Periscopio La Habana: Lo que no quieren ver

Según el Proyecto Inventario, entre julio y agosto de este año han ocurrido en Cuba al menos 70 protestas sociales colectivas.

Después de sancionar y encarcelar a miles de cubanos por haberse manifestado en julio de 2021, de reprimir de manera  sistemática a opositores y activistas, de envenenar a la opinión pública con campañas de desinformación y desprestigio, y de aprobar un nuevo código penal más peligroso que el anterior, los ciudadanos siguen saliendo a las calles para reclamar libertades y derechos humanos. ¿Qué se están perdiendo Miguel Díaz-Canel y el Partido Comunista, que no logran lo que, obviamente, es el objetivo de la creciente represión y las decisiones penales y jurídicas?

La represión, fiel instrumento de control de los regímenes totalitarios, actúa sobre los efectos, especialmente mediante su poder disuasorio, pero no sobre las causas reales de los problemas sociales.  La “tozuda realidad”, como advirtió hace tres años el laico católico Dagoberto Valdés en un análisis prospectivo, también juega su papel.

El malestar social ha ido en aumento, en especial por la situación socioeconómica  producto de las crisis acumuladas, los problemas estructurales del sistema, el inmovilismo, los vaivenes de la política monetaria y la llamada Tarea Ordenamiento (esto es: la ineficacia de todas y cada una de las soluciones que el régimen presentó como tales), cuyas consecuencias han agravado la situación de los hogares. Una grave crisis, especialmente, y cada vez más, de corte humanitario, que se refleja de manera más acuciante en las dificultades de las familias para alimentarse o conseguir medicinas.

Según el 4to Informe sobre el estado de los derechos sociales en Cuba publicado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) a mediados de 2021, para el 60% de los cubanos consultados entonces la crisis alimentaria era el principal problema; el 50% tuvo que privarse de al menos una comida diaria, y, para el 73%, la alimentación de su familia era deficiente. Es de prever que un año después la situación sea peor. No habrá que esperar mucho, ya que está a punto de publicarse el quinto y sistemático estudio del OCDH acerca del estado de los derechos sociales en la isla

Al largo corolario de vicisitudes recurrentes se suma el hecho de que el régimen ha menguado su capacidad de prevención, mitigación o manejo de crisis y accidentes. Antes, aunque con algunas mentiras o exageraciones propias de la mitomanía castrista, todavía podían presumir de enfrentar ciertos fenómenos salvando la cara, pero ya ni eso. Cualquier situación se convierte en una crisis nacional, en medio de un creciente choteo, expresión usual de desafecto cuando se refiere a figuras políticas.  Después de seis décadas de paternalismo asfixiante, a lo cual hay que sumar el efecto de la insularidad (la “maldita circunstancia del agua por todas partes”, el aislamiento), es muy difícil que no habite entre los ciudadanos la percepción de abandono, luego de una alargada y total (e igualmente infructuosa) dependencia del Estado. Para la mayoría, es la expresión de una vida sacrificada y sin sentido; para los más jóvenes, es la confirmación de que lo que hay que hacer es marcharse a la primera oportunidad; así ha sido durante décadas; así, lamentablemente, continúa siendo. Con el agravante de un tiempo y una evidencia cada vez más dramáticos.

Nada de esto que he mencionado ha valido la renuncia o destitución de algún ministro. ¡Nada! Es evidente que en cualquier país normal todo lo que está ocurriendo tendría consecuencias políticas. El problema es que mientras dichas consecuencias sean inconcebibles en la isla, mientras la cúpula se aferre a mantener el status quo, ignorando las inacabables reacciones de la gente por todo el país, a pesar del miedo y la represión,  Cuba se aleja de una salida plausible del atolladero, y con ello se abren las puertas a los imponderables.