Luis Lacalle Pou consuma el final de 15 años de Gobiernos de izquierda en Uruguay

En una jornada de calor abrasador, Luis Lacalle Pou se convirtió este domingo en el octavo presidente de Uruguay desde el regreso de la democracia, en 1985. Al frente de una coalición de derechas, el nuevo mandatario iniciará una serie de ambiciosas reformas que podrán foco en luchar contra la inseguridad pública y cambiar el rumbo económico del país.

Luis Lacalle Pou, hijo y bisnieto de presidentes y dirigentes del Partido Nacional, tendrá el desafío de mantener consolidada una coalición de varios partidos que incluye al ultraderechista Cabildo Abierto, sacar adelante en el Parlamento una ley de procedimiento rápido con más de 400 artículos y hacer frente a la oposición del Frente Amplio, coalición de izquierdas que perdió las elecciones del pasado mes de octubre por menos de 40.000 votos luego de 15 años ininterrumpidos en el Gobierno.

Quizá por ello, Lacalle Pou dedicó su discurso ante el Parlamento (primer acto protocolario de la jornada) a detallar su acción de gobierno para los próximos cinco años ante el país y los numerosos invitados extranjeros, que incluyeron al rey Felipe VI y a los presidentes de Brasil, Paraguay, Chile, Colombia y Bolivia, entre otros. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, no viajó a Montevideo por el discurso de apertura de sesiones previsto en el Parlamento en su país.

Lacalle Pou expuso la situación económica de Uruguay, advirtió sobre su déficit y anunció políticas de austeridad, el establecimiento de una regla fiscal y la apertura de un debate sobre una reforma urgente del sistema de seguridad social y de pensiones. El lunes, en su primera jornada de gobierno, el líder blanco (color que identifica al Partido Nacional) prometió reunir a todos los integrantes de las fuerzas de seguridad del Estado para tomar medidas contra la inseguridad pública, una de sus prioridades.

A media jornada y con el trámite legislativo concluido, el sol seguía sin dar tregua y por menos de dos horas Uruguay tuvo dos presidentes. Fue el lapso de la liturgia republicana en el que Luis Lacalle Pou recorrió los pocos kilómetros que separaban el Palacio Legislativo de la Plaza Independencia, donde lo esperaba Tabaré Vázquez para darle la banda presidencial.

Lacalle Pou recorrió ese tramo final en el Ford V8 club Cabriolet que perteneció a su abuelo, Luis Alberto de Herrera, uno de los fundadores del Partido Nacional. Lo escoltaban decenas de gauchos a caballo con banderas blancas y azules que simbolizan la cercanía del PN con el campo y el interior de Uruguay. En la plaza esperaba Vázquez, primer presidente izquierdas de la historia de Uruguay, quien a las 16:24 horas se quitó la banda, se la puso a su sucesor y se fue caminando para su casa, convertido en un ciudadano más.

Leyes urgentes

El principal proyecto de la “coalición multicolor” que gobierna ya Uruguay es la tramitación de una Ley de Urgente Consideración (LUC) que consta de 457 artículos sobre temas tan variados como la seguridad, la reforma de la educación, las relaciones laborales o la política económica. El formato de la tramitación hace que si el parlamento no logra su aprobación en los plazos establecidos (y que suman unos tres meses en su conjunto), la ley queda aprobada automáticamente. Mezcla de medida de emergencia y de ley ómnibus, la oposición considera que la LUC vulnera la Constitución, ya que muchas de sus medidas no son urgentes. Como muestra ha señalado, en tono irónico, que uno de sus artículos otorga la autorización para que las carnicerías puedan fabricar chorizos artesanales.

El capítulo más amplio de la LUC tiene que ver con la lucha contra la inseguridad pública e incluye el aumento de las penas para los menores infractores, la ampliación de las potestades de las fuerzas policiales, la autorización de los controles de identidad basados en la sospecha o el aumento de las penas. El flamante ministro del Interior, Jorge Larrañaga, ha sido claro al respecto: “El nuevo Gobierno va a reprimir” y al que no le guste esa palabra “se la va a tener que tragar”.

Los ciudadanos esperan mucho de la nueva administración, ya que la inseguridad fue el tema predilecto de la oposición durante los tres gobiernos de la izquierda. Aunque regularmente Uruguay aparece clasificado como uno de los países más tranquilos de la región, el aumento de los robos y asesinatos en los últimos años es intolerable para una ciudadanía que se compara con Europa y no con sus vecinos.

Economía y pensiones

Sin duda, la cuestión económica será una de las principales batallas políticas de los próximos años, en un país con dos grandes bloques de izquierda y derecha, de peso y fuerza similar, pero con visiones muy diferentes a la hora de valorar el desempeño del país.

El presidente Lacalle Pou ha vuelto a advertir sobre la grave situación en la que se encuentra Uruguay debido al aumento del desempleo (que ronda el 9%), la subida de la inflación por encima del 8%, el déficit público, que terminó 2019 en el 4,7% del PIB y la importancia de la deuda externa, de excelente calidad crediticia pero cada vez mayor si se la compara con el PBI.

La administración saliente ve la cosa de un color muy diferente: Uruguay viene escapando de la crisis y de la recesión que sufren los países de la región y registra 15 años de crecimiento económico, las perspectivas de 2020 tienden al alza, el país tiene la renta per cápita más alta de Latinoamérica, los más bajos índices de pobreza de la región y las menores diferencias sociales. Seguro de su balance, el Gobierno de Vázquez recibió al Fondo Monetario Internacional el pasado mes de febrero para que hiciera uno de sus análisis periódicos. El informe de la misión señaló la “posición envidiable” de Uruguay en la región, pero advirtió de la importancia de corregir los desequilibrios que sufren las cuentas públicas.

Para la coalición conservadora, la necesidad de un ajuste y de políticas de austeridad es acuciante, y dentro de esas reformas se incluyen cambios en el sistema de pensiones. Y esa será, sin lugar a dudas, otra de las grandes batallas políticas de los próximos cinco años.

En la pasada legislatura, la mayoría parlamentaria de izquierdas reformó las jubilaciones de los militares, que suponen para las cuentas públicas un déficit similar al del resto del sistema previsional uruguayo. La reacción de los militares fue la creación de Cabildo Abierto, partido que en menos de seis meses se hizo con más del 11% de los votos en las pasadas elecciones y hoy en día, miembro de la coalición gobernante, tiene varios diputados y dos ministros. En este contexto, los cambios que se hagan al sistema serán polémicos.