Panamá elige a Mulino como presidente y gira a la derecha dura

Panamá tiene nuevo presidente. José Raúl Mulino (64 años) ha sido electo como el nuevo mandatario de una nación que atraviesa serias crisis ambientales y migratorias; crisis que no pudo atajar el impopular Gobierno saliente de ideología centrista y que recaen ahora en un mandatario tildado de «derecha dura». Al no existir una segunda vuelta en el país, los resultados son oficiales y Mulino, que obtuvo un 34.25% de los votos con el 85% de las mesas escrutadas, tiene vía directa para la banda presidencial.

«Recibo con complacencia los resultados. Asumo con gran responsabilidad y humildad el puesto para resolver las inminentes necesidades de los panameños. ¡Es un honor!», ha dicho el nuevo presidente a través de una llamada telefónica transmitida en vivo por el Tribunal Electoral, al momento de ser notificado como el virtual ganador. La mayoría de los contrincantes a la contienda presidencial han reconocido su derrota y la victoria de Mulino, a quien han llamado para felicitarle.

Eso sí, es de conocimiento público que los apoyos que sumó Mulino, no son, sin embargo, mérito del nuevo presidente, sino más bien los rezagos que dejó la candidatura del expresidente Martinelli, cuando en febrero se vio obligado a abandonar la contienda por haber sido condenado por la justicia panameña en un caso de corrupción. Mulino, entonces, corrió con la unión partidista de derechas Realizando Metas (RM) y Partido Alianza tras un giro de película en plena contienda electoral que lo ha llevado ahora a una presidencia no imaginada.

No hubo suerte para Ricardo Lombana, por el Movimiento Otro Camino (MOCA, centro) que obtuvo el segundo lugar con 25% de los votos, ni para Martín Torrijos (presidente 2004-2009), quien aspiraba a la reelección por el Partido Popular (centroderecha) y quedó en un tercer lugar con 16%. El mayor perdedor fue, sin embargo, el candidato oficial del saliente Gobierno y actual vicepresidente, José Gabriel Carrizo, del partido centrista PRD que quedó relegado en un sexto lugar con apenas 5.83% de los votos; un castigo a las malas gestiones del presidente saliente, Laurentino Cortizo.

La dispersión del voto entre tantas propuestas parecidas —7 de los 8 candidatos se identificaban con la derecha— fue el principal enemigo de los derrotados, que no pudieron ganarle al discurso populista de Mulino y Martinelli y se centraron en divisiones internas que hicieron de la contienda una carrera por el segundo lugar y la notoriedad mediática, más que por la presidencia en sí.

Las elecciones generales se llevaron a cabo en 3,037 centros de votación en el país, donde se habilitaron 7,577 mesas, y en un clima marcado por la alta participación y la falta de incidentes. El Tribunal Electoral había previsto una participación cercana al 80% y la predicción fue casi acertada: 76% de panameños habilitados para votar acudió a las urnas, casi tres millones. En 2019, la participación llegó al 73%.

En Panamá, el conteo de votos se lleva a cabo de manera manual por miembros organizados de sociedad civil y sin utilizar medios electrónicos para garantizar la integridad y legitimidad de los resultados. La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de Estados Americanos (OEA), destacó una jornada sin incidentes, pacífica y democrática.

Además del binomio presidencial, fueron electos 20 diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen), así como 71 diputados a la Asamblea Nacional, 81 alcaldes, 701 representantes del corregimiento y 11 concejales, todos con sus suplentes.

El nuevo Gobierno de derechas deberá enfrentar varias crisis que el impopular Gobierno de Cortizo no pude hacer frente. La principal es una con efectos no solo nacionales, sino a nivel mundial. La crisis hídrica del canal interoceánico de Panamá, será la prioridad y la ciudadanía espera el lanzamiento de proyectos para ampliar su cuenca hidrográfica y potenciar el uso racional del agua entre los panameños. Se aboga por la ampliación de la cuenca del canal y por darle nuevos roles a la vía acuática, pero la gran apuesta está en un acuerdo nacional para el uso racional y el acceso universal al agua potable y el saneamiento.

Además del Canal, entre las mayores polémicas han estado la crisis migratoria en el Darién y la mina Cobre Panamá, un proyecto que desencadenó masivas protestas ambientalistas en 2023 y que fue objeto de acaloradas discusiones durante los debates presidenciales. En noviembre de 2023, el Gobierno cedió ante la presión y, acatando la decisión de la Corte Suprema del país de declarar como inconstitucional la actividad de la empresa en su territorio, decidió cerrar la minera. Pero las operaciones de la minera equivalían entre un 3% y un 4% del PIB del país, hecho que será un impacto importante para la economía nacional.

Por su parte, el Tapón del Darién es conocido como la ruta migratoria más letal de las Américas y comprende una densa selva al sur de Panamá que conecta con el territorio colombiano. Además de las vicisitudes de la selva en sí, el territorio carece de supervisión estatal y es controlado por mafias y el narcotráfico. Actualmente, por la crisis que viven países como Haití y Venezuela, el flujo de migrantes supera todos los registros en Panamá. En 2023 pasaron por este sitio más de 360.000 personas. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) denuncia el aumento de redes criminales que trafican con seres humanos en la zona.