Las midterms también se juegan en Caracas
Washington, 7 de septiembre de 2026 – Las elecciones de medio término (midterms) en Estados Unidos también se juegan en Caracas. No porque los venezolanos voten el 3 de noviembre, sino porque el Congreso que asuma en enero de 2027 podría condicionar la política de Washington hacia Venezuela durante los últimos dos años de la administración Trump.
Desde el 3 de enero, los venezolanos han visto a Estados Unidos como si todo dependiera de la Casa Blanca. Es lógico. Con una presidencia cesarista y ambas cámaras controladas por los republicanos, lo que se aprecia a distancia es un líder que, sin mayores contrapesos, impone sanciones, autoriza licencias, cierra acuerdos y negocia directamente con Caracas. Pero Washington no es Miraflores.
Si bien el Congreso no gestiona el día a día de la política exterior, sí puede examinarla, ralentizarla y encarecerla ante la opinión pública. El control del presupuesto y la potestad de convocar audiencias, de exigir documentos y de requerir la comparecencia de testigos son poderes formidables en el sistema estadounidense.
Por ello, lo relevante para Venezuela no es solo quién gana la elección, sino qué Congreso amanece en enero. Tomemos tres escenarios.
En primer lugar, una blue wave en la que los demócratas se hacen con el control de la Cámara de Representantes y el Senado. Díscolos como son, esto no significaría una postura única sobre Venezuela, sino el control de comités y agendas. Eso podría traducirse en más audiencias, investigaciones y escrutinio de los fundamentos legales de decisiones como el acuerdo petrolero. Controlar el Senado añadiría influencia en las confirmaciones de nombramientos, aunque una mayoría en ambas cámaras no sería lo suficientemente holgada como para superar un veto presidencial.
Un segundo escenario sería el de un Congreso dividido. Los republicanos se quedan con el Senado y la Cámara va a los demócratas. La relevancia para Venezuela estaría, nuevamente, en los poderes investigativos que acompañan a la mayoría. Cabe esperar una Cámara agresiva con las investigaciones, y no solo sobre Venezuela.
Ya hay señales de por dónde podría provenir esa presión. En abril, los demócratas Tim Kaine, Chris Van Hollen, Joaquín Castro y Sean Casten pidieron a la Government Accountability Office, el brazo técnico y no partidista de fiscalización del Congreso, que auditara el mecanismo establecido en enero para vender petróleo venezolano y administrar sus ingresos bajo control estadounidense. La semana pasada, Raja Krishnamoorthi, miembro del poderoso Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental (Oversight and Government Reform) de la Cámara, envió una carta a la administración en la que formuló preguntas incómodas y pidió explicaciones sobre el acuerdo petrolero anunciado a finales de agosto.
Estas son las primeras salvas. En la minoría, los demócratas apenas pueden enviar cartas y hacer ruido. Sin el control de los comités, no pueden ejercer unilateralmente el formidable poder del Congreso para exigir documentos y obligar a los testigos a comparecer.
Por último, el escenario de continuidad del control republicano en ambas cámaras. En teoría, esto no elimina el escrutinio sobre la administración. En la práctica, el Partido Republicano se comporta cada vez más como un partido leninista. Trump baja la línea en Truth Social y el partido suele plegarse, aunque persistan algunos resquicios de disidencia.
Para muestra, el gran viraje de la congresista republicana María Elvira Salazar. Un flip-flop en el argot de Washington. Criticó el acuerdo petrolero en X, borró el mensaje y, horas después, publicó otro de tono muy distinto, ahora favorable. Es cierto que senadores republicanos como Rick Scott y Ted Cruz seguirán pronunciándose a favor de la transición democrática. Pero los comunicados de prensa no hacen primavera democrática.
Si los republicanos lograran la hazaña de conservar las dos cámaras, Trump tendría patente de corso para desarrollar su política venezolana durante sus últimos dos años de mandato.
Venezuela no es Irán-Contra. Pero Irán-Contra dejó una lección institucional. Audiencias, documentos y revelaciones sobre pactos fáusticos pueden convertir las decisiones de política exterior en una crisis pública y de confianza.
Las investigaciones no garantizan un cambio de la política, ni fiscalizarla equivale a impulsar una transición democrática. El escrutinio, sin embargo, puede elevar el costo de las decisiones tanto para Washington como para las empresas involucradas.
Las elecciones de noviembre no decidirán el futuro de Venezuela. Pero sí pueden hacer que la política de Washington sea vigilada mucho más de cerca durante los últimos dos años de la administración. Los inversionistas y demás interesados harían bien en dejar de mirar solo a la Casa Blanca. A partir de enero, es probable que parte del juego se traslade al otro extremo de la avenida Pensilvania, en el Capitolio.