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La ciencia en las elecciones intermedias de 2021

Los resultados de las elecciones del 6 de junio en la Ciudad de México y otros importantes centros urbanos del país representan un duro golpe para el presidente Andrés Manuel López Obrador y la llamada Cuarta Transformación (4T). Un problema muy evidente asociado a este desenlace es que no hay una comprensión clara dentro del grupo gobernante y en otros sectores sobre las causas de este retroceso: para algunos puede reducirse a factores externos como una “guerra sucia” de los opositores y a influencias mediáticas sobre los ciudadanos; para otros, puede atribuirse a políticas públicas que han lesionado a estas poblaciones. El propósito de este artículo es examinar, dentro de la segunda hipótesis, los posibles efectos de la política de ciencia, tecnología e innovación (CTI) de la 4T sobre los resultados electorales y aventurar algunas de sus consecuencias.

 

Ilustración: Oldemar González

Cómo medir la participación de científicos

En las elecciones presidenciales de 2018, cuando la coalición Juntos Haremos Historia —formada por los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT)— obtuvo alrededor de 30 millones de votos, López Obrador había logrado capitalizar el rechazo de la población a los gobiernos anteriores y sembrar la esperanza en el cambio que era indispensable para el avance del país. En el caso de CTI, los gobiernos previos se caracterizaron por un crecimiento mediocre y un estancamiento en niveles inaceptables frente al reconocimiento de la importancia de estas tareas y su desarrollo a escala mundial. Desde su campaña política, el ahora presidente prometió apoyar el avance de la ciencia y el voto de este sector fue para él.

Pero es muy difícil medir el apoyo o rechazo de un grupo particular a los partidos o sus candidatos. Los datos del Instituto Nacional Electoral (INE) durante las votaciones no hacen diferenciación sobre cuál es la ocupación de quienes emiten los sufragios. Por su parte, en su gran mayoría, los estudios demoscópicos se concentran en aquellos personajes y tareas que las casas encuestadoras consideran más relevantes. Por ejemplo, se evalúa al presidente o a los secretarios de Estado, gobernadores o jefes de gobierno; o se pregunta sobre temas como seguridad, economía o salud, pero muy pocas veces (o nunca) se pregunta específicamente por la ciencia, por el desempeño de instituciones como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) o el de sus directores. Así, las encuestas posteriores a una elección –o encuestas de salida– son uno de los pocos medios disponibles para tener una aproximación sobre quiénes son los votantes.

En estas encuestas la participación electoral de los científicos y tecnólogos se puede evaluar de manera indirecta por los sufragios emitidos en las distintas categorías sociodemográficas, como las que incluyen a quienes tienen estudios de licenciatura y posgrado (especialidad, maestría y doctorado). Desde luego no se puede decir que todo este grupo esté dedicado a la investigación científica o tecnológica, pues ahí están muchos profesionistas, abogados, ingenieros, diseñadores, médicos, etcétera. Se trata del grupo con los más altos niveles educativos en el país, una élite si se quiere, considerando que el nivel promedio de escolaridad entre la población en México apenas rebasa el tercer año de secundaria. Se trata de un grupo relativamente amplio, sí, pero lo que es seguro es que los científicos y tecnólogos mexicanos están ahí y contribuyen de algún modo en el comportamiento electoral de este sector.

Adicionalmente, si bien se ha minimizado el peso político de la comunidad científica por su escaso número, sobre todo cuando se le compara con sectores políticamente muy influyentes, esto puede conducir a errores muy costosos, pues la autoridad moral y académica de los investigadores se acompaña de una capacidad muy grande de amplificación. Por ejemplo, una de las tareas que obligatoriamente deben cumplir los científicos es la formación de recursos humanos, tanto en la licenciatura como en el posgrado. Los alumnos en estos niveles son personas muy informadas que conocen el trato que el gobierno da a sus maestros y para algunos resultan preocupantes los crecientes obstáculos en su futuro. Conviene recordar que es en las universidades donde se realiza la mayor parte de la investigación científica y tecnológica del país.

De acuerdo con una encuesta de salida de El Financiero publicada el 8 de junio, el voto para diputados federales cambió radicalmente en las pasadas elecciones respecto a las realizadas en 2018. Hace tres años, la población con estudios universitarios o más apoyó a la coalición Morena-PVEM-PT, representando el 48 % de la población encuestada, proporción superior al apoyo otorgado a dicha coalición por la población con estudios de primaria (42 %). Para 2021 esta imagen cambió radicalmente, pues el voto de los niveles de licenciatura y posgrado para la opción gobernante cayó 15 puntos (bajando a 33 %), mientras que quienes apoyaron a esta coalición con estudios de primaria aumentó a 55 %.

Estos datos se confirman con algunos trabajos como el de Georgina Jiménez, quien analizó el voto en las alcaldías de la Ciudad de México. Cruzando los datos del  Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) en las secciones electorales de la capital, con los correspondientes al nivel de escolaridad obtenidos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), encontró que Morena y sus aliados perdieron en 97 % de las secciones con más de 12 años de escolaridad promedio.

