Líder del ‘Brazo Armado del Pueblo’ y candidato a alcalde: el historial del detenido por video con amenazas al presidente

Un amplio historial con la justicia precede a Álvaro Sequeira Mendiola, uno de los supuestos líderes del grupo que grabó un video con llamados a las armas y amenazas al presidente de la República, Carlos Alvarado.

Sequeira, de 60 años, también cuenta con carrera política.

En el 2010 fue candidato a alcalde en Alajuelita por el Partido Renovación Costarricense, elecciones en las que obtuvo el 5,56% de los votos.

Sequeira afirmó al Diario Extra en aquellos días que quería gobernar el cantón “porque Alajuelita se merece un buen alcalde, y tengo la capacidad suficiente para ordenar y organizar el pueblo para asuntos laborales”.

Tres años después intentó inscribir sin éxito a nivel provincial, en San José, al partido Frente Democrático Campesino.

Este viernes, la Policía Judicial afirmó haber identificado la voz de Sequeira, conocido por ser el líder de un grupo surgido en la década de los 90 autodenominado como “Brazo Armado del Pueblo”.

Desde 1991, las autoridades encontraron un campamento en La Unión de Pococí, donde, según la investigación, Sequeira Mendiola, que en aquel momento se identificaba como Sequeira Ramírez, recibía entrenamiento militar junto a otras seis personas.

El Ministerio Público indicó que los detenidos por este hallazgo admitieron que promovían actividades subversivas contra el entonces presidente, Rafael Ángel Calderón Fournier (1990-1994).

No obstante, este grupo fue absuelto en febrero de 1993 por los delitos de robo agravado, fabricación de explosivos y tenencia de armas prohibidas.

Cuatro meses después, los integrantes del “Brazo Armado del Pueblo” fueron detenidos por el asalto a dos empresarios en San Miguel de Sarapiquí, a quienes habrían amenazado con ametralladoras y mantuvieron como rehenes durante varios minutos.

Según un cable de las agencias Reuters y AFP, reproducido por El Tiempo de Colombia, Sequeira confesó en el interrogatorio que la banda pretendía robar un banco con el fin de reunir fondos para comprar armas y reclutar hombres para, nuevamente, dar un golpe de estado a Calderón.

El ministro de Seguridad de aquella época, Luis Fishman, afirmó que los arrestados eran delincuentes comunes que buscaban notoriedad.

“Él siempre ha luchado por los más pobres. No es un delincuente como dice la policía”, declaró luego de ese arresto el padre de Álvaro, José Sequeira.

“Declaro, una vez más, que no creo en los poderes de la República, no por su naturaleza que es necesaria para la convivencia social, sino porque se han convertido en nidos de mentira, en los cuarteles generales de los verdaderos delincuentes y antipatriotas”, anunció Sequeira en un comunicado emitido en marzo de 1996.

Tras las dificultades para realizar el juicio, el Tribunal Superior Penal de Heredia absolvió ese año a Sequeira.

En aquel momento, el sujeto tenía pendiente otra acusación por tenencia de explosivos y la construcción de campamentos para entrenamiento paramilitar, en el parque nacional Braulio Carrillo. Sin embargo, no trascendió si enfrentó una pena por este caso.

En entrevista con La Nación en abril de 1996, Sequeira reconoció haber construido los campamentos, pero negó nexos con explosivos y otros objetos de uso militar que fueron encontrados por las autoridades.

En 1997, se encontró de nuevo con la justicia, cuando lo detuvieron por impulsar la instalación de un precario en una finca en Concepción de Alajuelita.

En esta ocasión, actuó como miembro del «Frente Autónomo Nacionalista para la Reforma Agraria».

Este viernes, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló que el ahora detenido tenía antecedentes por posesión ilegal de armas y asociación ilícita.

Además, fue condenado a tres años de prisión por estafa. Sin embargo, se fugó y logró evitar esta pena.

El otro detenido por el video es su hijastro, identificado como Jeffry Fernández Ramírez, pasado por privación de libertad, daños y tentativa de homicidio.

Captura de pantalla.

 

Sequeira Mendiola también tuvo actividad en la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa: allí presentó cuatro iniciativas, entre ellas una para legalizar la producción y el uso de la marihuana, en el 2010.

Uno de sus argumentos era que el Estado recaudaría más dinero mediante el cobro de impuestos a los productos de hierba.