El reto del nuevo Gobierno: una Costa Rica más inclusiva que integre a su población migrante

Soy periodista y soy migrante nicaragüense, tengo siete años de residir en Costa Rica, un país al que agradezco la oportunidad de crecer como persona, enriqueciendo mis experiencias de vida en lo personal y lo profesional.

He podido observar y admirar todo lo que esta gran nación centroamericana ha hecho de manera ejemplar: su política de conservación ambiental, la visionaria abolición de su ejército, la construcción de su identidad como una de las democracias más sólidas y longevas del continente. Justo el pasado 3 de abril, una vez más, los costarricenses fueron a las urnas para elegir a su nuevo presidente en medio de una jornada tranquila en la que rápidamente se conoció un resultado que nadie cuestionó, gracias a un sistema electoral robusto y creíble, y a una ciudadanía que respeta y entiende el funcionamiento del sistema democrático.

Durante este tiempo he podido también notar lo que incomoda e indigna a la población, lo que se puede y debe mejorar. Uno de los asuntos que urge atender es la falta de condiciones dignas para una significativa parte de su población. En años recientes Costa Rica ha estado dentro de las economías más desiguales del mundo, según datos del Banco Mundial, mientras que Naciones Unidas ha señalado con preocupación los importantes retrocesos socioeconómicos de su población, agobiada por el desempleo (unas 330 000 personas aún se encontraban desempleadas para el primer trimestre de este año) y por la pobreza (un 26.2% de los hogares viven en pobreza).

Como bien lo plantea el politólogo Daniel Zovatto en su artículo Chaves y la democracia de Costa Rica están a prueba, “el país necesita revisar el modelo de desarrollo y su sostenibilidad, mejorar la eficacia del Gobierno y sus políticas públicas, la calidad de los bienes y servicios ofrecidos a sus ciudadanos y generar mayor inclusión y cohesión social”.

Esa pobreza, esa desigualdad y falta de empleo tienen también un rostro que muchas veces queda inadvertido dentro de las conversaciones políticas locales: el rostro migrante nicaragüense. Costa Rica era, hasta 2019, el país de las Américas con la tasa más alta de población migrante como porcentaje de su población total (10.5 %), entre la cual más del 80% es de nacionalidad nicaragüense. En un país de cinco millones de habitantes somos aproximadamente medio millón, -entre quienes residimos de manera regular, irregular, solicitantes de refugio y refugiados- los nicaragüenses que hemos llegado a lo largo de décadas.

Basta con recorrer precarios de las zonas urbanas o los cantones de las zonas costeras y rurales transfronterizas, como lo he podido hacer gracias a mi trabajo periodístico cubriendo y retratando a esta población, para darse cuenta de que los nicaragüenses en Costa Rica son parte de esa población que el sistema ha dejado atrás.

Esa realidad de la población migrante nicaragüense fue también fue capturada en el estudio realizado en febrero pasado, “Los migrantes nicaragüenses en Costa Rica, vulnerabilidad e implicaciones de su integración”, elaborado por el especialista en temas migratorios de Diálogo Interamericano Manuel Orozco y auspiciado por CONFIDENCIAL.

El estudio revela que 75% de los nicaragüenses tienen ingresos menores a 450 000 colones mensuales (unos 670 dólares, es decir 8000 dólares anuales) y casi el 90% gana menos del ingreso per cápita del país (era unos 12 000 dólares anuales en 2020). También muestra que las ocupaciones de los inmigrantes no cambian sustancialmente en el tiempo: en construcción, trabajo doméstico, servicios, es decir, empleos de baja remuneración.

Tomando en cuenta tres criterios mínimos de estabilidad o integración (tener estatus regularizado, ingreso mayor a 450 000 colones mensuales y tener cuenta bancaria), vemos que menos del 15% de la población encuestada reúne tales criterios, expone Orozco. La falta de empleo y el trámite de “papeles” son las mayores dificultades a las que se enfrentan quienes llegaron antes y a raíz de la crisis nicaragüense que estalló en 2018, afirma el estudio.

Son hallazgos muy similares a los que han arrojado estudios hechos hace una o más décadas por académicos y organizaciones locales e internacionales. No parece haber movilidad social significativa entre las personas migrantes en Costa Rica.

Durante la presentación de dicho estudio en San José, el catedrático Alberto Cortés Ramos compartió una hipótesis sobre una de las causas de esa falta de integración de la población migrante nicaragüense. Para Cortés Ramos, Costa Rica define su ciudadanía en torno a la nacionalidad de las personas y no en torno a quienes habitan su territorio. “Es un país de inmigración, pero no termina de asumirse como una sociedad que tiene un componente importante de migración”, dijo.

En esa línea, durante la primera ronda presidencial, el entonces candidato Rodrigo Chaves, dijo a CONFIDENCIAL que en su plan de Gobierno “el principal elemento en la política exterior y la política migratoria es buscar el bienestar de los ciudadanos costarricenses”. Además, aseguró que, de llegar a la presidencia, otorgaría “un beneficio en la inmigración de nicaragüenses para que ellos se regularicen”.

Un mecanismo para agilizar la regularización de la población nicaragüense, en particular del reciente y significativo flujo de solicitantes de refugio, sería una medida crucial para propiciar una mejor integración de esta población. Ojalá se concrete y que sea la primera de otras que el presidente Chaves y su gabinete tengan en cuenta dentro de su meta de hacer de Costa Rica un país más equitativo y justo.

Es importante que esa búsqueda del bienestar de la que habla Chaves no sea solo para la ciudadanía costarricense, sino más bien para todas las personas habitantes, y ello pasa por integrar de manera transversal, en la teoría y en la práctica, a la población migrante en las distintas políticas públicas que crean las autoridades. Significa considerar dentro de la práctica estatal la realización de encuestas y estudios para obtener datos desagregados y más específicos de esta población, para así comprender mejor los obstáculos que enfrentan por el propio hecho de ser migrantes. Implica la propuesta de soluciones desde una visión sensibilizada y consciente de las necesidades particulares de esta población. Los Gobiernos anteriores han hecho importantes esfuerzos en esta dirección, pero es evidente que aún falta cerrar brechas para lograr que esta población supere rezagos importantes.

La población migrante ama, respeta, admira y agradece a este país por haberle abierto las puertas de manera incondicional e ininterrumpida y por haberle acogido, por haberle dado oportunidades y refugio. De igual manera, le aporta y enriquece, con su trabajo – esa mano de obra imprescindible en sectores como el agrario o el de la construcción-, también con su cultura y diversidad.

La población migrante pertenece, es parte de Costa Rica y, por tanto, desea, tanto como los costarricenses, que a las nuevas autoridades les vaya bien y que el país salga adelante. Para eso se necesita que todos los que lo habitamos seamos tomados en cuenta por el futuro Gobierno. Una mejor y mayor integración de la población migrante hará de este un país no solo más próspero, sino también más democrático.

Texto original fue publicado en La Nación de Costa Rica