La asamblea en la que las Farc les entregaron bienes a testaferros
Los supermercados fueron saqueados por manifestantes tras la captura de los hermanos Mora Urrea. / EFE
En plena zona de distensión de San Vicente del Caguán, mientras las Farc hablaban de paz con el gobierno de Andrés Pastrana, el grupo ilegal habría elegido al clan familiar Mora Urrea como el supuesto guardián de sus bienes. Sus miembros se han declarado inocentes.
Detrás de la controversia que se desató esta semana tras la captura de varios miembros de la familia Mora Urrea, señalada de ser supuestos testaferros de las Farc, con lo que se demostraría que el grupo no habría declarado multimillonarios bienes tras la firma del Acuerdo de Paz, hay una larga historia que se remonta 17 años atrás en la zona de distensión de San Vicente del Caguán. Para entonces, la organización subversiva tenía las “caletas” tan llenas, producto del narcotráfico y de los secuestros, que no tenían cómo ni dónde esconder el dinero. No les quedó otra opción que ampliar su red de testaferros.
Fue entonces cuando Pedro Antonio Marín Marín, alias Tirofijo, máximo jefe del grupo ilegal, convocó a todos los comandantes de los frentes del bloque Oriental a una asamblea. El objetivo era elaborar una lista con personas de confianza que pudieran prestar sus nombres para encomendarles el cuidado de su fortuna.
La historia que reconstruyeron los investigadores de la Fiscalía cuenta que representando a los frentes 51 y 53, con influencia en el páramo de Sumapaz (Cundinamarca) y en el departamento del Meta, acudieron Henry Castellanos Garzón, alias Romaña, y José Manuel Sierra, alias el Zarzo Aldinever. La reunión fue la oportunidad para que estos jefes guerrilleros le explicaran a Víctor Julio Suárez Rojas, alias Mono Jojoy, cómo manejaban las finanzas de sus frentes y quiénes podrían ser colaboradores de confianza para poder encomendarles la tarea de administrar sus dineros. Sin titubear ambos, no sólo dieron un nombre, sino que supuestamente mencionaron a toda una familia: los Mora Urrea.
Al parecer, para los miembros del Secretariado dicha familia no era desconocida y avalaron su vinculación a la red de testaferros del grupo ilegal. El pacto se selló en la zona de distensión de San Vicente del Caguán, justo cuando las Farc adelantaban diálogos de paz con el gobierno de Andrés Pastrana.
Coincidencialmente en esa época comenzó el despegue empresarial de esta familia integrada por la madre María Bertilda Urrea y los hermanos Noberto, Alirio, Uriel, Leonardo y Edna Mora Urrea, quienes actualmente tienen una fortuna que asciende a casi $650.000 millones, representada en varias cadenas de supermercados y otros negocios con presencia en cuatro departamentos.
De vieja data
El expediente de la Fiscalía, al que tuvo acceso El Espectador, se concentra en los hermanos Norberto y Luis Alirio Mora Urrea, de quienes dice que frecuentaban los campamentos de los frentes 51, 53 y 55 y la compañía móvil Abelardo Romero. “Todos eran del bloque Oriental, permeados por el poder de alias Romaña, que tenía controladas las zonas de Lejanías, San Juan de Sumapaz, Mesetas, entre otras”. Las indagaciones encontraron que Luis Alirio era supuestamente muy cercano a ellos.
Según el ente investigador, él sería el responsable de propiciar un sinnúmero de secuestros en Bogotá. “Era quien otorgaba información sobre personas a las que podían secuestrar, actividad por la cual recibía comisiones del grupo guerrillero”.
Además, de María Ana Bertilda Urrea y su esposo, Uriel Mora (ya fallecido), se dice que tenían un almacén de víveres en el municipio de San Juan del Sumapaz, con el que al parecer abastecían a la guerrilla. La mujer, que fue la cabeza del negocio, “influyó en las más altas esferas de las Farc. Tenemos pruebas (de) que durante la zona de despeje del Caguán visitó por una semana a alias el Mono Jojoy en su campamento”.
De tener un negocio pequeño en Sumapaz, el clan Mora Urrea pasó a tener un millonario negocio conformado por una red de supermercados que, según la Fiscalía, crearon por “encargo y con dineros de las Farc”. Los datos consignados en el informe de los investigadores sostienen que los supermercados eran parte del plan estratégico del grupo guerrillero, pues, además de permitirle abastecerse, fijaba un mecanismo para blanquear activos y ocultar parte de su fortuna.
Un negocio familiar
Al hacer un rastreo histórico de las empresas de la familia Mora Urrea, se encuentra que el primero en registrarse oficialmente como comerciante fue Luis Alirio Urrea, quien en octubre de 1996 se matriculó como persona natural ante la Cámara de Comercio de Bogotá y luego reportó como suya la empresa Huevos San Andrés, que tenía como objeto inicial el comercio al por menor de productos lácteos y huevos, pero luego amplió su objeto social a las actividades inmobiliarias.
En marzo de 1997 fue el turno para su hermano Norberto, quien se registró ante la Cámara de Comercio y reportó Café Superfino como su primer establecimiento, el cual también tuvo su transformación de negocio para la venta de productos alimenticios a las actividades inmobiliarias y de transporte de carga. En el mismo mes su madre reportó ser propietaria de un salón de belleza.
