Juanita León: La incertidumbre después del 7 de agosto

Los riesgos con Rodolfo

“Veo en Hernández los trazos de líderes que, con apoyo popular, han llevado a países de Europa y de América Latina por las sendas de los autoritarismos de todos los pelambres”, escribió en Razón Pública la académica María Emma Wills.

Y es que Hernández ha manifestado su desprecio por las instituciones con hechos y declaraciones públicas. Algunas declaraciones han sido sacadas de contexto, pero otras son indiscutibles.

Entre las primeras está la declaración de que se “limpia el culo con la ley”. Se trata de un audio que ha circulado sin parar en redes y que salió de una llamada que le hizo Hernández a Ruby Morales, su asesora de prensa en la Alcaldía de Bucaramanga. En esa llamada, Morales le dice que se niega a firmar un comunicado a nombre de “Manolo Azuero” (el jefe de gabinete de Rodolfo) porque su nombre es Manuel Francisco y ella cree (erróneamente) que poner el apodo por el que es públicamente conocido en un comunicado público equivaldría a una falsedad en documento público. Es cuando el Alcalde reacciona coléricamente con esa frase.

Ese episodio ha sido sobredimensionado, pero hay otras declaraciones de Rodolfo que son preocupantes. Por ejemplo, ésta, que dijo en una entrevista con Vicky Dávila en Semana: “Ese decreto (de conmoción interior) tiene que revisarlo la Corte Constitucional, pero mientras lo revisa queda en firme, mientras lo tumba, si es capaz de tumbarlo la Corte. Vamos a ver”.

Aunque probablemente la Corte se le cruzaría antes de que pudiera hacer algo, la amenaza velada al control constitucional y el desprecio por la labor democrática del Congreso evidencian una falta de aprecio por el equilibrio de poderes.

También es problemática su admiración pública por Nayib Bukele, el presidente salvadoreño que ha sido efectivo en reducir las tasas de homicidio de El Salvador pero cuyo talante autoritario ha sido ampliamente denunciado: ha destituido magistrados de la Sala Constitucional, habilitado la reelección presidencial que estaba prohibida constitucionalmente y perseguido a la prensa.

Rodolfo también dejó tirados sus cargos como concejal y alcalde. El primero, en 1992, porque tras ser elegido concluyó que era una “pérdida de tiempo ir” . Y el segundo, porque fue suspendido por la Procuraduría por hacer proselitismo a favor de su sucesor y entonces decidió renunciar para seguir haciendo política, confirmando la sanción. Esto sin mencionar que le dio una cachetada a un concejal y que parece orgulloso de ello.

Por último, en su programa hay una propuesta que puede ser muy desinstitucionalizadora. Propone para despolitizar la justicia “Transformar completamente el aparato judicial, de arriba a abajo, en una acción tan profunda que incluya una reforma constitucional.”

“Eso lo dijeron Chávez, Correa y Fujimori”, dice Rodrigo Uprimny.

Pero quizás el verdadero riesgo para la democracia que plantea Rodolfo es su ignorancia frente a múltiples temas del Estado y la ausencia de una visión estructurada sobre hacia dónde quiere llevar el país más allá de “parar la robadera”. Sus propuestas económicas, de seguridad, de implementación del Acuerdo de Paz, de política social están poco desarrolladas en su programa de gobierno y su decisión de no ir a los debates ha impedido que los explique en profundidad.

Cuando La Silla Vacía ha indagado con su campaña por estos temas programáticos, la respuesta ha sido que no hay un equipo programático y que el programa se hizo con base en lo que el ingeniero iba dictando. Y en los pocos escenarios en los que ha hablado de estos temas, es evidente su limitado conocimiento sobre ellos y sobre las complejidades del país.

“Rodolfo Hernández es un peligro porque es una improvisación total. Es un producto en formación. No tiene técnicos, no tiene intelectuales, no tiene un aparato con el qué gobernar, no tiene experiencia”, fue como lo resumió Francisco Gutiérrez en el podcast de María Jimena Duzan “A Fondo”. “El conductor de una motocicleta no puede manejar el Apolo 13”.

