A veces es difícil saber si en el Gobierno cubano son muy estúpidos o muy malvados, pero eso es simple curiosidad, lo trascendente es que sus decisiones siempre las termina pagando el pueblo.
Y nunca mejor usado el verbo pagar, pues pagar más es lo que tendrán que hacer los cubanos ahora que ya no será el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) quien fije el importe de la mayoría de los productos de venta minorista. Sorpresivamente, en medio de la creciente epidemia de miseria que azota la Isla, se «descentraliza» la facultad de asignar precios en los comercios, dejándola en manos de jefes de cadenas de tiendas y otras entidades afines.
Hasta ahora, los precios los establecían, usando algoritmos técnicos y directivas políticas, burócratas de medio pelo del MFP, sin interés personal en que fuesen altos pues, de hecho, ellos también sufren la escasez y la carestía generalizadas. Pero, tras la Resolución 81 de 2022, los precios los establecerán unos burócratas —directores y administradores— que sí tienen fuertes incentivos para subirlos tanto como sea posible, ya que su remuneración personal depende de las ganancias que logren la tiendas.
Este grupito de afortunados, que fácilmente podrán coordinarse como cártel monopólico, obtienen patente de corso para, usando las tiendas del pueblo, exprimir al pueblo bajo el paraguas del Gobierno, supuestamente del pueblo.
Y para que no queden dudas de la manga ancha que se le está dando a esta nueva clase social de privilegiados con derecho a vampirizar el bolsillo ciudadano, en la presentación de la nueva norma se explica que, para poner precios, se «establece que se tomen en cuenta principios generales vigentes, con una evaluación integral de los costos y gastos con criterio de racionalidad y eficiencia, así como de la correlación con los referentes del mercado«.
El parrafito tiene dos claves: primero, «establece que se tomen en cuenta», no ordena, no regula, solo orienta cómo deben formarse los precios que se van a ofrecer al público, pero deja el mecanismo a elección de los jefes de tiendas; segundo, se acepta explícitamente una «correlación con los referentes del mercado», lo que significa que los precios del mercado negro, que es donde único se forman precios de oferta y demanda en Cuba, serán ahora referente aceptable para las tiendas estatales… ¡sálvese quien pueda!
Si tenemos en cuenta que el Gobierno es quien regula los precios del mercado negro entorpeciendo o facilitando el trasiego de mercancías, y ahora acepta esos precios como correlación para establecer los de las tiendas estatales, lo que está haciendo es aprovecharse de la escasez que él mismo genera. Algo bien malvado.
Y lo hace con tanta confianza en su control totalitario sobre la población, que apuesta a un incremento de la inflación como medio para equilibrar el déficit fiscal, aparentemente, sin temor a que la gente se rebele. ¿Algo bien estúpido?
A mayores precios, más caro puede venderse la producción del Estado, mismo Estado que, por otro lado, se niega a indexar los salarios a la inflación, obligando así a los trabajadores a asumir íntegramente la depreciación monetaria. De esta manera, muchas empresas estatales que llevan años generando pérdidas se volverán rentables gracias a vender más caro. ¡Bendita inflación!
De todos modos, intentemos obviar la maldad de descentralizar precios cuando la escasez es nota dominante, para poder analizar el razonamiento económico que sustenta la decisión.
¿El esperado aumento de precios que provocará esta descentralización podría ser, a largo plazo, un shock positivo? Es muy dudoso, pues ahora será más cómodo para las empresas ganar eficiencia subiendo precios que innovando, capitalizando o reestructurando su producción. Corrupción y coimas mediante, se competirá por vender menos a mayor precio, en lugar de vender más a menor precio.
Los problemas estructurales de la economía cubana están en el lado de la oferta, y eso no se resuelve con cambios en el lado de la demanda. La más que probable reducción del ingreso real de los cubanos, a largo plazo será un problema añadido a la inadecuada estructura productiva.
El castrismo, agobiado por un inaguantable déficit fiscal, en vez de encarar el problema asumiendo la inoperancia de su modelo y permitir que el país se transforme profundamente, quiere que las empresas estatales pasen, de ser subvencionadas por el presupuesto del Estado, a ser subvencionadas por la inflación del pueblo.
La cuestión de fondo es que se quiere emular a China, pero sin permitir que la gente se enriquezca e independice del yugo estatal; por eso, las autoridades cubanas «descentralizan» pero no «liberalizan» como los chinos, que es algo muy diferente. Descentralizar significa mover la toma de decisión de un funcionario a otro, lo que equivale a intentar salvarse cambiando de camarote en el Titanic. Hay que ser muy estúpido para no verlo, o muy malvado para ignorarlo.
