Gehard Cartay Ramírez: Barinas y la pulsión fraudulenta del chavomadurismo

    El régimen ha reiterado –a propósito del evento electoral del 21 de noviembre pasado– la pulsión fraudulenta que practica desde hace dos décadas.

     Esta vez la acompañó de una maniobra que también le ayudó: la que articuló conjuntamente con sus socios “alacranes”, a quienes –luego de entregarles las tarjetas electorales, símbolos y bienes de AD, Copei, PJ y VP, usurpadas a sus autoridades legítimas– seguramente conminó para que postularan sus propios candidatos a gobernadores y alcaldes. El resultado final fue el mismo que el régimen se había trazado: al dividir el voto opositor y confundir a muchos electores, los candidatos “alacranes” facilitaron la elección de los postulados por el chavomadurismo en la mayoría de los estados y en una buena cantidad de municipios.

     Pero uno de los estados en donde las cosas no le salieron como el régimen había previsto fue Barinas, cuna de Hugo Chávez y región donde su familia ejerce el poder –para no decir que gobierna, lo cual en modo alguno han hecho– desde hace ya 23 años, en una sucesión de traspasos de gobernadores que comenzó con su propio padre y luego continuó con sus hermanos Adán y Argenis hasta que finalizó este martes pasado, con la renuncia de este último al cargo luego de su derrota como candidato a la reelección.

     Existen, además, otras razones de orden geopolítico, económico y militar por las que también el régimen hará todo lo posible para evitar que un opositor asuma como gobernador: sin ser un estado fronterizo, Barinas está muy cerca de los límites con Colombia, hay una presencia activa de la narcoguerrilla, y algunos testaferros y “enchufados” han comprado grandes extensiones de fincas agropecuarias. 

     Aquí en Barinas, a pesar de las trampas, el ventajismo, el abuso de poder y demás elementos fraudulentos, así como de la candidatura divisionista presentada por los partidos “alacranes” (la de Rosales Peña, un exgobernador adeco de 83 años), el abanderado de la MUD, Freddy Superlano, logró derrotar a Argenis Chávez, candidato del PSUV, por una pequeña diferencia, sin duda, pero clara e inobjetable, como lo anunció el CNE e, incluso, lo reconocieron la Sala Electoral del TSJ y el propio vencido.

     Sin embargo, para el régimen era inadmisible que fuera derrotado el chavomadurismo en la tierra de Chávez y su familia. Por eso, desde el mismo día del evento electoral del 21N, decidieron no aceptar su revés. Le dieron largas a los escrutinios con excusas absurdas, alegando que no habían llegado tres actas de Arismendi, el más lejano y despoblado municipio del estado, y otras maniobras para prorrogar el conteo de los votos mientras en Caracas cuadraban “jurídicamente” la manera de desconocer el triunfo de la oposición barinesa.

     Así transcurrió una semana, y mientras la junta electoral nacional del CNE terminaba los cómputos respectivos –que ratificaban la victoria del candidato de la MUD en Barinas–, vino sincronizadamente el veloz zarpazo de la Sala Electoral del TSJ madurista, luego de que un dirigente “alacrán” de la región interpusiera “un amparo constitucional con solicitud de medida cautelar” contra el vencedor del proceso, Freddy Superlano, a los fines de invalidarlo como candidato (¡!). Con una prisa asombrosa se produjo la decisión de la llamada Sala Electoral y, aparte de “inhabilitar”(¿?) al vencedor, resolvió también dejar sin efecto las elecciones de gobernador y convocar un nuevo proceso electoral para el nueve de enero próximo. Justicia exprés y “a lo Jalisco”.

     De esa manera desconocieron la voluntad de los barineses y demostraron una vez más sus prácticas fraudulentas, porque acudir al recurso inconstitucional de una “inhabilitación política” dictada por la Contraloría chavomadurista resulta algo inaceptable. Ya se ha dicho que esa figura no existe en la legislación venezolana como sanción administrativa, pues sólo procede en caso de una sentencia definitivamente firme. Sin embargo, como es bien sabido, el régimen ha acudido a ella para “inhabilitar” a todo aquel que estime peligroso. Y ello sin considerar que, en el caso del gobernador electo, la tal “inhabilitación” fue desaplicada antes del 21N por acuerdos políticos derivados de las negociaciones en México, todo lo cual revela la falta de seriedad del régimen.

     Por cierto que no es la primera vez que un capítulo como este acontece en mi natal Barinas. Algo parecido, con las diferencias de tiempo y contexto, se registró en diciembre de 1992, cuando fui electo y proclamado gobernador, a pesar de la negativa del entonces titular –el mismo que fue postulado por los partidos “alacranes” este pasado 21N– a aceptar su derrota. La entonces Asamblea Legislativa, dominada por el candidato vencido, se negó también a juramentarme como nuevo mandatario y tuve que hacerlo ante el juez superior del estado, como lo establecía la Constitución regional vigente. Luego, en enero de 1993, el Consejo Supremo Electoral desconoció mi elección y llamó a nuevas elecciones, sin estar facultado para ello. Finalmente, en marzo, la Corte Suprema de Justicia anuló el proceso comicial de 1992 y convocó nuevos comicios para el 31 de mayo siguiente. Lo grave, en este caso, es que aquella sentencia del alto tribunal fue también descabellada al designar como gobernador interino a quien el pueblo de Barinas había derrotado, y que luego sería nuevamente candidato. Pero en esa segunda elección, al igual que en la primera, mi candidatura resultó victoriosa. 

     Ahora, casi 30 años después, una situación parecida vuelve a plantearse en Barinas, como consecuencia de la pulsión fraudulenta del chavomadurismo. Como en aquella oportunidad, ojalá que este nueve de enero se imponga la soberana voluntad de los barineses por encima de un régimen que acaba de desconocerla una vez más.