Maite Rico: Con un trilero no cabe la cortesía
«La costumbre de frenar las acciones judiciales en campaña electoral beneficia a los corruptos y escamotea información al votante. Sánchez no merece tanta delicadeza»

Ilustración generada mediante IA.
Directora adjunta de THE OBJECTIVE, Maite Rico ha desarrollado su carrera en los dos principales periódicos españoles. Ha sido columnista y subdirectora de ‘El Mundo’, donde fundó la revista cultural La Lectura. Anteriormente trabajó en ‘El País’, del que fue subdirectora entre 2014 y 2018, después de haber sido editorialista, corresponsal en México, Centroamérica y Caribe, y enviada especial para la cobertura de América Latina. Como reportera ha cubierto además las guerras de Bosnia, Somalia y Libia. Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid / EL PAÍS.
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Apenas han pasado tres días desde la convocatoria anticipada de elecciones, y Pedro Sánchez, sin frenos, apura las horas mientras su corte de asesores monclovitas echa humo para ver por dónde nos la cuelan. Y no se les da nada mal, vienen entrenados. Veamos algunos de los pasos dados desde el lunes:
- Han forzado, en claro fraude de ley, la aprobación de los dos decretos de vivienda rechazados por el Parlamento. Aprovechando el cese de actividad de los diputados, el Gobierno los ha retocado para mandarlos a la Diputación Permanente, órgano de guardia para asuntos de emergencia donde sí tienen la mayoría necesaria. En efecto, se ríen de la soberanía nacional. Han cosechado los peores indicadores en vivienda social y desahucios a lo largo de ocho años, y ahora les urge dar la puntilla al mercado del alquiler con un «cacao» legislativo intervencionista e inconstitucional. No descarten que el Consejo de Ministros recurra a ese atajo tramposo para pasar otras medidas de corte electoralista, como la subida de pensiones y el salario mínimo.
- El Tribunal Constitucional ha dado luz verde a la amnistía para Puigdemont y los golpistas catalanes. Se cierra así un círculo que empezó con la compra del cargo presidencial (siete votos de Junts a cambio de la impunidad de sus líderes). Esa ha sido la función de Cándido Conde-Pumpido, el que arrastra la toga por el lodo: cortocircuitar las sentencias que perjudican al Gobierno a costa de invadir las competencias del Supremo. A ver si le llega a tiempo la esperada recompensa.
- Pedro Sánchez ha vuelto a violar la ley electoral, haciendo proselitismo desde espacios institucionales. Y ha puesto en marcha la esperada estrategia de incendiar las calles. El Sindicato de Inquilinas, bien engrasado por administraciones socialistas y poseedor de 171 inmuebles, es la punta de lanza de una movilización contra el Partido Popular. El campamento de la Puerta del Sol es, en realidad, un escrache a Isabel Díaz Ayuso que pretenden extender a Génova. Se les han unido Pili Álvarez y Mili Sordo, los combativos sindicalistas que se desperezan con una huelga general contra la oposición, como bien ha explicado la inefable María Jesús Montero.
- Moncloa ha tocado a rebato en los medios y ahí tenemos a RTVE y a las cacatúas del oficialismo buscando desahucios en ciudades gobernadas por la derecha, con aguerridas plañideras armadas con micrófonos que ofrecen espectáculos impúdicos. De Sol a la huelga 24/7. «¡La muerte de Maricarmen Abascal es un punto de inflexión!», claman en el Telediario. Sospecho que Sánchez va a pasear su cadáver como Juana la Loca hizo con el de su marido.
Todo esto, insisto, en tres días. No defraudan con el fraude. Uno de los objetivos de Sánchez con el adelanto electoral es congelar los numerosos procesos judiciales que se siguen por corrupción contra su entorno. Ya saben: la famosa regla no escrita por la que los jueces posponen decisiones o pronunciamientos de impacto para no interferir en la campaña. Es una medida que puede tener sentido en Finlandia, donde lo más grave que hace un diputado es aparcar en carga y descarga. Pero aquí esas delicadezas solo benefician a los corruptos porque escamotean información relevante a los ciudadanos.
Sabemos, por ejemplo, que la Audiencia Nacional tiene lista la instrucción previa de la pieza sobre la financiación irregular del PSOE. ¿Levantarán el secreto del sumario antes de las elecciones? ¿No es una información que merecemos conocer? ¿No merecían los andaluces conocer la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, por organización criminal y blanqueo, antes de depositar su voto en las autonómicas del pasado 17 de mayo, en lugar de enterarse dos días después?
Quien no merece gestos de cortesía política es un presidente autocrático que ha erosionado las instituciones y los equilibrios democráticos, que ha sembrado la discordia y que se ha rodeado de facinerosos. Hablamos de un líder y de un partido que han emprendido una ofensiva infame contra el Poder Judicial y que han amparado una trama mafiosa contra los jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad que investigan a su entorno.
Ayer mismo la UCO confirmó que la cloaca del PSOE contactó con un peligroso clan de narcos de Badajoz para que «se encargaran» de Beatriz Biedma, la juez que instruyó el proceso contra el compositor David Sánchez, más conocido por ser el hermanísimo presidencial que por su carrera musical. El testimonio que los miembros del clan han brindado a las autoridades es espeluznante. «Es un grano en el culo y hay que eliminarla» o «A palos aprende el burro», les decía el intermediario de la trama, y a cambio le ofrecía impunidad en los procedimientos penales que tenían pendientes.
¿De verdad hay que usar etiqueta versallesca con la mafia? Francamente, señorías, andarse con remilgos no parece lo más oportuno cuando peligra nuestra democracia.