ELN sigue asesinando en Colombia mientras “negociación” cuesta USD $658 mil al mes
Asimismo, reveló ante el Congreso de la Republica que el Gobierno también ha denunciado que el ELN sigue sembrando minas antipersona en las zonas de Antioquia, Choco, Arauca y Nariño. (Flickr)
El Senador por el Centro Democrático, Alfredo Ramos, cuestionó el papel del comité negociador del Gobierno con el ELN, asegura que el pago de los delegados es excesivamente costoso y que hasta ahora no hay avances sustanciales en la negociación, tras la ruptura del cese al fuego por parte del grupo guerrillero del ELN.
Ramos señaló lo grave que viene pasando con la guerrilla del ELN y haciendo relación las FARC dijo, “Otro grupo criminal, terrorista, al que se le va a dar seguramente impunidad y al que le vamos a quedar debiendo curules y una gran cantidad de dadivas y gabelas que pagaremos los colombianos con nuestra institucionalidad democrática, por un lado, y también con nuestros recursos”.
Declaró que los delegados del Gobierno ante el ELN no han hecho nada. “un grupo de ocho personas que lo único que buscan es llevarse la plata de los colombianos y con 28 contratos en unas negociaciones sin ningún fruto”, aseguró.
“Más de USD $ 6,600 (COL$ 20 millones) mensuales es lo que cuesta al país en promedio cada negociador con el ELN, lo que significan casi USD $ 658 mil (COL$ 2.000 mil millones) pagados por los colombianos sin que vean fruto alguno desde febrero hasta septiembre de 2017”.
El senador uribista asegura que desde la instalación de la fase pública, en octubre de 2016, y hasta julio de 2017 han pasado 4 ciclos en los que hasta el momento nadie sabe qué ha pasado, porque no se rinde cuentas, y mientras tanto el ELN sigue cometiendo crímenes. Sostuvo que los que se muestran a favor del proceso prefieren a los guerrilleros del ELN “echando lengua en el Congreso que echando bala”, dijo que él si los prefiere ver en la cárcel que en el Congreso dando cátedra de supuesta buena política, “aquí seguramente les darán impunidad”.
A la fecha enero – julio del presente año, el ELN lleva 59 ataques, asegura el senador. 39 ataques a la infraestructura, 13 homicidios, 46 heridos de la población civil, y 53 secuestros.
Asimismo, reveló ante el Congreso de la Republica que el Gobierno también ha denunciado que el ELN sigue sembrando minas antipersona en las zonas de Antioquia, Choco, Arauca y Nariño.
Manifestó que el asesinato en pleno cese bilateral del gobernador Aulio Isarama Forastero del resguardo Catru Dubaza Ancoso del Alto Baudó va a generar una “cumbre del terror” en Quito. Y, además, agregó, que con la compañía de las FARC en Ecuador, se celebrará una “cumbre de la impunidad”.
El senador Alfredo Ramos finalmente exhortó a la Contraloría General de la Republica a rendir un informe sobre qué es lo que está ocurriendo con la plata de los colombianos, ya que asegura que no hay voluntad por parte de la guerrilla del ELN y los negociadores seguirán dilatando el proceso para ganar dinero, explicó el senador del Centro Democrático.
La Oficina del Alto Comisionado para la Paz se pronunció sobre la muerte del gobernador indígena en manos del ELN, condenaron el hecho ocurrido el pasado 25 de octubre ratificado por el mismo grupo guerrillero.
Asimismo, el Gobierno Nacional pidió al ELN la comunicación del caso para así avanzar en las investigaciones, “que se produzca la actuación judicial oportuna y se condene a los responsables”.
El Alto Comisionado de Paz, Rodrigo Rivera, dijo que es extremadamente grave la muerte del gobernador indígena y que dicha situación será evaluada en la mesa de negociación en la ciudad de Quito, Ecuador. El Alto Comisionado concluye que “deberán analizarse las palabras de reconocimiento y petición de perdón por parte del Frente Occidental del ELN y su compromiso de no repetición de hechos como este”.
El jefe negociador del Gobierno, Juan Camilo Restrepo, a través de su cuenta de Twitter dijo “Deplorable desde todo punto de vista. Y decepcionante”. También solicitó una declaración del mecanismo de seguimiento y verificación del cese al fuego, formado por las partes, la ONU y la Iglesia católica, sobre el que consideró un “crimen repudiable”.