La investigación de la Fiscalía muestra un especial interés por Norberto Urrea Mora, uno de los detenidos el pasado lunes tras la redada de las autoridades en contra de los testaferros de las Farc. Según la investigación preliminar, él alcanzó “abundantes niveles de riqueza”, por lo que contactó a los jefes guerrilleros y les solicitó permiso para empezar a titular bienes a nombre de sus familiares.
La señora María Ana Bertilda Urrea registró un salón de belleza, al que le cancelaron la matrícula porque nunca la renovó. Inversiones en el exterior
En julio de 1999, Norberto, su madre y Flor Indalí Robayo Torres constituyeron en Panamá la empresa Comercializadora San Diego, que comenzó con un capital de US$10.000 (casi $30 millones), y en 2002 lo aumentaron a US$230.000 (casi $700 millones). En 2016, las autoridades panameñas señalaron que esta sociedad estaba en causal de disolución por no pagar impuestos.
En junio de 2001 aparecieron los otros hermanos Mora Urrea en el escenario comercial, con la creación, también en Panamá, de la empresa Inversiones Hermanos Mora, dedicada al mercado inmobiliario. Junto a Luis Alirio se encuentran sus hermanos Leonel y Uriel, y Rosa Angélica Reatiga Hernández. La crearon con un capital de US$10.000 ($30 millones) y un año después lo aumentaron a US$100.000 ($300 millones).
En junio de 2002 surgieron las dos primeras cadenas de almacenes de la familia en el país. Por un lado, Uriel registró Merkandrea, que hoy cuenta con seis locales y 210 empleados. Por el otro, registraron Supermercados Cundinamarca, cadena que actualmente tiene 24 locales (los últimos cuatro abiertos este año), en Bogotá, Cundinamarca, Quindío y Boyacá, casi 600 empleados y un capital que alcanza los $90.000 millones.
Lo que comenzó como una comercializadora de alimentos es ahora una sociedad que puede participar en obras civiles, explotación minera, energética y obras de saneamiento básico. A la cabeza de esta cadena está Norberto y en la junta directiva lo acompañan Óscar Fernando Mora Susa, Pedro Diego Mora Riveros, Luz Mary González García y Flor Indalí Robayo Torres.
En septiembre de 2009 apareció en el mundo comercial Edna Yaneth Mora Urrea, quien se registró como persona natural, para reportar a su nombre las empresas Mayoristas de Los Andes y Mercatodo Los Andes.
En la pesquisa se encontró que Alirio creó en 2013 la sociedad Inversiones e Industrias Jema, junto con Cheinny Inayin Caballero de Wong, José María Orocu Jiménez, Gloria María del Cid Aguilar y Josué Wong Caballero. Y, finalmente, Inversiones Homa de Panamá S.A., registrada en agosto de 2017, junto con Horacio Liborio Muñoz Castro, María Esperanza López Vergara y de nuevo Rosa Angélica Reatiga Hernández.
Esta familia, dice el expediente, logró extender su red de negocios al crear la Lechería Tres Hermanas S.A., y donde habría hecho negocios con personas investigadas por tráfico de armas, de estupefacientes y contrabando.
Durante el tiempo en que los Mora Urrea supuestamente se beneficiaron de la riqueza ilícita de las Farc, como lo asegura la Fiscalía, también crearon otras empresas, entre las cuales se destacan Ferretería Cundinamarca, Mallas Cundinamarca, Grupo Astone y Seguros Cundinamarca .
En la actualidad, los Mora Urrea, aunque se declararon inocentes de todo lo que relata la Fiscalía, enfrentan un proceso judicial por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Por ahora, los supermercados y todos los negocios que serán sometidos a extinción de dominio volverán a abrir sus puertas bajo la administración del Gobierno y sus empleados tendrán garantizados sus salarios.
Toda esta historia que se remonta a la época del Caguán ha sido rechazada por los desmovilizados miembros de las Farc, que han negado cualquier relación con la fortuna hoy incautada y con el clan familiar.
Investigan contratos de los Supercundi con entidades oficiales
Los organismos de control también investigan la contratación con entidades oficiales de las cadenas de supermercados atribuidas por la Fiscalía a la exguerrilla de las Farc en los departamentos de Cundinamarca, Tolima y Quindío, especialmente alcaldías. Ya fueron detectados algunos a nombre de Norberto Mora Urrea, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.316.600, uno de los tres hermanos capturados esta semana luego de que la Fiscalía General tomara posesión de los locales. Él figura como propietario de la firma Supermercado Cundinamarca Ltda. y como contratante a través del NIT de Persona Jurídica 8080027015. Por ejemplo, con la Alcaldía de Melgar, Tolima, para el “suministro de productos alimenticios no perecederos para el programa de complemento nutricional para adultos mayores de alta vulnerabilidad”. El valor fue de $148’110.000 y se ejecutó entre septiembre de 2012 a febrero de 2013. Otro fue con el municipio de Fusagasugá, Cundinamarca, por $237’529.608 para “suministro de productos alimenticios perecederos y no perecederos para los restaurantes escolares” en noviembre de 2007. El reto es establecer si de por medio hubo dinero de las Farc o si se trató de negocios legales.