El FMI pide a los acreedores que acepten una quita “apreciable” de la deuda argentina
El resultado de la misión técnica del organismo es un espaldarazo al Gobierno de Alberto Fernández
Argentina ha obtenido un contundente respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI) en su estrategia negociadora con los acreedores externos. En el cierre de una visita de una semana en Buenos Aires, la misión técnica del organismo emitió un comunicado en el que pide a los tenedores privados de bonos argentinos que acepten una «quita apreciable» de la deuda, a la que consideró «no sostenible» y por lo tanto impagable, tal como sostiene el Gobierno de Alberto Fernández. Los acreedores pueden esperar ahora una negociación más dura de lo que tenían en su hoja de ruta.
El comunicado, inesperado, cumple con las expectativas de Fernández, que desde incluso antes de asumir el poder, el pasado 10 de diciembre, ya advertía de que para superar la crisis no sería suficiente un cronograma de vencimientos que no contemplase también una quita de capital e intereses. El FMI pide ahora “una operación de deuda definitiva”: una reestructuración completa que permita, de una vez y para siempre, equilibrar las cuentas públicas del país sudamericano y volver sustentable cualquier plan de pagos que acuerde.
«Celebro que el FMI reconozca la posición argentina respecto de los procesos de endeudamiento», escribió el presidente argentino en Twitter. «Si todas las partes demuestran voluntad de acordar, podremos volver a crecer, honraremos nuestros compromisos y volveremos a tener una Argentina de pie».
Fernández debe renegociar con los bonistas unos 100.000 millones de dólares. El FMI no hizo mención a su propio préstamo de 57.000 millones de dólares que tiene vigente con Argentina desde el rescate de 2018, de los cuales ya han sido entregados 44.000 millones. Los pagos se suspendieron a finales del año pasado, cuando se hizo evidente que el Gobierno de Mauricio Macri no podría cumplir con el cronograma de devoluciones acordado. La expresidenta y actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, reclamó semanas atrás al FMI que contemple una quita de capital del salvataje financiero que dio a Macri por considerar que el dinero se utilizó para financiar la fuga de capitales. El FMI recordó entonces que una medida semejante está prohibida en sus estatutos.
El comunicado de este miércoles, sin embargo, ha dado un balón de oxígeno inesperado a Fernández y a su ministro de Economía, Martín Guzmán, porque el éxito de cualquier negociación de deuda con los bonistas privados se hace más fácil si tiene el apoyo del Fondo. En el texto, firmado por el equipo dirigido por Julie Kosack, subdirectora para Hemisferio Occidental, y Luis Cubeddu, jefe de misión para Argentina, el Fondo desanda los resultados de su informe del año pasado, cuando consideró que la deuda pública argentina era “sostenible, pero no con una alta probabilidad”. Los riesgos que el organismo vio entonces ahora “se han materializado”.
“Específicamente, nuestra visión es que el superávit primario que se necesitaría para reducir la deuda pública, las necesidades de financiamiento bruto (…) y un crecimiento del producto satisfactorio no son económicamente ni políticamente factibles”, dijo el Fondo. Como única salida, los técnicos ven una “contribución apreciable de los acreedores privados”. “El FMI hizo hincapié en la importancia de continuar un proceso colaborativo con los acreedores privados para maximizar su participación en la eventual operación de deuda”, continúa el texto.
El proceso de negociación tendrá un nuevo capítulo durante el próximo fin de semana en Arabia Saudí, donde se cruzarán Martín Guzmán y la nueva jefa del organismo con sede en Washington, Kristalina Georgieva, en el marco de la reunión de ministros de Finanzas del G20. Guzmán estableció un calendario que marca la segunda semana de marzo como límite para una oferta argentina a los acreedores.
Los bonos argentinos cotizan en la franja de los 45 centavos por dólar emitido y han caído en promedio un 3,5% en lo que va del año, debido a la incertidumbre sobre la capacidad de pago del Gobierno. En tanto que el riesgo país elaborado por JP Morgan, que establece el diferencial de tasa de interés que los emergentes deben pagar sobre los títulos de Estados Unidos, se encuentra por arriba de los 2.000 puntos.