Las dos almas contradictorias de la DC que emergieron esta semana

La semana comenzó marcada por la aprobación del proyecto que busca reducir la jornada laboral a 40 horas, luego que se despachara a la Sala la iniciativa promovida por las diputadas comunistas Camila Vallejo y Karol Cariola y apoyadas por parte de la DC. Y el jueves, la oposición liderada por el PS -con el respaldo de dirigentes de la Democracia Cristiana- ingresó la acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos.

Estos hechos evidenciaron la vigencia de las dos almas en la DC, pese a que durante los últimos meses el presidente de la colectividad, Fuad Chahin, logró aunar posiciones de la mesa, la bancada y de dirigentes históricos de la colectividad. Y así quedó demostrado en junio cuando el líder del partido firmó el protocolo de acuerdo -para aprobar la reforma tributaria- junto al jefe de bancada, Gabriel Ascencio, y el ministro de Hacienda, Felipe Larraín.

Creo que el proyecto de 40 horas es inconstitucional (…). En mi experiencia de ministro de Hacienda y presidente del Senado varias veces, proyectos muy similares a este han sido declarados inconstitucionales», dijo el ex senador Andrés Zaldívar esta semana.

Pero en los últimos días la unidad comenzó a quedar en duda. Si bien los diputados José Miguel Ortiz, Jorge Sabag, Daniel Verdessi, Miguel Ángel Calisto y Joanna Pérez fueron las primeras voces en plantear una postura de “mayor cuidado” por los efectos que podría generar la reducción de la jornada laboral; el viernes fue el turno del histórico DC, Andrés Zaldívar, en manifestar sus reparos. “Creo que el proyecto de 40 horas es inconstitucional”, señaló el ex senador en el Diario Financiero. «En mi experiencia de ministro de Hacienda y presidente del Senado varias veces, proyectos muy similares a este han sido declarados inconstitucionales», dijo.

Y argumentó: «Si los trabajadores van a trabajar cinco horas menos, el Estado, para cumplir algunas de las funciones que tiene que cumplir, tendría que contratar más gente y eso tiene un costo. Entonces, en general, en todo lo que sea servicios se va a requerir aumentar la dotación».

No corresponde que el presidente del Consejo de Asignaciones Parlamentarias (Zaldívar), que es parte de un órgano que depende del Congreso Nacional, emita juicios respecto de proyectos de ley actualmente en trámite», le contestó Gabriel Ascencio al líder histórico de la DC.

Esas palabras surgieron a días de que el gobierno acuda al Tribunal Constitucional para intentar impedir el avance de la moción impulsada por las diputadas PC. Así, la respuesta desde la DC no tardó en llegar de manos del integrante de la comisión de Trabajo, Gabriel Silber. “Si bien en democracia todos tienen derecho a opinión, creemos que no corresponde que el presidente del Consejo de Asignaciones Parlamentarias, que es parte de un órgano que depende del Congreso Nacional, emita juicios respecto de proyectos de ley actualmente en trámite”, señaló.

Incluso, Silber calificó las palabras del ex senador como “un precedente grave” y agregó que “le resta, al final del día, independencia y credibilidad a un órgano tan importante y que requiere ser transversal y darle garantías a todos como es el Consejo”.

Sin embargo, durante la gestión de Chahin, Zaldívar ha tenido un rol de asesor “en las sombras” en el partido. El ex ministro se ha reunido en más de una ocasión el presidente de la colectividad e, incluso, comentan que mantienen un constante contacto telefónico para abordar temas de contingencia y legislativos.

Pero las diferencias continuaron. El diputado Matías Walker aseguró que Zaldívar es “muy bueno con los números” pero no es experto en Constitución. Ello luego de sostener un encuentro con la “bancada transversal” compuesta por Vallejo, Cariola, Gael Yeomans (Convergencia Social) y Natalia Castillo (RD), además del abogado constitucionalista Patricio Zapata (DC), quien defenderá el proyecto ante el TC.

Pero el ex senador no es el único integrante de quienes con una visión más moderada, han tenido palabras para criticar el proyecto de las 40 horas. Así, quien es considerado el «cerebro» de la DC como y hoy el principal consejero político y electoral de Chahin, Genaro Arriagada, calificó la moción impulsada por el PC como una “mala política que puede ser rectificada y mejorada”.