En su Alcaldía, tenía esas mismas limitaciones y se asesoró de expertos y los empoderó para que tomaran decisiones. Pero de Bucaramanga al país hay un trecho, y hay algunas situaciones absolutamente claves en las que la última palabra es del Presidente. Son situaciones que no exigen la solución de un problema práctico puntual sino una visión ética o un conocimiento profundo del engranaje del poder en el país. Por eso si gana, la integración de su equipo será determinante. Un Presidente tiene que nombrar directamente a tres mil personas. Y lo que demostró su búsqueda de vicepresidente es que él no conocía muchas personas de rango nacional. Además, no aceptó adhesiones como la de Sergio Fajardo, Juan Fernando Cristo y Jorge Enrique Robledo, que hubieran subsanado la debilidad de programa.

Además de esa ignorancia, hay un interrogante sobre cómo será su gobernabilidad dada la relación confrontacional que de entrada plantea frente al Congreso. Hernández cuenta con solo dos representantes a la Cámara de su movimiento en el Capitolio y aunque muchas de las 299 propuestas de su programa, centrado en la lucha contra la corrupción, se podrían materializar con directrices de transparencia y austeridad, hay otras que van más allá de las capacidades del presidente, tanto presupuestal como legalmente.

Rodolfo ha advertido que si el Congreso le pone talanqueras, él los va a exponer públicamente en una rueda de prensa semanal, como lo hizo en Bucaramanga en sus transmisiones en vivo de Facebook. “Hay que ponerlos en evidencia democrática, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, pero ponerlos en evidencia democrática”, dice.

En otras palabras, utilizará como presión lo que se conoce como “la censura de las muchedumbres”. El uso del púlpito presidencial para usar el desprestigio como mecanismo de persuasión.

En ese Congreso estará sentado Gustavo Petro, si pierde. Después de su paso a segunda vuelta, ​​el candidato del Pacto Histórico invitó a Hernández hacer “un gran acuerdo nacional” —gane quien gane— “para construir (…) caminos de consenso hacia reformas fundamentales que necesita Colombia para convivir en paz”. Si es sincera su invitación, y no una mera estrategia electoral para conquistar adhesiones de centro, y Hernández la acepta, el ingeniero tendría un mayor chance de gobernabilidad. De lo contrario, si Petro decide, como lo hizo con Iván Duque, hacer la oposición desde la calle, la gobernabilidad de Hernández será mucho más frágil. Sobre todo, si el ingeniero no logra canalizar el descontento que existe con medidas de inclusión social.

Porque el máximo riesgo institucional con Rodolfo es que es un candidato sub iudice, acusado penalmente por un hecho de corrupción y arrancaría su mandato con su futuro judicial en manos de la misma clase política que promete acabar. Lo que augura meses o años de un enfrentamiento abierto entre el Presidente y el Congreso, y la posibilidad de ser sacado del cargo antes de que termine su mandato.

El riesgo con Gustavo Petro es otro, casi que diametralmente opuesto.

El riesgo con Petro

Cuando Antanas Mockus y Claudia López adhirieron a Gustavo Petro en las elecciones del 2018, el candidato tuvo que jurar previamente sobre una “tabla de mandamientos” al estilo de la de Moisés, que entre otras cosas, se comprometía a “no expropiar, a no convocar una Asamblea Nacional Constituyente, a defender a fondo la Constitución del 91, la independencia entre las ramas del poder público y a impulsar la iniciativa privada”. Y hace menos de un año, también se vio obligado a ir a notariar que “no expropiaría” la propiedad privada.

Son gestos que evidencian la desconfianza que existe sobre el compromiso de Petro con las instituciones. Y es que el candidato del Pacto la ha sembrado a lo largo de su vida afirmando que en Colombia no existe una democracia como lo hizo durante el debate de Caracol o con declaraciones como las que hizo en la campaña anterior, cuando dijo en una entrevista que lo primero que haría es “un referendo para convocar una constituyente” como consta en un video.

En su libro autobiográfico “Una vida, muchas vidas” es bastante crítico de la Constitución del 91, a pesar de que la mayoría de militantes del M-19, la guerrilla a la que perteneció, ven en ella uno de sus principales legados. Y que en sus declaraciones públicas y en su programa de gobierno para esta campaña la ha elogiado y se ha comprometido a profundizar sus postulados.

Durante su Alcaldía, Petro demostró su desprecio por el Concejo de Bogotá. Por ejemplo, cuando esta corporación aprobó la construcción de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO), Petro se opuso porque afectaba los humedales sin presentar a la corporación un cambio a lo acordado, como era el camino institucional. Y declaró: “No vamos a hacer esta vía. Primero, túmbennos: usen la Fiscalía, la Contraloría, la Personería, y túmbennos. Y, después, sí pueden hacer la ALO”.

