Guadalupe Sánchez / ‘Ley de nietos’: el Supremo salva la democracia

Ilustración de Alejandra Svriz

Tiene algo de justicia poética que el auto con el que el Tribunal Supremo mantiene la suspensión de los efectos electorales de la llamada ‘ley de nietos‘ sea de fecha 12 de octubre, día de la Hispanidad. Un día que conmemora una hazaña histórica universal que, desde ayer, también pasa a datar una gesta democrática.

Pero antes de explicar las razones del Alto Tribunal, conviene recordar brevemente los antecedentes. Como seguramente ya sabrán, la Ley de Memoria Democrática, aprobada por la mayoría parlamentaria, abrió la puerta de la nacionalidad a los descendientes de quienes perdieron la condición de españoles por culpa del exilio durante el franquismo. En octubre de 2022, Sofía Puente, entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, decidió que donde las Cortes pedían una causa para acceder a la nacionalidad, ella la daba por supuesta, presumiendo tanto la fecha como el motivo del exilio. El resultado: alrededor de dos millones y medio de solicitudes y cientos de miles de nuevos electores —y usuarios de nuestros servicios públicos— sin ningún tipo de arraigo con España.

La Junta Electoral Central, a la que acudieron Iustitia Europa y Vox para suspender las inscripciones en el censo, se declaró incompetente el 16 de julio. Ambos partidos llamaron entonces a la puerta del Supremo, que el 10 de septiembre suspendió cautelarmente los efectos electorales de esas nacionalizaciones, excluyendo de la medida a quienes sí que hubiesen acreditado la condición de descendientes de exiliados.

El Gobierno recurrió y, con el recurso aún pendiente, Sánchez disolvió las Cortes y convocó elecciones para el 29 de noviembre. Confiaba en que la llamada a las urnas amedrentase al Supremo y acordase el alzamiento de la cautelar, lo que habría permitido votar a los cientos de miles de beneficiados por la instrucción ilegal de una alto cargo socialista. En sus mítines más recientes, Sánchez interpeló al Supremo para que permitiese el sufragio a los nietos de los exiliados y no solo a los del franquismo. Pero esta jugada también le ha salido mal a los socialistas, tanto a nivel jurídico como propagandístico. Como hace unas semanas la de Maricarmen o, en su momento, la del «no a la guerra». Sus melodramas guerracivilistas ni vencen ni convencen.

Pero vayamos a lo que dice el auto. El Supremo tumba el recurso de reposición del Gobierno y mantiene las medidas cautelares acordadas en septiembre: quienes obtuvieron la nacionalidad por esta vía y aún no están en el censo de residentes ausentes no serán inscritos, y quienes ya lo están no votarán el 29 de noviembre. Con una excepción que en Ferraz se cuidan mucho de contar: podrán votar aquellos a quienes el encargado del Registro Consular certifique, «bajo su responsabilidad», que son de verdad descendientes de exiliados, sin aplicar la presunción que se sacó de la manga Sofía Puente.

Así que cuando el PSOE se lamenta de que se prohíbe votar a los nietos de exiliados y de que «estamos hablando de la Ley de Memoria Democrática», miente dos veces. Primero, porque no hablamos de la ley, sino de una instrucción firmada por una alto cargo sanchista que se atrevió a llegar adonde las Cortes se negaron. Segundo, porque los que de verdad han acreditado ser descendientes de exiliados sí podrán votar.

La resolución dictada ayer por el Supremo plasma por escrito una idea que debería figurar a la entrada de cada colegio electoral. Quien deposita su papeleta tiene derecho a la «seguridad y certeza» de que todos los que votan junto a él «cumplen los mismos requisitos que él». Por eso la limpieza del censo es, en palabras del tribunal, «un valor supremo del que deben despejarse las más mínimas dudas de oscuridad o irregularidad». Y por eso el derecho de sufragio, que no es absoluto sino de configuración legal (los españoles residentes en el extranjero, sin ir más lejos, no votan en las municipales), debe ceder ante el interés general cuando hay sospechas fundadas sobre cómo se obtuvo. Un censo inflado nos perjudica a todos, porque cada voto irregular devalúa el de un español que sí cumplió la ley. Votar es un derecho individual, pero la limpieza del censo es un derecho de todos.

El auto contiene, además, un rapapolvo a la Administración. Un mes después de que el Supremo ordenara separar los expedientes «limpios» de los que descansan en la presunción de Puente, no consta ni uno solo revisado. Ni uno. La Oficina del Censo asegura que no sabe identificar a quienes tiene inscritos en sus propios registros: casi 169.000 personas. Y el Gobierno, que se había guardado los datos para sacarlos cuando le convino, viene ahora a decir que cumplir es imposible y que, por favor, se levante la medida.

La respuesta del Supremo se condensa en una frase que pide mármol: «No puede alegarse imposibilidad material de ejecución de una orden judicial cuando la causa del incumplimiento reside en la propia Administración responsable de cumplirla». Y añade, por si en Moncloa lo habían olvidado, que convocar elecciones es potestad del presidente, pero cumplir las resoluciones judiciales es obligación de todos. Algo que a nuestro todavía Presidente —cuya afición por las amnistías y los indultos es de sobra conocida—, no le habrá hecho gracia.

Hay un voto particular que sostiene que, convocadas las elecciones, el daño para quienes no puedan votar es irreparable. Ante este argumento, yo me atrevo a señalar que quien ha fabricado la urgencia es un presidente que adelantó la convocatoria electoral sabiendo perfectamente lo que había sobre la mesa y con la intención de utilizar los inminentes comicios como medida de presión a la Sala Tercera.

Por lo demás, el Supremo insiste en que no adelanta el fondo del asunto. Formalmente, no lo hace. Pero quien sepa leer el auto, entiende que la contundencia de esta resolución anticipa la sentencia: la nulidad de la instrucción de Sofía Puente y, con ella, la de las nacionalidades que solo se sostienen en su firma.

No dudo de que Pumpido, a instancias del Gobierno, esté dispuesto a intentar algo. Ya lo hemos visto antes. Pero esta vez lo tiene francamente difícil, por la propia configuración legal de la legitimación para recurrir en amparo —que, en este asunto en concreto, excluye a la abogacía del Estado— y porque el Supremo ha emplazado a quienes se consideren afectados para que puedan hacer valer sus derechos. Aunque la Fiscalía y el Defensor del Pueblo sí puedan acudir al tribunal, ¿qué indefensión van a invocar en nombre de unos afectados a los que el propio Supremo ha llamado al proceso para que defiendan sus derechos? Quien quiera hacer valer su voto tiene la puerta abierta: que se persone y lo acredite.

Y no está de más recordarle algo a la mayoría progresista del Constitucional: sus resoluciones también pueden ser constitutivas de un delito de prevaricación. No lo digo yo, lo ha advertido el Supremo. Quien siembra vientos, recoge tempestades.

El 12 de octubre conmemoramos que, hace más de cinco siglos, España descubrió un nuevo mundo. Este lunes, el Supremo nos ha recordado algo más modesto, pero igual de esencial: que la soberanía reside en el pueblo español y no en las disposiciones de una alto cargo nombrada por el sanchismo. Feliz día de la Hispanidad. Y de la democracia.