El PP envía el primer aviso a Sánchez por «ocultar información» y por su «deslealtad»

El Partido Popular se plantó ayer y dijo basta al Gobierno de Sánchez. «Así, no», advirtió Pablo Casado, quien acusó al jefe del Ejecutivo de engañarle sobre sus intenciones y de crear una gran «inseguridad jurídica» en la economía con sus últimos decretos. El líder de la oposición avanzó que su partido no apoyará el decreto de los despidos y el del cierre total de las actividades no esenciales, si no habla antes con los partidos, las comunidades y los agentes para modificarlos. «No podemos derrotar la pandemia si tenemos mentiras encima de la mesa», avisó.

Desde el principio de la crisis, el PP optó por la lealtad hacia el Gobierno en un momento muy complicado para los españoles, y hasta ahora había apoyado todas las medidas impulsadas desde La Moncloa, aunque le parecieran insuficientes o tardías. La semana pasada ya empezó a endurecer su discurso, por la cadena de errores del Gobierno, sobre todo relacionados con la falta de test masivos y de material de protección para los sanitarios. Sus críticas no afectaron a su voto positivo en los decretos económicos que se aprobaron el miércoles pasado en el pleno, ni a su apoyo a la prórroga del estado de alarma hasta el 11 de abril.

La gota que ha colmado el vaso de la paciencia del PP han sido los últimos decretos, aprobados sin levantar siquiera el teléfono para informar a los partidos que han autorizado la prórroga del estado de alarma, y sin consensuarlo con las comunidades o con los agentes sociales. Casado ve una deslealtad absoluta en Sánchez, a quien acusó de dejarse llevar por la agenda radical comunista de Podemos. «El Gobierno no está siendo leal con la oposición, y la información que estoy recibiendo no es cierta», denunció Casado. El presidente del PP desveló lo que le dijo el jefe del Ejecutivo en la conversación del lunes 23: «Se me dijo que no habría cierre de la economía y que sería positivo que el Partido Popular no condicionara su apoyo a prolongar el estado de alarma a ese cierre. Se me dice que no lo hará, pero luego hace lo contrario. O se me oculta información o no se me dijo la verdad».

Casado lamentó que lleve 20 días enterándose de las principales actuaciones por la prensa: «No se nos puede dar información falsa, y no es posible remar en la misma dirección si nos llevan a un precipicio». Casado ve un cambio de 180 grados en el Gobierno desde que el viernes pasado aprobó el decreto de prohibición de despidos. Junto a ese decreto, el del cierre total de la actividad no esencial agrava la «inseguridad jurídica» en la economía y lleva al «cierre de empresas»: «No entendemos la deriva hacia las tesis de Podemos».

Plazo de quince días

Los populares quieren que en un plazo de quince días se modifiquen los dos decretos, sin guiarse por agendas radicales, para que no recaiga todo el coste en los empresarios, sino en el Estado. Además, exigen que se hable con cada comunidad, sector a sector, y fábrica a fábrica, para ver cada caso concreto y no caer en una generalización que puede ser demoledora. El PP propone que el Estado active «mecanismos de liquidez», que el dinero llegue en el «plazo determinado» y que se atrase el cobro de impuestos.

Casado insistió en que el PP sigue con la mano tendida y continuará apoyando las medidas sanitarias para luchar contra la pandemia, pero no puede aceptar decretos «ideológicos» que llegan como un «trágala» y que a su juicio pueden ser letales para el país. «Aquí no estamos para asaltar los cielos, sino para derrotar al virus». El líder del PP no quiso vincular su posición crítica a una posible nueva prórroga del estado de alarma, pero sí advirtió de un «estado de excepción encubierto».

Ciudadanos

En Ciudadanos (Cs) rebajan el tono, pero comparten la ausencia de consenso en las últimas medidas. Ayer Inés Arrimadas, que está esquivando los reproches al Ejecutivo desde el estallido de la crisis del coronavirus, no dudó al recomendar a Sánchez menos «improvisación» y más diálogo con oposición y agentes sociales.

Su partido apoya el cese de la actividad presencial no esencial –ya pidió al Gobierno en el último pleno que lo estudiase, pero entonces PSOE y Unidas Podemos votaron en contra–, aunque reclama más unidad de acción. Por ello, pidió a Sánchez una nueva reunión con los principales líderes políticos y, además, que se celebren de forma periódica mientras dure el estado de alarma. La presidenta de Cs ultima un documento con nuevas medidas para apoyar a los autónomos y se lo enviará hoy mismo al jefe del Ejecutivo.

Con el aviso del PP, la mayoría parlamentaria corre peligro. Los aliados del Gobierno se empiezan a distanciar y la oposición llega a la idea de que cada vez es más difícil apoyar al Ejecutivo. La unilateralidad en la toma de decisiones está detrás de esa desafección. Sánchez está pilotando la crisis en solitario, con el mando único de cuatro ministros, los otros ministros afectados por las medidas a tomar, esencialmente los económicos, y el comité técnico. Pero el Gobierno no ha buscado el apoyo de la oposición para gestionar la crisis, ni ha intentado consensuar tampoco con los gobiernos regionales. El domingo Sánchez convocó a los presidentes una vez celebrado el Consejo de Ministros que aprobó la paralización económica. No antes. Y pese a que durante la tarde se siguieron haciendo correcciones no se fue permeable a la propuesta mayoritaria: paralización paulatina y que las autonomías participasen en determinar cuáles eran las actividades esenciales en función de las especificidades de cada región.

Con los líderes del resto de partidos Sánchez sólo ha hablado en una ocasión mediante videoconferencias individualizadas. En el caso de Casado han tenido lugar sólo dos conversaciones. Es este proceder el que ha hecho que partidos como el PNV, socio preferencial esta legislatura, pero también PP y Cs, que desde el principio anunciaron su respaldo al Gobierno, sientan que están siendo utilizados. Una fuente gubernamental, informa Víctor Ruiz de Almirón, respondía ayer así: «Si abandonan al Gobierno, los españoles lo recordarán».