El fantasma del lucro acecha a Piñera
Si la percepción generalizada es que el gobierno tolera—o incluso favorece—el lucro en la educación superior, La Moneda habrá perdido la batalla comunicacional en el debate sobre cómo avanzar para mejorar la calidad de la educación superior y cómo garantizar la gratuidad al mayor número posible de personas.
El controvertido fallo del Tribunal Constitucional que permite a empresas educacionales con fines de lucro tener propiedad de instituciones de educación superior sin fines de lucro constituye un problema potencialmente explosivo para el gobierno del Presidente Piñera. Si bien los fallos del TC se deben acatar, el gobierno debe evitar ser percibido como condonando el lucro en la educación superior. Si Piñera no separa aguas con la decisión del TC y su gobierno no fija una postura firme contra el lucro en la educación superior, los movimientos estudiantiles tendrán la mejor excusa para poner un temprano fin a la luna de miel del gobierno y la izquierda tendrá un caballo de batalla para articular una oposición militante y vociferante contra lo que probablemente denominarán el gobierno del lucro.
Es verdad que la decisión del TC en rigor no permite el lucro en las universidades. La reacción inicial del gobierno es técnicamente correcta al indicar que esta sentencia no cambia en nada la prohibición al lucro en la educación superior. También es cierto que el hecho que esta sentencia fue gatillada por una iniciativa presentada por Pilar Armanet, la rectora de la Universidad de las Américas, subraya una tremenda contradicción en la izquierda. Armanet es militante del PPD y fue embajadora en Francia y ministra vocera en el primer gobierno de Bachelet. Si la izquierda se opone a la gratuidad, resulta inexplicable que una de sus líderes sea rectora de una de las universidades chilenas de propiedad de la empresa educacional con fines de lucro más importante de Estados Unidos.
Pero ni las consideraciones técnicas sobre lo que significa el fallo del TC ni las contradicciones evidentes en la izquierda respecto a su doble estándar en denunciar el lucro y ser activamente parte de las universidades que presumiblemente lucran son lo que más importa. La clave en la respuesta del gobierno a la sentencia del TC está en la forma en que la gente perciba la postura del Presidente Piñera y de su gobierno en torno al lucro. Si la percepción generalizada es que el gobierno tolera—o incluso favorece—el lucro en la educación superior, La Moneda habrá perdido la batalla comunicacional en el debate sobre cómo avanzar para mejorar la calidad de la educación superior y cómo garantizar la gratuidad al mayor número posible de personas.
Los gobiernos no eligen los términos en que se producen los debates públicos. Pero sí pueden influir en la percepción y las creencias que tiene la gente sobre cuáles son sus prioridades y sus valores. En el debate sobre la educación, la preocupación de la gente parece estar más en la propiedad y la condición de lucro o sin fines de lucro de las instituciones educativas que en la calidad de la educación que estas ofrecen. Aparentemente, la gente cree que las instituciones sin fines de lucro siempre van a entregar educación de mejor calidad que las instituciones que tienen fines de lucro. El gobierno pudiera querer optar a dar la pelea y demostrar que esa premisa es falsa, que la calidad de la educación no depende de si el proveedor tiene o no fines de lucro. Pero dar esa pelea convertiría inevitablemente al gobierno en el defensor del lucro y, por lo tanto, lo arrinconaría en una posición impopular.
De ahí que tenga más sentido para el gobierno separar aguas inmediatamente con aquellos que defienden el lucro en la educación superior o relativizan el efecto negativo que la gente cree tiene el lucro en la calidad de la educación que reciben los estudiantes y en la posibilidad de avanzar en la gratuidad.
Es evidente que para solucionar el grave problema de financiamiento de la educación superior producido por el voluntarismo pro-gratuidad del gobierno anterior (que devino en una ley mal diseñada e imposible de implementar), el gobierno del Presidente Piñera deberá hacer reformas dolorosas y costosas. No será fácil encontrar un balance adecuado entre la demanda ciudadana por educación gratuita y la necesidad de tener un sistema de educación superior moderno, competitivo, diverso y de calidad. Los desafíos que enfrenta el gobierno son enormes. El margen de acción—dado que la gratuidad ha llegado para quedarse—es limitado. El camino está lleno de amenazas y obstáculos que en cualquier momento pueden gatillar la rápida activación de movimientos políticos disfrazados de demandas sociales. La oposición sueña con arrinconar al gobierno en el mismo lugar incómodo en que Piñera se metió en 2011, por sus propios dichos sobre la educación como un bien de consumo.
Dada la compleja coyuntura en que se encuentra el gobierno, resulta incomprensible pensar que La Moneda no quiera distanciarse de la decisión del Tribunal Constitucional. Porque Piñera necesita tiempo y margen para desenredar el complejo problema que le heredó el gobierno de Bachelet en la educación superior, lo más conveniente ahora es reafirmar una oposición clara y decidida al lucro en la educación superior.
Si la percepción generalizada es que el gobierno tolera—o incluso favorece—el lucro en la educación superior, La Moneda habrá perdido la batalla comunicacional en el debate sobre cómo avanzar para mejorar la calidad de la educación superior y cómo garantizar la gratuidad al mayor número posible de personas.
Patricio Navia, #ForoLíbero
