Javier Corrales: Por qué Maduro prefiere la crisis y el caos

AMHERST, Massachusetts — Una revolución bolchevique —con matices tropicales— está en marcha cerca de nuestras costas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está usando toda su autoridad para diezmar lo poco que queda de la resistencia a su socialismo extremista. Tal como hizo el líder soviético Vladimir Lenin en octubre de 1917, en esta etapa de la revolución Maduro se propone librar una campaña final contra todos salvo sus aliados más radicales.

Recientemente, la mayoría de las noticias que salen de Venezuela cuentan la extraordinaria crisis económica del país. Algunos analistas tratan la crisis como un caso de influenza: algo que la nación contrajo sin culpa suya. Sin embargo, esta crisis o —más bien— su larga duración, no es un accidente. Se trata de un diseño revolucionario.

La devastación de los últimos cuatro años no puede ponerse en palabras. Al registrar la inflación más alta del mundo junto con una recesión que ha contraído la economía en casi el 50 por ciento desde 2013, Venezuela se ha convertido en el primer país en décadas en hacer una transición de nación de ingresos medios a una de ingresos mínimos —o casi inexistentes—.

Sin embargo, el aspecto más vergonzoso de la crisis es la indiferencia del gobierno. La principal respuesta gubernamental, bautizada como el “paquete rojo”, no incluye nada más que devaluar la moneda casi un 95 por ciento, redenominar los nuevos billetes al quitarles cinco ceros y vincular el nuevo bolívar soberano al petro, una criptomoneda no transable y que nadie utiliza. Estas medidas son una redecoración inútil. Hasta los economistas más indulgentes con el gobierno están poco impresionados.

Si acaso, el gobierno está empeorando la crisis al aumentar el precio de la gasolina a precios internacionales, restringir todavía más la importación de alimentos y medicinas, decretar más controles de precios y subir impuestos en medio de una recesión. Los gobiernos y las organizaciones internacionales ofrecen ayuda humanitaria, pero Maduro la rechaza. El gobierno se cruza de brazos mientras el hambre y las enfermedades se propagan.

Esta indiferencia sugiere una intencionalidad. Es fácil ver la causa. Un gobierno extremista como el de Maduro prefiere la devastación económica a la recuperación porque la miseria destruye a la sociedad civil y, con ella, toda posibilidad de resistir la tiranía.

Cuando las condiciones económicas se deterioran, los ciudadanos a menudo optan por la protesta. Pero cuando las condiciones económicas decaen a tal grado que hacen que las clases medias vivan con menos de dos dólares al mes (menos que en Haití) y diseminan condiciones cercanas a la hambruna, la mejor opción es arreglárselas como uno pueda o irse del país. Si a esta receta añadimos la represión, el resultado es un éxodo de al menos el 7 por ciento de la población, el más grande en el continente americano desde la década de los ochenta.

La privación económica, aunada a la represión, cambia los incentivos de la participación política por el exilio político. Esto es lo que Maduro ve con buenos ojos: la asfixia de la resistencia, tal como Lenin quiso. Es la razón por la que Maduro ha permitido que la crisis continúe por tanto tiempo.

Claro está que ningún acontecimiento es una réplica exacta de sus antecesores. La revolución de Maduro no es enteramente un bolchevismo revivido. Maduro no está tratando de derrocar a un gobierno existente, sino de consolidar un régimen viejo, anticuado y odiado. Maduro no lleva a cabo matanzas sistemáticas, aunque usa la represión sin remordimientos. Y lo más importante, los ciudadanos ordinarios o sóviets no se están levantando de la mano del Estado para impulsar más el extremismo.

El extremismo de Maduro es ejercido exclusivamente por el Estado. En ese sentido, toma como referencia otra campaña tropical también inspirada en el bolchevismo: la famosa Ofensiva Revolucionaria de Cuba en 1968. Esta fue una campaña de Fidel Castro, a nueve años de iniciado su gobierno, para nacionalizar lo poco que quedaba del sector privado. Castro confiscó 55.636 pequeñas empresas, incluyendo la mayoría de los proveedores de alimentos y granjas semiprivadas. Fidel quería acabar con las ganancias privadas y establecer un absoluto monopolio estatal sobre la distribución de los alimentos. La meta era hacer a los ciudadanos más dependientes del Estado.

