Lo que reconoces al ir a votar… (y una propuesta oportuna)

En Venezuela estamos viviendo un severo déficit de comprensión de la realidad, de los hechos, de lo que pasa. Sobre todo, de lo que conlleva e implica enfrentarse a la tiranía.

Ello se expresa, desgraciadamente, en un desconocimiento muy extendido de la íntima relación entre legalidad, legitimidad y Estado de Derecho. Algo que por cierto tienen mucho más claro la mayoría de nuestros aliados extranjeros.

Entrando en la actual coyuntura: no se puede seguir obviando, alegremente, el hecho de que ir a votar en diciembre, en unas elecciones convocadas por la tiranía totalitaria y sus instituciones, tiene consecuencias negativas en lo jurídico, político y ético. Al parecer angustiados ante tanta incertidumbre, quienes auspician la participación se empeñan en hacer creíble lo increíble.

Es inaceptable que las pasiones estén por encima del juicio racional, y que gracias a ellas se le intente otorgar una bomba de oxígeno a la dictadura. “No se puede tener miedo a pensar por obra del miedo”, como diría Luis Castro Leiva.

La Unión Europea y los Estados Unidos, una y otra vez, insisten en NO RECONOCER la convocatoria, porque la hace un régimen y sus instituciones que no son ni legítimos ni reconocidos. El Alto Representante de la Unión Europea, Josep Borrell, al referirse a esta convocatoria, señaló que “en estos momentos no se reúnen las condiciones para un proceso electoral transparente, inclusivo, libre y equitativo”.

Ello nos lleva a otra aclaratoria fundamental: ante la convocatoria electoral de la tiranía, NO SE PUEDE HABLAR DE ABSTENCIÓN, por el simple hecho de que uno solo se puede abstener de un acto que uno en primer lugar reconoce, pero que, por razones de diverso tipo, decide no participar en el mismo. No hay abstención posible ante algo que no es ni legal, ni legítimo, ni ético. Ante ello solo existe el rechazo más contundente.

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Si votas en las elecciones decembrinas convocadas unilateralmente por las instituciones de la dictadura, estimado lector, estás reconociendo lo siguiente:

–Al ente convocante, el ilegal Consejo Nacional Electoral presidido por Indira Alfonzo;

-A sus decisiones, que han violentado la constitución;

–Reconoces asimismo al ilegal e ilegítimo Tribunal Supremo que ilegalmente nombró a dichos magistrados, el mismo que se ha convertido en una guillotina para perseguir y destruir a los partidos políticos, a sus dirigentes y a todos los ciudadanos que han intentado enfrentarse al régimen;

-A los miembros de la llamada mesita de diálogo, con su ética materialista y mercenaria (y votarás por sus candidatos);

–También aceptas que Nicolás Maduro es tu presidente, porque aceptas que sus instituciones ilegítimas y fallidas convoquen un acto al cual estás dispuesto a asistir y por ende reconocer.

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En claro contraste, el Consejo Superior de la Democracia Cristiana venezolana ha hecho público un nuevo documento (“La consulta popular y la Conferencia Episcopal”) en el cual ratifica que no hay salida posible a la grave crisis del país mientras se mantenga la tiranía en el poder. Comparten lo señalado recientemente por el padre Luis Ugalde: “La gente, incluidos los chavistas, quiere cambiar, salir del régimen y de Maduro para librarse de la pesadilla actual y volver a vivir”.

Asimismo, los democristianos recuerdan que las Asambleas de Arzobispos y Obispos han ratificado en varias oportunidades en sus Exhortos Pastorales que se hace necesaria la salida del actual gobierno y la realización de elecciones presidenciales limpias, en condiciones de transparencia y equidad. Y más concretamente, en la Exhortación Pastoral del 10 de enero pasado: “Ante la realidad de un gobierno ilegítimo y fallido, Venezuela clama a gritos un cambio de rumbo, una vuelta a la Constitución. Ese cambio exige la salida de quien ejerce el poder en forma ilegítima y la elección en el menor tiempo posible de un nuevo Presidente de la República (…) El referido cambio presidencial lo posibilitan los artículos 70 y 71 de la Constitución venezolana”.

Es por ello que en plena consonancia con la postura de la Iglesia, se ofrece la siguiente propuesta:

“Quienes creemos en la democracia y ante el reiterativo planteamiento de que “no participar no basta”, proponemos dirigirnos al soberano, al pueblo, para consultarlo sobre su deseo de poner fin o no al régimen que nos gobierna, y de convocar o no a elecciones que cuenten con todas las garantías necesarias, para renovar los poderes del Estado y darles la legitimidad democrática indispensable para enfrentar esta grave crisis.

Reconocemos las distintas iniciativas que en este mismo sentido ha tenido la sociedad civil venezolana: la llamada “solución humanitaria de carácter electoral”, promovida por ANCO y dirigida al Secretario General de la OEA; la propuesta “Al Pueblo de Venezuela” del grupo llamado Integración Ciudadana; y la de los Obispos de la Iglesia Católica. En palabras de Monseñor José Luis Azuaje en la instalación de la CXIII Asamblea, el pasado 7 de enero de este año: “… ha llegado la hora de apostar porque el pueblo decida por sí mismo lo que desea (…) expresando su voluntad inequívoca soberana por medio de una consulta vinculante como ya el Episcopado ha asomado la posibilidad o conveniencia”.

En línea con el reclamo generalizado recogido de éstas y otras instancias, exhortamos a la Asamblea Nacional, como representante de la soberanía popular, encabezada por su directiva, integrada por el Presidente Juan Guaidó y los diputados Juan Pablo Guanipa y Carlos Eduardo Berrizbeitia, para que en uso de la atribución conferida por el artículo 71 de la Constitución Nacional, concordante con el artículo 70 ejusdem, convoque a la brevedad posible al pueblo, lo que naturalmente incluye a los venezolanos que hacen vida fuera del país, para que exija el cese del régimen usurpador de Nicolás Maduro, el cese de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, y la constitución de un Gobierno de Emergencia Nacional, designado por la misma Asamblea, que actuando con total autonomía e independencia partidista atienda con eficacia la severa crisis humanitaria que sufrimos, y que convoque en un plazo máximo de doce meses elecciones presidenciales y parlamentarias libres y supervisadas, justas y transparentes, en sintonía con lo planteado por la comunidad internacional.

Creemos fundamental solicitar desde ahora la participación de los organismos competentes y reconocidos en materia electoral de la OEA y la Unión Europea, y el apoyo de las Naciones Unidas, con el objetivo de que dicha consulta sea lo más impecable y transparente posible para certificarla y para comprometer el apoyo de la comunidad internacional en el cumplimiento de la decisión que el pueblo venezolano soberanamente adopte.

Reiteramos nuestro llamado a la Unidad de toda la oposición democrática, que pensamos puede manifestarse en este momento en apoyo a esta misma propuesta movilizadora, y en la constitución de un Comité de Reconstrucción Nacional que abra el camino para el reencuentro, la reconciliación y el renacimiento de una nueva Venezuela”.