DeclaracionesDemocracia y Política

El Parlamento del País Vasco reclama al Gobierno «cauces» para el derecho a decidir

PNV y EH Bildu sacan adelante su enmienda y exigen a Sánchez una relación de «bilateralidad» entre el País Vasco y España

Los potenciales socios de Pedro Sánchez en el País Vasco exigen más al PSOE. Más competencias, más derechos económicos, políticos y sociales. Más beneficios para los presos de ETA. En definitiva, más poder, incluso para decidir su futuro político al margen del resto de la nación. Hoy, PNV y EH Bildu han utilizado el Parlamento autonómico como altavoz para reclamar al Gobierno central que permita establecer un vínculo diferente entre el País Vasco y España para tratarse «de tú a tú». Un modelo basado en la «bilateralidad» que ofrezca un «cauce» para la autodeterminación, o, como las fuerzas nacionalistas lo llaman, el «derecho a decidir».

Ni siquiera hacía falta esperar a la votación para conocer el resultado de la misma, dado que la alianza de PNV y EH Bildu suma mayoría en el Parlamento vasco. Con el beneplácito de los dirigentes nacionalistas del Gobierno vasco, incluido el lendakari, Iñigo Urkullu, ambas formaciones han sacado adelante la enmienda de totalidad que registraron contra una iniciativa del Partido Socialista destinada a poner en valor los logros del Estatuto de Guernica y a reclamar un nuevo Estatuto que cumpla con la legalidad vigente. La propuesta del PSE ha sido rechazada, al igual que las enmiendas que han presentado PP y Elkarrekin Podemos.

«No se trata de convivir, se trata de coexistir», ha declarado el portavoz del PNV en la Cámara de Vitoria, Joseba Egibar, quien ha insistido en que «el futuro del pueblo vasco debe ser el que los vascos quieran». Además, ha argumentado que «el encaje técnico, legislativo y jurídico» del derecho a decidir «está en los derechos históricos» del País Vasco.

Eguibar, una de las cabezas visibles del ala independentista del PNV, ha querido sin embargo marcar distancias en algunos aspectos con EH Bildu, formación a la que ha acusado de pretender «tergiversar» el derecho a decidir. «No se podrá hacer un acuerdo unilateral, tendrá que ser pactado», ha declarado, aunque ha asegurado desconocer lo que los expertos han incluido en el nuevo texto estatutario.

 

 

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