Del mismo modo, Maduro está usando la miseria económica para extinguir lo poco que queda del sector privado en Venezuela y expandir el control estatal. Ya expandió el control estatal de la distribución de los alimentos al entregar “carnets de la patria”, que se reparten principalmente entre leales al régimen. Decretó un aumento del 3000 por ciento a los salarios mínimos, que resulta insuficiente para permitir a los trabajadores ajustarse a la hiperinflación, pero que es imposible de costear para los pequeños empleadores y empresarios, que ya están en apuros económicos debido a la recesión, los controles de precios, la falta de dólares y los continuos apagones. Desde que se anunció el paquete rojo, las autoridades han detenido a 131 personas acusadas de sabotaje, principalmente a gerentes de cadenas minoristas. Hoy, la industria privada de Venezuela opera al diez por ciento de la capacidad que tenía hace veinte años, cuando esta revolución comenzó. Hasta los restaurantes McDonald’s están cerrando.

No obstante, el modelo de Maduro tampoco es una réplica exacta de la Ofensiva de Fidel. Maduro todavía permite que algunos actores privados amasen riquezas, aun cuando lo hacen a través de actividades ilícitas o consiguiendo acceso al dólar barato que el gobierno siempre está dispuesto a ofrecer, legalmente, a sus compinches.

Además, existen elementos innatos que hacen que la revolución de Maduro sea más idiosincrásica que imitadora. Tal vez el elemento más idiosincrásico es el colapso del sector petrolero en manos del Estado. Las exportaciones de petróleo constituyen la única fuente de dólares de la revolución, aparte del endeudamiento. No obstante, la industria petrolera venezolana ha venido sufriendo un declive crónico en la productividad durante los últimos quince años. Con Maduro, dicho declive se aceleró. A pesar de la recuperación en el precio del petróleo a partir de 2016, la producción de Venezuela se ha estrellado y ha disminuido en más del 40 por ciento en dos años. La mayoría del resto de los productores importantes de petróleo han expandido su producción o permanecido estables.

Dejar que la única gallina de los huevos de oro de la revolución se derrumbara es una característica que lleva el sello de Maduro. No existe ningún antecedente histórico de una herida autoinfligida tan mortal como esta, ni en la Rusia soviética ni en la Cuba comunista ni en ningún petro-Estado en paz y abierto al comercio.

Es difícil argumentar que la negligencia de Maduro hacia su joya de la corona es intencional, debido a que su víctima más directa es él mismo. Esta negligencia sugiere que el gobierno de Maduro también es inepto.

Los analistas debaten si la debacle económica del país es resultado de la premeditación o la incompetencia. En muchos sentidos, este es un falso debate. Se debe a ambas cosas. El extremismo produce y necesita caos, y el caos a su vez aumenta las posibilidades de errores garrafales por parte del Estado.

Tan graves son los errores de Maduro en materia petrolera que le ha tocado a gente de su propio partido político tomar cartas en el asunto. La Asamblea Nacional Constituyente —electa ilegítimamente en 2017 y compuesta exclusivamente de maduristas— está considerando tomar medidas correctivas en el sector petrolero para permitir una mayor apertura petrolera. Pero mientras debaten, el ejecutivo sigue sin actuar para revertir el derrumbe petrolero.

En circunstancias normales, el caos económico socava a cualquier gobierno. Todavía puede poner en riesgo al régimen de Maduro en la medida que se propague el descontento, no ya entre los opositores, sino en las filas de su gobierno. Ya sabemos, por evidencia indirecta pero inequívoca, que el malestar dentro del gobierno crece: este año Maduro ha aumentado la represión hacia el ejército y a exfuncionarios gubernamentales.