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La alianza de Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos

Como en el corrido mexicano, las FARC no estaban tan muertas

Hablábamos el pasado domingo aquí del valor de la Prensa libre («El comunismo chino tiene miedo» ABC, 22-03-2020), lo que generó las protestas de aquel Gobierno al corresponsal de ABC en Pekín, Pablo M. Díez. Esta semana hemos tenido otra muestra muy relevante del valor de la información libre y veraz frente a las tiranías. El pasado jueves, la Fiscalía de los Estados Unidos -o lo que es lo mismo, el Gobierno, porque el fiscal general es miembro del Gobierno- acusó al presidente de Venezuela de narcotráfico. Es verdaderamente excepcional que se haga una acusación así a un jefe de Estado en ejercicio. La última vez que lo hizo Washington fue en diciembre de 1989 contra Manuel Antonio Noriega, dictador de Panamá, y aquello acabó con la invasión del país y el narcotirano pasando dos décadas en la cárcel en Miami antes pasar por la parisina cárcel de La Santé.

Lo que ahora ha confirmado el Gobierno norteamericano es algo que ya se anticipó en las páginas del ABC hace más de cinco años y que desató la furia del Gobierno venezolano. Furia que degeneró en ira cuando unos meses después «The Wall Street Journal» publicó también que Diosdado Cabello estaba siendo investigado por narcotráfico y lavado de dinero. Cabello presentó en 2016 una querella por difamación contra el «Journal» y el caso fue archivado en 2017. La verdad acabará sabiéndose con todo detalle.

Pero hay otra parte de la denuncia de la Fiscalía General de los Estados Unidos a la que se ha prestado menor atención. Entre los 14 acusados contra los que se han presentado cargos hay dos colombianos. Y de esos no quieren hablar la mayoría de los medios porque son unos dirigentes del las FARC que hace unos años eran jaleados en casi todos los medios de comunicación occidentales. Uno de ellos es Luciano Marín, alias «Iván Márquez» y el otro Seuxis Paucís Hernández Solarte, alias «Jesús Santrich». Iván Márquez fue el jefe de las FARC que negoció el llamado Acuerdo de Paz que se firmó en Cartagena de Indias el 26 de septiembre de 2016. Santrich fue uno de los delegados de las FARC en las negociaciones de La Habana. Y uno de los beneficiados con un escaño en el Congreso colombiano sin necesidad de competir por él en las urnas. Ambos decidieron volver a la selva después del cambio de Gobierno en Colombia con la victoria de Iván Duque.

Estos dos padres de un «acuerdo» que el pueblo colombiano rechazó y Juan Manuel Santos impuso siguen activos en las FARC y colaboran con el narcotráfico del Cartel de los Soles, del que hablamos en ABC por primera vez en enero de 2015. Ya sabemos que rápidamente se atribuyó a Márquez y Santrich la condición de «disidentes» de las FARC. Lo que no dice nada bueno de con quién negoció el Gobierno de Santos. Pero ahora vemos que una buena parte de la querella de la Fiscalía norteamericana se funda sobre la colaboración en la actualidad del Gobierno de Nicolás Maduro y las FARC. Las FARC que ya no existían, las FARC cuya desaparición le valió el Nobel de la Paz a Santos. Pues como en el corrido mexicano, no estaban tan muertas.

Fueron muchos los que quisieron creerse la gran mentira del acuerdo de paz de Santos y las FARC. La realidad es otra. Era una forma de dar una salida sin penas efectivas de prisión a muchos criminales sanguinarios, y era una forma de procesar a muchos militares colombianos que sólo intentaron mantener la legalidad. Santos le dio la victoria a las FARC. Y por cierto, el principal asesor jurídico de las FARC en La Habana, Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España, se sube estos días a la tribuna del semivacío Congreso de los Diputados de España a dar lecciones de cómo afrontar una crisis. Forma parte de la coalición que hoy gobierna España.

 

 

 

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