La muerte de un genocida

Mientras se condenaba a 29 personas a cadena perpetua por matar a más de 700 civiles durante la dictadura militar en Argentina, en un juicio del 29 de noviembre de 2017, cientos de personas celebraron el veredicto. Credit Victor R. Caivano/Associated Press

CIUDAD DE MÉXICO — Murió el hombre que mandó matar a mis padres y a otras miles de personas. Murió la muerte, y no me alegra.

En Córdoba, la provincia argentina donde nací, la muerte se llamaba Luciano Benjamín Menéndez. Una vez lo vi en la calle, en 1996. Era una tarde de invierno y yo tenía 18 años. Estudiaba con una amiga cuando su mamá llegó avisando “Menéndez está en la vereda”.

Lo observé a través de una ventana. Bajó de un auto y caminó sobre el césped hacia la casa de enfrente, donde vivía su hija. Tenía el andar aletargado por la vejez —en ese momento tenía 70 años—, pero sin perder la postura altiva de un militar. Su familia salió al encuentro y no hubo abrazos.

Me nubló el terror. Mi amiga y yo nos tiramos al piso por miedo a que voltearan y pasamos el día lejos de las ventanas. Toparse a un genocida suelto era una posibilidad latente en la Argentina de los años noventa. La dictadura había terminado, pero ellos seguían libres gracias a leyes, indultos y argucias de gobiernos cómplices. Los asesinos compraban en los supermercados, los torturadores hacían fila en el banco, Menéndez iba al mismo cardiólogo que la madre de una conocida.

Mi generación creció en la impunidad, palabra que suena rimbombante pero en realidad corroe. Crecimos vulnerables, frustrados, enojados. ¿De qué servía la democracia?

Yo siempre le tuve miedo a ese hombre de cejas anchas y negrísimas. Cuando era niña me aterrorizaban los relatos de las torturas que él dirigía en el campo clandestino “La Perla”, donde asesinó y torturó a miles de personas. También me horrorizaba la imagen en la que aparece empuñando un cuchillo en un gesto de ira: esa fotografía, impregnada en la memoria colectiva de la Argentina, retrata el momento en el que intentó asesinar a unos manifestantes en 1984, unos meses después de que la Junta Militar perdiera el poder.

Volví a encontrarme al asesino de mis padres en 2013. Ocurrió dentro de un tribunal, en la Megacausa La Perla, con 52 acusados y 716 víctimas. Yo era la testigo número 167.

Menéndez se sentía dueño de la vida de otros, y lo fue entre 1975 y 1979. Era el comandante del Tercer Cuerpo de Ejército en la última dictadura militar, con diez provincias a cargo. Un tipo tan cruel que consideraba “blando” al dictador que dirigió el golpe de Estado en Argentina, Jorge Rafael Videla, pero no un desquiciado solitario: los militares argentinos hicieron un genocidio por encargo, al servicio de poderes económicos y políticos que empobrecieron al país (la deuda externa pasó de 9.500 a 46.000 millones de dólares). Y para eso exterminaron a quienes les molestaban, como mis padres: Ester Felipe y Luis Mónaco; ella, psicóloga; él, periodista, e integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo. Mi madre tenía 27 años; mi padre, 30, y yo, 25 días de nacida.

Cuando vivía en Argentina, sufría ante la posibilidad de encontrarme a los asesinos de mis padres y de tantos otros opositores. Otros hijos de desaparecidos deseaban encontrárselos e insultarlos. Cada vez que alguien lo hacía, festejábamos la pequeña victoria moral.

De la frustración surgió una idea: si las autoridades los dejaban libres, haríamos de la calle su cárcel. Los Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.), una organización de hijos de desaparecidos, asesinados, exiliados y presos políticos, que estamos juntos desde 1995, inventamos una protesta que consistía en investigar el domicilio de los genocidas y fotografiarlos para después recorrer su barrio en una marcha pacífica. La idea era alertar al vecindario: “Cuidado, aquí vive un asesino”. Le llamamos “escrache”, que significa “dejar en evidencia”. Empezó con unas cuantas personas, pero llegó a reunir a miles. Era nuestro modo de combatir la impunidad.

El juicio contra Luciano Benjamín Menéndez fue en julio de 2010, en Córdoba. Credit Natacha Pisarenko/Associated Press

A Menéndez no tuvimos que investigarlo, muchos sabíamos dónde vivía. Calle Ilolay, número 3269. Casa de un nivel, muros blancos y techo de teja. Entraba y salía libremente, estaba en eventos oficiales y se movía por la ciudad sin custodia, como aquella tarde frente a la casa de mi amiga. Pero ninguno de nosotros, las decenas de miles de familiares de desaparecidos, optó por la violencia.

Volví a encontrarme al asesino de mis padres en 2013. Ocurrió dentro de un tribunal, en la Megacausa La Perla, con 52 acusados y 716 víctimas. Yo era la testigo número 167. Cuando el juez me llamó al estrado quedé frente a Menéndez. Tenía el cabello totalmente cano, engominado, y sus cejas aún negras. Las que fueron ojeras eran grandes bolsas de piel colgante. Sus dos manos huesudas estaban una sobre la otra.

Me miró y le sostuve la mirada. Sus ojos eran vidriosos pero sin profundidad. Los ojos del genocida empujaban hacia fuera con mirar helado, impío. Declaré en nombre de mi familia, los vivos y quienes murieron en el camino. Lo hice como miles de madres, abuelas, familiares e H.I.J.O.S. Fuimos nosotros, los sobrevivientes de una dictadura sanguinaria, los que empujamos al Estado para que procesara a los asesinos con garantías legales que ellos no les dieron a nuestros muertos.