Julio César Moreno León: La votación fraudulenta no fortalecerá a la dictadura

La elección fraudulenta convocada por el Régimen para el domingo 21 de noviembre cuenta con la participación de los partidos agrupados en el G-4 y en la Plataforma Unitaria.

La decisión de acudir a esa jornada oficialista se produjo, a pesar de Juan Guaidó, quien reiteradamente denunció las condiciones fraudulentas de esa convocatoria cuando hacía campaña por su olvidado Plan de Salvación Nacional. Por cierto, en esa campaña estuvieron presentes los mismos partidos que sorpresivamente cambiaron de rumbo al convocarse los encuentros de México. De manera que, en términos coloquiales, puede decirse que a Juan Guaidó esos inconsecuentes grupos políticos lo dejaron colgando de la brocha.

Recordemos que los diputados integrantes de la legítima Asamblea Nacional aprobaron la ley del Estatuto de Transición que dio el piso legal  al interinato y al Presidente (e) de la República. Sin embargo, dando pasos acelerados hacia una apurada convivencia con el Régimen, esos mismos diputados, militando ahora en una obsecuente oposición, acuden al evento convocado por un CNE tan ilegítimo como el Parlamento oficialista que lo eligió.

Obviamente que aquellos candidatos del G-4 y de la Plataforma Unitaria cuya elección sea aceptada por el CNE de la dictadura, automáticamente pasarán a formar parte del engranaje administrativo oficial en el actual gobierno de facto que preside Nicolás Maduro.

Y de esa manera esta fraudulenta elección incorporará en el sistema político establecido por el Régimen a los mismos partidos que, basados en el artículo 333 de la Constitución, prometieron, insinceramente, a los venezolanos luchar contra la usurpación y liderar una etapa de transición que suponíamos destinada a culminar exitosamente con la realización de elecciones libres.   

Esta injustificable voltereta electorera es  producto de conversaciones secretas que venían realizando el oficialismo y sectores de las cúpulas del G-4. Por ello, el pasado 24 de julio en ocasión del 16 aniversario de Telesur, Nicolás Maduro daba a conocer la noticia, afirmando que se iniciaban “diálogos por la paz y la Constitución con todos los sectores de la oposición venezolana “.

Ratificando aquel anuncio el 13 de agosto, en México, Jorge Rodríguez y Gerardo Blyde firmaron un Memorandum de Entendimiento en el que la Plataforma Unitaria reconoció a Maduro como el Presidente legítimo de Venezuela, renunciando desde  ese momento a la representación del gobierno interino para convertirse en lo que la dictadura llama despectivamente “una de las oposiciones venezolanas”.

En esa ocasión Rodríguez y Blyde informaron  que el Memorandum de Entendimiento y el programa a discutir es producto de largas jornadas de trabajo celebradas, con la asesoría de Noruega y en estricta reserva, por el oficialismo y las cúpulas de los partidos representados en la prefabricada cumbre mexicana.

En el texto de ese documento se proclama una idílica “convivencia política y social” a desarrollarse mediante lo que el mentado texto llama “diálogo y negociación integral e incremental”. Y como si se tratara de dos sectores políticos con las mismas convicciones y los mismos valores ideológicos, se proponen ambas partes dialogar bajo el amparo de la Constitución Bolivariana, con el fin de reorientar y reinstitucionalizar nuestra vida republicana.

Sin embargo, lo  cierto es que más allá de  ese inútil intento de normalizarle la vida al sistema establecido utilizando los diálogos de México, la dirigencia oficialista se encuentra involucrada en juicios penales, y en investigaciones de terrorismo, lavado de dinero y corrupción en Estados Unidos, Ecuador, Colombia. Italia, Suiza, Portugal y España. Siendo estos algunos de los países afectados por el más grande entramado político-delincuencial que haya conocido el planeta.

Y como consecuencia de esos graves hechos, el inicio de la investigación formal en torno a delitos de lesa humanidad cometidos durante el gobierno de Nicolás Maduro anunciada el pasado 3 de noviembre por el Fiscal Jefe de la Corte Penal Internacional Karim Khan, la detención de Hugo Carvajal en Madrid y la extradición de Alex Saab a los Estados Unidos, constituyen los más graves acontecimientos ocurridos al régimen chavista en sus más de veinte años de existencia, y dan un giro a la situación venezolana hacia un derrotero con características impredecibles.

Lo cierto es que las fraudulentas elecciones de este domingo no fortalecerán a la dictadura. Sus amañados resultados tan solo evidenciarán los caprichosos acomodos burocráticos, estructurados desde las cúpulas del gobierno y de las oposiciones que se prestaron a la farsa.

Por su parte el presidente Guaidó declara su rechazo a las falsas votaciones argumentando que no existen las condiciones que hagan del evento del 21 de noviembre  unas elecciones libres, justas y verificables. Asimismo, los Estados Unidos desconocen ese proceso y ratifican su apoyo al interinato que concluirá cuando sea restituida la democracia, mediante la realización de verdaderas elecciones libres y democráticas.