Estado de Excepción se haya extendido en El Salvador por un año, sin que aparezcan fórmulas que permitan su cese conservando a los miembros efectivamente criminales en prisión, son la prueba de que Nayib Bukele usa el peligro latente que supone la liberación de los confinados para mantener el miedo y el apego social hacia su política.

El uso de la delincuencia con fines de intimidación social es moneda común en los gobiernos autoritarios. La población cubana conoce ampliamente su uso por el castrismo. Al interior de nuestras prisiones, los criminales son azuzados de manera habitual contra presos que suponen problemas para el ejercicio arbitrario de los guardias; o a instancias de la Seguridad del Estado, para acosar y lastimar a los presos políticos. Por no mencionar la liberación de miles de prisioneros durante la Crisis del Mariel, para que emigraran a los Estados Unidos y añadieran a la crisis de migrantes el actuar grave de los criminales.

Semejantes procederes son inaceptables y los demócratas cubanos, curtidos en décadas de abuso de poder, deberíamos estar entre los primeros demandantes del restablecimiento del Estado de Derecho en el país centroamericano.