El Salvador, la guerra continua 25 años después de firmar los acuerdos de paz
El conflicto bélico de El Salvador (1980-1992) dio paso a una etapa no menos sanguinaria con la proliferación de las pandillas, que en su afán de dominar el país presionan al Gobierno con asesinatos cuya cifras supera, en ocasiones, la media de víctimas diarias de aquella guerra.
Un cuarto de siglo después del conflicto, la violencia de las pandillas, especialmente la Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, genera no solo muertes, sino también problemas económicos y sociales que impiden que el país prospere como se esperaba tras la firma de los Acuerdos de Paz el 16 de enero de 1992.
Aquella guerra concluyó con 75.000 muertes, lo que significa una media mensual de 521 víctimas, mientras que los asesinatos vinculados a las pandillas llegaron a superar ese dato alcanzando los 556 asesinatos de media al mes en 2015, el año más violento de la historia reciente del país.
Las peligrosas maras o pandillas son unas organizaciones criminales que cuentan con decenas de miles de miembros, armamento de guerra y que se diseminan por todo el país.
Las autoridades les atribuyen crímenes atroces, masacres, así como la extorsión de miles de pequeños comerciantes salvadoreños, transportistas e incluso familias.
Ningún Gobierno ha logrado acabar con una lacra que coloca a El Salvador en el podio de los países más violentos del mundo, lo que complica las inversiones, el turismo y el desarrollo económico.
El actual Ejecutivo presidido por Salvador Sánchez Cerén sostiene que las pandillas declararon una guerra al Gobierno para lograr prebendas, tanto para pandilleros presos como para aquellos que están en libertad.
En respuesta, implementa desde abril de 2016 una serie de “medidas extraordinarias” de seguridad, que consisten en el incremento de efectivos policiales y militares destinados, exclusivamente, al combate de las pandillas.
Esa estrategia, ha dicho el Gobierno, permitió reducir el número de homicidios a 5.278 en el 2016, 1.393 menos que el año anterior de acuerdo a las cifras oficiales.
El enfrentamiento frontal con las pandillas que promueve Sánchez Cerén contrasta con la estrategia implementada por su antecesor y correligionario del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) Mauricio Funes (2009-2014), cuyo Gobierno avaló una tregua entre pandillas que logró que los asesinatos bajaran de 4.382 a 1.050 al año durante su mandato.
Según diversos analistas, la tregua solo sirvió para que las pandillas se rearmaran y pasaran a la historia con su particular récord de homicidios en el 2015: un total de 6.671.
El miedo permanente empuja a miles a emigrar de El Salvador, especialmente hacia Estados Unidos, donde viven cerca de 3 millones de salvadoreños, dato alarmante para un país que cuenta con unos 6,5 millones de habitantes.
La violencia crea una espiral de problemas de difícil solución y alimenta la pobreza.
Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2015, el 34,9 % de los hogares no cuentan con ingresos para cubrir las necesidades básicas.
Los compromisos adquiridos en los Acuerdos de Paz, lejos de fortalecerse, se desvanecieron con el paso del tiempo, especialmente en lo referente al respeto de los derechos humanos y a las políticas socioeconómicas.
En 1997, el entonces secretario general de las Naciones Unidas Butros Ghali, señaló que el grado de cumplimiento de los acuerdos era “aceptable”, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido.
No obstante, comparando datos, tanto en cumplimiento de derechos, progreso económico y social, y seguridad, se deduce que los sucesivos Gobiernos no continuaron su labor para hacer realidad lo que un día firmaron en Ciudad de México.
El Salvador sigue siendo, 25 años después de la firma de la paz, un país pobre, violento, inseguro y con escasas miras de prosperar a corto plazo.