También ignoró las advertencias de que cambiar de un día para otro el modelo de aseo del distrito violaba la libre competencia. Lo dijeron la Contraloría, la Procuraduría, la Comisión de Regulación de Aseo, la de Superservicios y los prestadores del servicio, y aún así lo hizo contra viento y marea con un desenlace costoso en multas millonarias para la ciudad pagadas por los contribuyentes y desgaste institucional y personal de los funcionarios involucrados y de él mismo. Y también ignoró las advertencias cuando decidió entregar a dedo el contrato de la máquina tapahuecos a Green Patcher Colombia o cuando procedió a comprar a dedo 100 motos eléctricas para la Policía, cuya adjudicación anunció en una ceremonia cuando ni siquiera se habían hecho los estudios previos.

Y cuando el procurador Alejandro Ordóñez lo destituyó arbitrariamente del cargo, Petro promovió una tutelatón que inundó los juzgados de la ciudad, y convocó una movilización callejera en su defensa. Un recurso que en un debate televisado de Caracol dijo que volvería a utilizar si el Congreso no le aprobaba las reformas que proponía.

Igual a Hernández, ha anunciado que declararía un estado de excepción: uno de emergencia económica para combatir el hambre causada por la pandemia, lo que le permitiría legislar sin pasar por el Congreso, suponiendo que la Corte Constitucional avale un hecho “sobreviniente” anunciado con un año de anterioridad. Y, por último, está la desconfianza que lleva sembrando hace décadas en el sistema electoral, cantando que le van a hacer fraude o que se fragua un golpe deEstado en su contra sin mayor evidencia para luego de ganar dejar pasar el tema como si nada.

Pero quizás el verdadero riesgo que plantea Gustavo Petro para la democracia es la combinación de lo que el exmininistro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, llama su “agenda negativa” con los problemas de ineptitud gerencial que ha exhibido.

“Petro tiene una agenda muy fuerte de destrucción de las cosas en las que no cree, antes de hacer una agenda de construcción: el petróleo, el sistema financiero para tener una banca pública fuerte, el sistema de salud, el de pensiones. Puede que quedemos con la agenda de destrucción y no pueda hacer la de construcción porque en cuatro años nadie alcanza”, opina Echeverry.

Petro arranca su mandato sin una mayoría en el Congreso, pero como lo demostró en Bogotá y en su campaña, él no siente asco por las componendas políticas para armar una coalición. De los 108 senadores, la bancada alternativa tiene solo 40 curules. Y en la Cámara, de 166 representantes, no tiene más de 62. En todo caso, tendría que negociar con los partidos tradicionales para alcanzar las mayorías mínimas para aprobar cualquier reforma.

También hay varias medidas que puede tomar sin tener que pasar por el Congreso, y es allí donde radica el peligro de que logre destruir rápidamente cosas que tienen problemas pero que funcionan y que no logre sustituirlas por una alternativa viable.

Por ejemplo, podría con un decreto provocar la salida de las EPS privadas creando un giro directo del Estado a los hospitales. O introduciendo la directriz de que el regulador coadministre las reservas técnicas de las EPS. Esto introduciría una incertidumbre en el sistema pues la probabilidad de que funcione en manos del Estado en cuatro años es una incógnita.

El mayor riesgo está en los cambios que le introduzca al sistema de pensiones. El artículo 189 de la Constitución dice que el presidente puede intervenir en cualquier actividad “relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos provenientes del ahorro de terceros de acuerdo con la ley” y existe un debate entre abogados de si Petro podría echar mano de esa facultad para convertir los billonarios recursos de los fondos privados en caja menor del Gobierno, sin que sea la Corte Constitucional, sino el Consejo de Estado con sus largos tiempos de revisión, el que le haga control a esta medida.

Fuera de las señales negativas que estas transformaciones profundas podrían traer a los inversionistas y al mercado, las promesas de su plan de gobierno cuestan 176 billones, 157,1 billones más de los que ha dicho el candidato del Pacto frente a los televidentes.

Como sucedió cuando fue elegido Alcalde, el candidato ha ido reduciendo la ambición de las promesas que consignó en su programa de gobierno, y para cumplir con esa versión más “austera” necesitaría 59,4 billones, 9,4 billones más que la reforma tributaria que quisieran hacer, que ya sería tres veces más ambiciosa que la última de Duque.

