Parto de los montes

El “Informe trimestral de labores” del presidente López Obrador este 5 de abril era muy esperado porque se suponía que anunciaría un paquete de medidas para combatir la crisis económica que ya sufre el país. El evento resultó un verdadero parto de los montes. El presidente demostró no entender la magnitud de las crisis simultáneas, sanitaria y económica, que viven el mundo y el país. Su lectura de esta inédita circunstancia se basa en los criterios del siglo XX, en la experiencia de otras crisis en las que, en efecto, los intereses de las mayorías populares estuvieron ausentes de las decisiones de política económica. Pero ahora AMLO es el presidente y no puede hacerse a un lado de la toma de decisiones estratégicas, como lo hizo este día.

El presidente actuó como una especie de motivador colectivo, y no como el hombre a cargo del poder ejecutivo. Repitió las mismas políticas ya decididas y mal ejecutadas durante su primer año de gobierno y rechazó cualquier tipo de verdadera política anticíclica bajo el argumento de que el apoyo del Estado a empresas privadas es inmoral, pues conduciría inevitablemente a una socialización de las pérdidas privadas, como ya aconteció en los años 90, cuando la gran crisis bancaria.

El presidente olvida que el 85% del PIB mexicano depende de las empresas privadas, grandes y pequeñas, y que por tanto es imposible no atender la crisis de las mismas ante el cierre súbito de las cadenas de suministro de materias primas, la virtual desaparición de sus mercados y la paralización de facto del mercado mundial.

La crisis económica que empieza a experimentar el mundo entero es inédita y posiblemente la más grave que ha sufrido el capitalismo en su historia. No tiene paralelo con ninguna otra crisis anterior, puesto que no deriva de la sobreproducción de mercancías ni es una crisis financiera ni es producto de una guerra. Se trata de una crisis causada por la pandemia que ha obligado a todos los países a suspender la producción y la circulación de bienes y servicios. La única forma de salir de una crisis de esta naturaleza es recurrir al arsenal keynesiano, es decir, impulsando la reconstrucción de la economía a través del gasto público deficitario, lo cual implica aumentar la deuda pública en forma sustancial, dirigiendo el gasto público de una forma inteligente a la construcción de infraestructura, facilitar el crédito a empresas privadas estratégicas y subsidiar a trabajadores desempleados.

No actuar ahora implica condenar a la quiebra a miles y miles de empresas privadas que sostienen el empleo formal e informal en México. El Estado ha dejado de ser el empleador principal hace treinta años. Los subsidios a los pobres no bastan en este contexto, puesto que lo que se está perdiendo son empleos productivos y formales, cuyo monto global constituye la demanda principal de bienes y servicios.

Es posible que AMLO piense que la crisis en proceso es ventajosa para él en la medida que los grandes empresarios se verán debilitados y suplicarán por un apoyo gubernamental que está en sus manos aprobar o denegar. Siendo esto cierto, el tiempo que se pierda en la ejecución de una política explícita y bien diseñada de rescate de las empresas privadas puede significar la inviabilidad de un rescate futuro. El tiempo es decisivo en este momento.

Peor aún, AMLO no ha anunciado ningún programa de apoyo a los trabajadores desempleados, que ha sido el eje de la política anticíclica de los gobiernos sudamericanos y es parte sustancial de la de Estados Unidos. No hay ideas de cómo hacer llegar subsidios a trabajadores formales desempleados y los créditos anunciados para empresarios informales son paupérrimos.

Los prejuicios del presidente obstaculizan la rápida reacción del Gobierno en materia económica, como lo han hecho en materia de salud. AMLO pensó que la pandemia del coronavirus no era grave y que no había necesidad de actuar con urgencia para combatirla. El tiempo perdido en la atención a la pandemia va a costar miles de vidas y pondrá en grave crisis a un sistema de salud ya de por sí precario y pésimamente administrado por el actual gobierno. Esa omisión, cuyas consecuencias estamos a punto de experimentar, es de la misma naturaleza que la carencia total de una política económica anticíclica.

En los países democráticos los errores de un presidente pueden ser compensados o limitados por los otros poderes, por lo menos hasta cierto punto, como el caso de Estados Unidos demuestra. Sin embargo, en los países autoritarios, donde no hay límites al poder del ejecutivo, los errores de este se traducen en verdaderas catástrofes económicas y sociales, como lo sabemos bien en México. Esto es lo que pasó en China, donde el temor de las autoridades locales de Wuhan a contrariar al presidente Xi condujo a que no se actuara a tiempo en la prevención de la pandemia, y en Estados Unidos, donde la negación del presidente Trump impidió la adecuada preparación del sistema de salud de su país. En México la concentración casi absoluta del poder marca la imposibilidad de que desde el poder legislativo y/o del poder judicial se limiten los daños que implica la incapacidad de AMLO para entender la naturaleza de los retos que la nación enfrenta.

La sociedad civil y los gobiernos estatales y municipales ya rebasaron al presidente en materia de salud hasta donde sus limitadas capacidades les permitieron. En materia económica sus herramientas son aun más escasas. Es por ello que una movilización nacional, que articule a gobiernos locales, sindicatos y movimientos sociales, parece ser la única alternativa para exigir a un Gobierno encerrado en sí mismo que actúe en un momento decisivo de la historia.