La ciencia en las ciudades

Además de ser los espacios en los que se desarrollan gran parte de las actividades económicas y se encuentran los poderes públicos, en las ciudades se concentra la inmensa mayoría de las instituciones de educación superior e investigación del país. Desde luego, un caso especial es el de la Ciudad de México, con algunos de los centros científicos más importantes, como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana y el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados; también se encuentran varias universidades privadas y Centros Públicos de Investigación del Conacyt especializados en las ciencias sociales y las humanidades. Prácticamente todos estos núcleos científicos cuentan con unidades en otras ciudades de la República. La concentración de científicos en la Ciudad de México puede evaluarse además por el número de integrantes del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). En 2019 había 30 548 integrantes, de los cuales, el mayor número se encontraba en la CDMX.

Otras ciudades en las que Morena y sus aliados sufrieron derrotas también tienen alta proporción de instituciones científicas, como las capitales de Jalisco, Nuevo León, Guanajuato, Puebla, Morelos, Guanajuato, Estado de México, Yucatán, Querétaro y San Luis Potosí, donde se encuentran algunas de las más importantes universidades públicas del país en las que se realiza investigación del más alto nivel y que cuentan con investigadores con reconocimientos a escala internacional, así como instituciones privadas como los Institutos Tecnológicos y de Estudios Superiores de Monterrey y de Occidente, para citar sólo un par de ejemplos. La proporción de investigadores integrantes del SNI en 2019 en la Ciudad de México y las entidades en las que se encuentran las ciudades citadas representa 63 % del total.

Los datos anteriores permiten proponer que el voto en las ciudades en las que Morena y sus aliados fueron derrotados tiene una aportación de las personas dedicadas a la investigación científica, tecnológica y a la innovación.

La política de ciencia de la 4T

No es casual que la comunidad científica haya respondido como lo hizo en las urnas. México es la única nación en el mundo en la que un presidente insulta cotidianamente a los científicos de su propio país. En sus conferencias de prensa diarias, López Obrador se ha referido a ellos injustificadamente como aspiracionistas, manipulables, conservadores, corruptos y mafiosos; gente que quiere “regresar al pasado para seguir robando”.

La opinión que el presidente tiene sobre este conjunto de mexicanos se traduce en las políticas públicas hacia este sector, caracterizadas desde el inicio del actual sexenio por los continuos recortes en el presupuesto, que en un momento llegaron al extremo de reducir en 75 % los gastos operativos en numerosas instituciones científicas. La afectación de diversas prestaciones, como la cancelación o reducción de los seguros de gastos médicos y otros estímulos, significaron en algunos centros de investigación la reducción neta de salarios de los investigadores.

El punto más álgido ha sido quizás la cancelación de más de 90 fideicomisos, instrumentos financieros constituidos por las aportaciones de instituciones públicas y privadas que representaban recursos adicionales para diversos proyectos de investigación más allá del presupuesto anual –que, por cierto, se ha mantenido estancado en un nivel más bajo que en gobiernos anteriores. La expropiación de los fideicomisos llevó a situaciones inéditas, con cientos de investigadores en las calles de la Ciudad de México protestando por la medida finalmente aprobada por los legisladores (con la mayoría de Morena) en recintos custodiados por fuerzas policiacas.

Todas estas acciones contra la ciencia mexicana han sido respaldadas y profundizadas por la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla Roces, una investigadora que tiene una concepción muy peculiar de la actividad científica, pues considera que hay una “ciencia neoliberal” —que hay que combatir— y una “ciencia para el pueblo”. Enemiga declarada de algunas áreas de la investigación científica sobre las que pretende establecer controles o incluso prohibiciones —como la biotecnología y en particular la investigación sobre organismos genéticamente modificados—, ha intentado destruir organizaciones de científicos como la Academia Mexicana de Ciencias y organismos autónomos por ley como el Foro Consultivo Científico y Tecnológico A. C. Recientemente ha impulsado la creación de una nueva Ley de Ciencia y Tecnología que ha recibido el rechazo prácticamente unánime de los investigadores del país.

Las explicaciones y sus consecuencias

Pero volvamos al inicio. Queda claro que la comunidad científica que apoyó a López Obrador en 2018 modificó en 2021 el sentido de su voto. La pregunta es ahora: ¿el gobierno de la 4T quiere o no recuperar el respaldo de este sector? Si la respuesta es negativa, pues no hay más asunto que tratar. Pero si, por el contrario, Morena quiere recuperar el apoyo de las ciudades y dentro de ellas el respaldo de los científicos, necesitaría primero identificar con claridad las razones de este cambio y atacar sus causas.