Y es que según explicó el viernes en Cooperativa no se le puede “cargar” en un mismo año a las pymes “el costo de la sala cuna; el 4,4% (adicional de la reforma previsional) y la reducción de la jornada laboral. Me parece que puede tener un impacto muy negativo sobre el empleo, particularmente en las pymes”.

Eso sí, aclaró que se puede “mejorar” con “flexibilidad, gradualidad y estímulos reales para mantener los actuales niveles de productividad”. De esta manera, el ex ministro coincidió con el gobierno en la necesidad de incorporar la flexibilidad laboral, uno de los principales ejes del proyecto que impulsa el Ejecutivo.

Ya el miércoles, la diputada y vicepresidenta de la DC, Joanna Pérez, se había mantenido en la misma línea al señalar en El Líbero que “hay temas que son importantes a considerar como la flexibilidad y eso también hay que incorporarlo a la discusión en algún minuto, el teletrabajo, el ser más productivo”.

Segundo acto: la DC se divide en la acusación constitucional contra Cubillos

El jueves, la oposición ingresó el texto de la acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos, con el respaldo de dos DC: Ascencio y Mario Venegas. Así, el libelo contó con el apoyo de todo el arco de la centroizquierda, aunque eso sí, todavía no hay claridad en que haya un apoyo transversal en la bancada de la Democracia Cristiana.

Las acusaciones lo que hacen, sean de un lado o de otro, es poner blanco o negro. Soy más partidario de interpelaciones, llevar a la ministra, preguntarle delante de los diputados, que conteste porque esto es un tema más político», comenta el diputado Pablo Lorenzini.

De hecho, los diputados Calisto, Daniel Verdessi y Pablo Lorenzini ya manifestaron en la bancada que -hasta ahora- no estarían por el camino de aprobar la acusación contra Cubillos. “Los antecedentes que tengo son políticos y técnicos, en lo político estamos claros, pero desde el punto de vista jurídico creo que es necesario revisar. Hasta el momento lo que tengo no es suficiente para avalar la acusación”, señala Verdessi a El Líbero.

En la misma línea, Lorenzini asegura que no es partidario de una acusación constitucional en medio de la discusión de las reformas previsional, tributaria y a semanas que se empiece a discutir el presupuesto en el Congreso. “Creo que la oportunidad no es razonable, no es la adecuada porque las acusaciones lo que hacen, sean de un lado o de otro, es poner blanco o negro. Soy más partidario de interpelaciones, llevar a la ministra, preguntarle delante de los diputados, que conteste porque esto es un tema más político. En principio no me parece adecuado el minuto ni la coyuntura”, dice el diputado.

Y en esa misma línea, incluso, se mantuvo el ex ministro Arriagada, quien aseguró estar en “desacuerdo” con el estilo “confrontacional” de Cubillos, pero destacó que “uno no puede utilizar una acusación constitucional para cambiar una política, no es esa su función ni se puede utilizar una acusación constitucional para cambiar al ministro”.

Y agregó que “me parece que victimizar a un ministro con una acusación que no es enteramente clara, privarla de sus derechos por cinco años, que se hizo impunemente contra Yasna Provoste y Harald Beyer, requiere un análisis bastante frío”.

Uno no puede utilizar una acusación constitucional para cambiar una política, no es esa su función ni se puede utilizar una acusación constitucional para cambiar al ministro», opinó el ex ministro Genaro Arriagada.

Pero desde el sector que esta semana ha actuado más cerca de la ex Nueva Mayoría, se mantienen en su línea. Gabriel Ascencio apuntó a una “campaña comunicacional muy fuerte del gobierno”, puesto que aseguró se “está tratando de instalar a la ministra Cubillos como víctima cuando en realidad no es la víctima, ella es la responsable de infracciones constitucionales y legales”.

Ascencio, el mismo que no dudó en sacar de la comisión de Trabajo al entonces DC Raúl Soto, por no alinearse con el acuerdo logrado entre el partido y el Ejecutivo por Tributaria, hoy aparece como uno de los más críticos al gobierno.

En este escenario, el presidente de la colectividad ya declaró que en el partido habrá “libertad de acción” para que los diputados decidan cuál será el destino del libelo. “En este caso que es una herramienta que se puede ejercer exclusiva y excluyentemente por la Cámara de Diputados no corresponde fijar una posición institucional como partido”, dijo Chahin. Al Ejecutivo le basta con que seis de los 83 diputados de oposición rechacen la acusación, para que no prosiga al Senado.