¿Para cuándo una ley cubana contra la violencia doméstica?

Mujeres en La Habana. (GRANMA)

Los chinos lo hicieron primero. A partir de este martes entró en vigor la ley que considera la violencia doméstica un delito, ya no más un asunto privado o familiar.

Ante los reclamos de las feministas chinas, se incluyó en la ley tanto la violencia física como la psicológica, y se toman en cuenta también las uniones consensuales, no solo los matrimonios legales.

Es cierto que falta todavía incluir las parejas del mismo sexo, pero ya se tiene un punto de partida sobre el que trabajar, para ampliar y enriquecer la legalidad que combate este problema social.

Y en Cuba, ¿para cuándo?

La Constitución cubana, en su artículo 41 establece la igualdad de todos los ciudadanos. En el 42 y el 44 prohíbe cualquier tipo de discriminación y estipula que todos los ciudadanos tienen iguales derechos.

Sin embargo, el Código Penal no contiene ninguna referencia específica sobre la violencia doméstica. Existe la idea general entre las autoridades cubanas de que en el país no se necesita una ley para esto, que en Cuba la violencia doméstica no es un problema.

«La Constitución establece una cosa, pero no se puede hacer cumplir sin un cuerpo legal específico», opina Leandro, médico. «Necesitamos leyes contra la discriminación tipificadas, para incluir todos los tipos de discriminación que tenemos en Cuba, que son varios».

En el año 2013, la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), de Naciones Unidas, llamaba la atención a las autoridades cubanas sobre esta falta de legislación en los casos de violencia contra la mujer, la ausencia de centros de acogida para mujeres víctimas de violencia, la falta de protección para las afectadas y de castigo para los perpetradores.

Del informe presentado por la parte cubana ese año, a la CEDAW le preocupó que no existiera en la legalidad de la Isla una definición de la discriminación y exhortó a la delegación a adoptarla e incluirla en la Constitución y en la legislación nacional pertinente.

Un problema privado

Para la abogada Laritza Diversent, del Centro de Información Legal Cubalex, las leyes cubanas, en lugar de penar los casos de violencia contra la mujer, los fomentan.

«Para empezar, Cuba no ha reconocido la violencia de género como algo que atenta contra la igualdad y los Derechos Humanos», explica. «Siguen considerándolo un problema privado».

«Cuando una mujer denuncia violencia doméstica, lo común es que la policía considere que es la palabra de uno contra la del otro y desestime el caso. No es raro que se le imponga una multa a los dos por escándalo público, aunque la mujer sea la agredida».

No existe en nuestro país orden de restricción o alejamiento. «Las mujeres que denuncian violencia se mantienen en peligro, pues nada impide que el perpetrador se vuelva a acercar a ellas para vengarse por la denuncia», dice Diversent.

En muchos casos, la venganza de los ofensores ha llegado hasta el asesinato de la víctima. «Suelen ser casos muy crueles«, asegura. «Las armas más usadas son los cuchillos y las chavetas. En las zonas rurales es a golpe de mocha o machete».

La estadística que comprende estos casos de venganza por denuncia está clasificada por el Tribunal Supremo. Nadie conoce la cifra exacta de incidencia.

En general, no hay estadísticas disponibles, como si el fenómeno no fuera importante, nadie se ocupa de llevarlas y mucho menos analizarlas. No existen cifras de la violencia, los feminicidios ni de los crímenes pasionales.

La escasez de vivienda es un factor que influye en el crecimiento de los casos de violencia doméstica. «Las mujeres aguantan los abusos hasta por años porque no tienen a dónde ir», señala Diversent.

«La ley las desampara, porque establece que los hijos sean inscritos en la dirección de la madre, no donde realmente viven. Esto exime al padre de la responsabilidad de darles un techo y propicia que la mujer y sus hijos puedan ser víctimas de desalojo en el futuro», agrega.

Algunas de estas mujeres, quienes sufren abusos durante años, llegan a matar a sus maridos, pues no encuentran otra salida para su problema. Como no se reconoce legalmente la violencia doméstica, cuando una mujer mata a su marido no puede alegar defensa propia; este supuesto no se reconoce y no sirve como atenuante en el juicio. La mayoría de los casos son tratados como asesinatos premeditados y penados con largos años de reclusión.

Sin embargo, los hombres que matan a sus mujeres en un rapto de celos, son muchas veces considerados dentro del crimen pasional, no premeditado, y con una condena mucho menor.

«Aquí los hombres pueden llegar a matar solo por rumores de infidelidad de su pareja», dice Diversent. «Es tanto el machismo que llega un punto en que no importa si la infidelidad es real, lo que les importa es lo que crea la gente».

Otra ley que preocupa a la CEDAW es la que permite que las niñas de 14 años se puedan casar, previa autorización de los padres. Los varones, sin embargo, deben tener al menos 16. Para estos casos, la CEDAW exige que la autorización provenga de un Tribunal competente.

Para Laritza Diversent, las niñas entre 16 y 18 años son las más desfavorecidas por la ley. «Son legalmente menores de edad, pero para exigirles responsabilidad penal son tratadas como adultas«, refiere.

La violencia de los ‘protectores’

Los encargados de hacer valer los derechos y proteger a las mujeres maltratadas son muchas veces maltratadores ellos mismos.

Niurka, escuchó decir a un vecino suyo, teniente coronel del MININT, «cualquier día de estos le voy a pegar un tiro a esa tipa», refiriéndose a otra vecina, madre soltera de dos hijos, por el simple hecho de que ella no quería pertenecer a los CDR.

Leyda, una joven médico militar opina: «Los policías y los militares son los primeros violentos. El último trabajo que tuve fue en una unidad militar en la que el jefe me exigió favores sexuales a cambio de ‘hacerme la vida más fácil’. Como me negué, me acosó y me hizo la vida imposible hasta que tuve que irme. Ya me habían dicho que lo mismo hizo con las doctoras anteriores y con otras subordinadas».

Esta opinión coincide con los datos que maneja Cubalex. «En muchos de nuestros casos la violencia es ejercida por esposos o exesposos militares. La cifra es alta», confirma Laritza Diversent. «Además de los pocos escrúpulos, son hombres que portan armas y las pueden usar en cualquier momento».

Para Diversent, hay un alto grado de violencia contra la mujer entre los militares, que son los que tienen el poder en el país. «¿Qué se puede esperar de instituciones que no tienen reparos en golpear salvajemente y en público a mujeres como las Damas de Blanco?»

Está muy claro que falta voluntad política del Estado para llegar a la penalización, no solo de la violencia doméstica, sino de cualquier forma de violencia contra la mujer.

Frente a CEDAW, en 2013, se declaró que la reforma del Código de Familia se había pospuesto y que la FMC «estaba estudiando» la posibilidad de una ley al respecto.

Desde ese año hasta la fecha, nada ha cambiado en el panorama. El «estudio» de la FMC puede resultar interminable, pues esta pretendida ONG no responde a las mujeres, sino al Estado cubano. Cada vez que se les presenta un caso de violencia doméstica se declaran incompetentes y lo remiten a la Policía.

Si a las chinas les costó más de diez años su ley, puede que a las cubanas les cueste el triple conseguir una similar.