En Venezuela a partir del 2 de febrero de 1999 cuando Chávez Frías tomó posesión de la presidencia, la oposición fue adaptándose a “los antojos” del teniente-coronel. Su juramento falso, llamando “moribunda” a la constitución que tenía la obligación de respetar para poder asumir el cargo; y mientras ésta no fuera sustituida por una nueva respetarla y cumplirla, contó por aquello de no querer ser señalado como “enemigo del gobierno”, con el beneplácito de la población, a tal nivel que hasta las Fuerzas Armadas, rompiendo con un rito de singular acatamiento, la de desfilar el día de la toma de posesión rindiéndole honor al nuevo presidente, para así mostrar acatamiento al poder civil representado en la voluntad popular expresada en las elecciones, no lo hizo, sino el día 4, el día de la asonada, con un desfile rindiéndole honor y dando a entender que aunque derrotado el 4 de febrero de 1992, el acatamiento a su condición de presidente no se originaba en la elección de diciembre de 1998, sino en su insurgencia.
Desde luego las Fuerzas Armadas no fue la única institución que se doblegó ante la nueva insurgencia del teniente-coronel, también la Corte Suprema de Justicia hizo su aporte para que dejara de aplicarse la Constitución vigente, dando paso con sus sentencias a la convocatoria de la Asamblea Constituyente no prevista en la Constitución, que tuvo como efecto colateral, aunque su función “única” era redactar un nuevo texto, la de hacer cesar en sus legítimas funciones a los senadores y diputados electos en noviembre de 1998; y que por lo reciente y lo directo de su elección estaban revestidos de más legalidad que los magistrados de la Corte Suprema.
Quizá algunos de los lectores, que ya se han empapado del contenido de los dos párrafos anteriores de pura política y nada de economía, se preguntarán ¿a que viene el título del artículo?
El título viene a que así como la elección del teniente-coronel produjo una euforia política que se tradujo en un quiebre institucional, que lo pudiéramos centrar en la reelección presidencial, en contra de lo dispuesto por todas nuestras constituciones, incluidas las de la extinta República de Colombia (a la que hoy para evitar confusiones llamamos Gran Colombia), el llamado del usurpador, para que lo vuelvan a elegir (si acaso fue elegido legítimamente alguna vez) se refiere a la economía del país, aunque la euforia más bien parece surgir de quienes esperan mejorar su propia situación económica, al recibir entusiasmados la invitación del usurpador para participar en lo que se anuncia como un cambio de política económica.
Ya existe muy buena prosa de quienes tienen indudablemente más conocimiento y por tanto más credibilidad que la que puede generar un abogado hablando de economía, en la que se muestra que la invitación del usurpador, es como lo fue la del teniente coronel, “la reelección por una vez única y después más nunca”; y allí está, cambió de nuevo la constitución que le quedaba estrecha para un tercer período, y no contento con esto nos dejó al usurpador (¿o fue más bien Castro quien lo escogió?) que también aspira a un tercer período y encuentra no sé si economistas o inversionistas que contemplan su plan con alegría, tan manifiesta, que asumen la tarea de ser “los abogados” que llevarán la causa de Maduro, probablemente sin cobro de honorarios, aunque pagarán por las acciones en las empresas que serán reactivadas, para gestionar ante los Estados Unidos el “cese de las sanciones”, porque se trata de un gobierno nuevo abierto a la inversión privada, aunque no al cambio de gobierno, pero sí a discutir sobre el tema en Méjico.