El aumento desmesurado del déficit fiscal y una señal negativa para los inversionistas podrían llevar al país a una situación inflacionaria peor de la que vivimos actualmente. La sola caída del dólar en 200 pesos al día siguiente de la primera vuelta es una evidencia de la falta de confianza del mercado en un gobierno petrista.

Y está un último riesgo, que tiene que ver con el estamento militar y la reacción que tenga a la profunda transformación que ha anunciado Petro para la Fuerza Pública. Desde desaparecer el Esmad hasta sacar a la Policía del Ministerio de Defensa pasando por cambiar la doctrina de seguridad nacional para que no combata “el enemigo interno”. Esto, sin mencionar, sus posiciones ambiguas sobre el “perdón social” y la ausencia de cualquier mención en su programa de gobierno a enfrentar militarmente a las disidencias. Las declaraciones del general Zapateiro en su contra —en una demostración de beligerancia política militar sin precedentes que fue muy criticada— son la punta del iceberg de una desconfianza profunda que le tienen los militares.

Petro ha moderado su discurso desde que ganó la consulta del Pacto Histórico, y muchos intelectuales y varios economistas —como Rudolph Hommes o Salomón Kalmanovitz— han dicho que votarán por él, así sea con dudas.

¿En dónde radican las reservas de muchos? En el miedo de que Petro resulte un impostor y que con el transcurso de los meses, los moderados abandonen su proyecto como sucedió cuando fue Alcalde y se quede solo con la línea radical del Pacto, que ha hecho gala de su sectarismo en esta campaña. Que así como sacó un “Manifiesto por una campaña limpia” en la que se compromete con luchar contra las fake news y en no descalificar a sus adversarios, quedó claro en los videos filtrados de su campaña que asiste a reuniones estratégicas en las que planean una guerra sucia contra sus rivales.

 Los contrapesos

En todo caso, algunos de los miedos más extremos sobre los candidatos hay que redimensionarlos.

El próximo Presidente de Colombia, sin importar cuál de los dos es, va a tener varios contrapesos institucionales: un Congreso, en el que para armar mayorías tendrán que negociar sus posturas más radicales; un Banco de la República con autonomía y en el que arrancan solo con tres miembros de siete (los dos que nombra más el ministro de Hacienda y solo al final de su mandato en 2024 eventualmente el gerente); una Corte Constitucional en la que si bien cambiarán seis de los nueve magistrados, el próximo Presidente solo podrá ternar dos que serán elegidos por un Senado en el que de entrada no cuenta ninguno de los dos con mayorías. Y una Constitución Política que tiene unas talanqueras importantes para controlar los impulsos autoritarios.

¿El próximo presidente quiere cerrar el Congreso? No hay una vía institucional para hacerlo, como si existe en países vecinos. Tendría que dar la orden a los militares que impidan la entrada de los congresistas. Es decir, volverse un dictador. Es un escenario improbable pues ninguno de los dos tiene cercanía con las Fuerzas Armadas, y los militares colombianos no tienen una tradición golpista.

¿Quiere gobernar vía estados de excepción? Aún si lo intentan, la Corte Constitucional tendría el control automático del decreto que declara el estado excepcional y antes de un mes puede hacer dos cosas: ordenar como medida cautelar que no ejecute nada en desarrollo del estado excepcional hasta que revise la constitucionalidad de la medida. O tumbar el acto que la convoca, con lo cual se caen de manera retroactiva todos los decretos que se le derivan como sucedió con la ley de garantías de Iván Duque. Es decir, el Presidente tendría que actuar a una velocidad exprés para poder hacer grandes cambios amparado por un decreto eventualmente ilegal antes de que la Corte se lo tumbe.

¿Quiere convocar una Asamblea Constituyente para eternizarse en el poder? Es posible, pero bien complicado. El Presidente requiere que el Senado lo apruebe con más de 55 votos y la Cámara con 87, una mayoría grande para cualquiera que sea elegido. Y luego necesita que la Corte Constitucional avale la convocatoria, y que los ciudadanos lo apoyen, en una votación en la que participe por lo menos el 75 por ciento del censo electoral (en las elecciones suele votar alrededor del 55 por ciento del censo).

Cómo sopesen los indecisos estos miedos e incertidumbres será lo que al final inclinará la decisión final el domingo.