Si se piensa que el sector con mayores niveles educativos –donde se encuentran algunas de las mentes más brillantes de México– votó influenciado por una campaña mediática contra Morena o el presidente, entonces, además de creer que los científicos son un conjunto de tontos que obedecen lo que dicen la prensa nacional e internacional, tendrían que explicar por qué, mucho antes de 2018, este sector no hizo caso a la guerra mediática contra López Obrador que tuvo la intensidad de la campaña que lo señalaba como un “peligro para México” y, a pesar de ello, le brindaron su apoyo. Un elemento que quizá no todos conocen es que la lectura y el análisis cuidadoso de textos es una de las actividades cotidianas que realizan los científicos desde su formación y en su práctica diaria. La revisión de la literatura científica exige, además, dudar siempre de la veracidad de sus contenidos. Pero, en fin, si quienes ofrecen esta explicación tuvieran razón, las medidas que tendrían que adoptar para ser congruentes y enfrentar esta causa deberían orientarse, por ejemplo, a equilibrar el mensaje de los medios, creando nuevos espacios informativos gubernamentales o fortaleciendo los propios o afines como La Jornada o Notimex. O bien profundizar medidas autoritarias limitando la libertad de expresión.

Si, por el contrario, se acepta que los resultados electorales en las ciudades están expresando el rechazo a las políticas del gobierno federal y entre ellas las dirigidas a la ciencia, habría que actuar sobre las causas que han provocado este voto de castigo.

Los cambios necesarios

Quiero aclarar que pienso que el objetivo del gobierno federal no debe reducirse a recuperar el voto en las ciudades persiguiendo una simple utilidad política, sino realizar los cambios que son indispensables para asegurar el desarrollo de la ciencia en beneficio del país. Si bien es difícil resarcir los daños que hasta ahora han producido las políticas públicas en el área de la ciencia, queda la mitad del sexenio para recuperar el terreno perdido. Aventuro algunos de los cambios que tendrían que realizarse.

Lo primero que debe ocurrir es que el presidente López Obrador deje de insultar a los científicos, requisito indispensable para edificar una relación basada en el respeto.

En el plano presupuestario, el gobierno federal debe detener la sangría de recursos en las instituciones de investigación del país y, como lo establece la Constitución en su Artículo Tercero, debe comprometerse a destinar recursos suficientes para la investigación científica, tecnológica y la innovación, así como asignar en el trienio que resta recursos crecientes en términos reales.

Mientras no exista una nueva legislación, la Ley de Ciencia y Tecnología vigente debe ser respetada; eso incluye mantener la meta presupuestaria (el 1 % del Producto Interno Bruto), pero no sólo eso. Debe cumplirse con la ley en todos sus términos y no violarla continuamente como ha ocurrido hasta ahora. Las autoridades deben dar el ejemplo, pues son las más obligadas a respetar un Estado de derecho. Existen determinaciones de jueces que han concedido amparos contra algunas medidas violatorias de la actual legislación frente a las que la directora del Conacyt se encuentra prácticamente en desacato.

La nueva ley de ciencia, tecnología e innovación —que debe aprobarse por mandato constitucional— debe evitar la concentración del poder en la dirección general del Conacyt, contemplar órganos de consulta autónomos y la participación de los científicos en todos los órganos de decisión con derecho a voz y voto. También debe garantizar la libertad de investigación y la autonomía de las universidades. De nada sirve anotar en distintos párrafos que se respetarán esos principios si, en los hechos, la combinación de un presupuesto consolidado manejado discrecionalmente por el Conacyt y una “Agenda de Estado” que limita los proyectos que se van apoyar anula en la práctica las libertades de cátedra e investigación, como lo ha planteado con claridad Rafael Bojalil. Recapitulando, la nueva ley debe incorporar las propuestas de la comunidad científica expresada en múltiples documentos y foros. De nada sirve que la directora Álvarez-Buylla presuma que ha realizado cientos de reuniones de consulta con la participación de miles de científicos. Podrían ser millones, pero esto es inútil si al final no se escucha y la iniciativa sólo incluye lo que ella decide.

En síntesis: frente a los resultados electorales, debe haber un cambio radical en la política del gobierno federal para la ciencia, la tecnología y la innovación. Pero incluso esto no es suficiente, pues la tensión acumulada por las medidas adoptadas hasta ahora es tan grande que se requiere un cambio en la dirección del Conacyt. La directora Álvarez-Buylla debe despedirse y su lugar debe ocuparlo una persona sin inclinaciones autoritarias y con una verdadera capacidad de diálogo con la comunidad científica.

Reflexión final

Algunos amigos y colegas me han dicho que, si bien cambios como los señalados son indispensables frente a una lectura correcta de los resultados de las elecciones del 6 de junio, son en realidad una especie de “sueño guajiro” y no ocurrirán, sobre todo a la luz de la reacción inicial del presidente López Obrador y su fustigación a las clases medias y a quienes aspiran a mejorar sus condiciones de vida realizando estudios de posgrado. Yo no soy tan pesimista y espero que la lógica política pueda imponerse. Si no es así, el panorama para la coalición gobernante será muy complicado en las elecciones presidenciales de 2024, y aun antes, en el referéndum sobre la revocación de mandato, del cual, de mantenerse la confrontación con los sectores que han sido dañados por las políticas de su gobierno, el jefe del Ejecutivo puede salir aún más debilitado.

 

Javier Flores
Profesor de la UNAM y periodista científico

 

 

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