Opositores denuncian la responsabilidad de La Habana en las crisis de Venezuela y Nicaragua
Opositores de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia coincidieron en la necesidad de crear un frente común para enfrentar la «red mafiosa» que, afirmaron, ha «destruido la democracia» en sus países y está dirigida desde La Habana, informa Martí Noticias.
Los opositores participaron en el foro «¿Gobiernos revolucionarios o estados mafiosos?, Perspectivas y horizontes», que se desarrolló en Miami este sábado, convocado por la Fundación Unidos por Nicaragua.
La activista cubana Rosa María Payá advirtió que los pueblos de estos países no se enfrentan a un Gobierno o a una dictadura, sino a una mafia internacional organizada, encabezada por La Habana.
El Estado cubano no se contenta con tener el control en la Isla y afectar las vidas de sus ciudadanos, sino que, a través de su aparato de inteligencia, procura infiltrarse, coordinar y expandir su poder en la región, dijo, según Martí Noticias.
En ese empeño, La Habana prepara candidatos afines para que se hagan con el poder en las urnas y luego se perpetúen en él, subvirtiendo el orden democrático con mascaradas como una Asamblea Constituyente o una reforma constitucional. Cuando lo consideran necesario, no vacilan en eliminar brutalmente a los opositores, añadió.
«Dictabrujería»
El exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, quien participó vía telefónica, se refirió al ejemplo de Nicaragua y definió al Gobierno de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, como una «dictabrujería», capaz de desatar la represión en la que han muerto en los últimos meses más de 300 nicaragüenses, según la ONU.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio, Miguel Ángel Martín Tortabú, coincidió en que los pueblos de estos países se enfrentan a una conspiración internacional que se ha convertido en una amenaza a la región.
No se trata de casos de corrupción aislados, sino de crimen organizado transnacional protagonizado por Estados forajidos y que, por ejemplo, usan el dinero del narcotráfico para financiar al terrorismo, dijo Martín Tortabú.
Aunque estos gobiernos demandan que se respete su soberanía nacional, la misma queda limitada desde el momento en que descuidan los derechos humanos de sus ciudadanos, opinó el jurista.
Llamó a enfrentarlos mediante instrumentos internacionales como la Corte Penal Internacional, que se ocupa de los responsables de genocidio y crímenes de lesa humanidad.
Dijo que hay que exigir la intervención de estos organismos y la cooperación de jefes de Estado de países democráticos, para que se abran procesos judiciales que conduzcan a órdenes de captura o sanciones económicas, como ha hecho Estados Unidos contra la estatal venezolana PDVSA bajo la Ley Magnitsky.
Los intereses de estos conspiradores no son solo de control político, sino también económicos, indicó por su parte el economista y exdiputado nicaragüense Enrique Sáenz.
Consideró que no se puede comprender a la dictadura de Daniel Ortega sin tener en cuenta la cooperación petrolera venezolana. Señaló cómo a través de la Caja Rural Nacional (CARUNA) y de ALBA de Nicaragua S.A. (ALBANISA), ambas controladas por la familia presidencial, los Ortega imponen sus precios en la electricidad y el combustible.
El servicio eléctrico es el más caro de Centroamérica, mientras que por el carburante, los nicaragüenses pagan 50 centavos de dólar más que el promedio centroamericano, lo cual reporta unos 100 millones de dólares anuales que van a las arcas del binomio gobernante, afirmó Sáenz.
Una reciente auditoría a Bancorp, un banco también creado por Ortega y que recibió en fideicomiso la administración del patrimonio de CARUNA, determinó que el valor de este era de unos 2.500 millones de dólares, comparado con un Producto Interno Bruto nacional, de apenas 13.000 millones anuales.
Y estos ingresos, dijo Sáenz, son solo los comerciales registrados. El economista citó un informe de la CEPAL que estima que el lavado de dinero en Nicaragua, el tercero mayor de la región, asciende a 450 millones de dólares anuales.
En un testimonio ante un Comité del Senado estadounidense, el investigador Douglas Farah dijo que la organización IBI Consultants LLC había podido detectar más de 2.000 millones de dólares en transacciones sospechosas de lavado de fondos de las FARC colombianas por parte de ALBANISA.
«Nacionicidio»
José Dávila, exembajador de Nicaragua en Alemania, se refirió al secuestro de las instituciones democráticas, en relación con la ley sobre terrorismo y lavado de dinero que el Gobierno de Ortega hizo endurecer recientemente, para aplicar penas de hasta 20 años de cárcel a los capturados en su actual cacería de jóvenes opositores. Sin embargo, dijo, no hay un solo militar o paramilitar responsable de matar, violar o torturar señalado en los tribunales.
También se refirió al secuestro y manipulación de las instituciones democráticas la líder opositora boliviana Laura Rojas.
Recordó cómo el presidente Evo Morales perdió por un 51,3% de los votos un referendo para que, contra lo que prevé la Constitución, se le autorizara reelegirse para un cuarto mandato.
«Bolivia dijo no», recordó Rojas, pero Morales se las agenció para que el Tribunal Constitucional aceptara el recurso de un grupo de parlamentarios de su partido para suspender los artículos que prohibían reelecciones continuas consecutivas.
La moderadora del foro, la politóloga venezolana Vilma Petrash, dijo que Venezuela ya lleva 18 años resistiendo a un «nacionicidio» que, con la ayuda de La Habana, se extendió desde ese a otros países, mientras es obvio para muchos que el actual éxodo desesperado desde Venezuela es «una Cuba con fronteras», un Mariel extendido por toda Latinoamérica.
La especialista lamentó que la comunidad mundial suela quedarse callada con respecto a la responsabilidad en todo esto del régimen de La Habana, y llamó a que este sea «responsabilizado por este horror que está viviendo América Latina».