¿Quién protege la Constitución?

En medio de la incertidumbre de las negociaciones para formar un gobierno, España conmemoró el día en que se aprobó nuestra Carta Magna. La Constitución española fue un gran ejercicio de empatía y negociación política. Ninguno de los padres constituyentes y de los partidos que colaboraron en su elaboración pudieron hacerla exclusivamente suya, porque el fruto del consenso era de todos al no ser de nadie. Nuestra Transición es uno de los modelos más estudiados del mundo sobre el paso de una dictadura a una democracia sin derrocamientos ni depuraciones, un proceso liderado por unas élites conscientes de la imposibilidad de continuar el franquismo sin el dictador.

Tras 40 años de desarrollo constitucional y democrático, la Carta Magna es el pilar que sustenta la narrativa política del nuevo ciclo político. El desafío territorial ha creado una preocupante división política, denominada con los términos ‘constitucionalistas vs independentistas’, un nuevo eje de confrontación electoral creado por Ciudadanos, que ahora lucha por no acabar como la UDC, un partido herramienta para pilotar la transición que dejó de ser útil cuando la democracia se consolidó.

El resto de los partidos no son ajenos a la narrativa constitucional. Unidas Podemos irrumpió en la escena política para romper el candado constitucional, una metáfora que pretendía criticar los supuestos privilegios que durante la transición se acordaron entre las élites políticas que la ejecutaron. Este discurso antisistema, que enfrentaba a la clase política con la sociedad, ha ido virando conforme se institucionalizaba su dirigencia, conforme perdía la inocencia de la novedad y los éxitos electorales. Ahora UP está a punto de formar parte del olimpo de los pocos partidos que han tenido el honor de dirigir el país y, como imbuidos del espíritu de la transición, hasta Iglesias loa a la princesa Leonor, sucesora en el trono de la monarquía que venían a derrocar.

Los populares se niegan a cualquier reforma o debate sobre la evolución y desarrollo constitucional como si la Carta Magna fueran las tablas de la ley de la religión democrática

El caso del PP no deja de resultar paradigmático, un partido que en la votación del texto constitucional se dividió en tres facciones: los 8 diputados que votaron en contra, cinco a favor y los tres que se abstuvieron, ahora se han erigido como la fuerza constitucional por autonomasia, como si la iniciativa, el articulado y su defensa hubiera sido todo suyo. Los populares se niegan a cualquier reforma o debate sobre la evolución y desarrollo constitucional como si la Carta Magna fueran las tablas de la ley de la religión democrática española. Y justo en sentido opuesto se ha posicionado su reciente escisión, Vox. Un partido que se considera el frontón para la defensa de España, pero que al mismo tiempo pretende acabar con títulos enteros de la constitución, como el octavo que regula el estado de las autonomías.

El partido del gobierno en funciones, PSOE, mantiene una postura cambiante sobre la Constitución. La posición oficial fue la resultante de una ardua negociación entre todas las direcciones regionales con posturas diferentes sobre el desarrollo constitucional. Desde aquellas más federalizantes mantenidas por el PSC o el PSE-EE hasta las más recentralizadoras defendidas por el PSOE de Andalucía o el de Castilla La Mancha, el PSOE consiguió acordar la Declaración de Granada, todo un tratado sobre la reforma de la Constitución que supone, como su nombre indica, más una declaración que una prioridad para el partido socialista. Así pues, los diversos acentos socialistas se encontraron en un planteamiento que ahora a duras penas aparece en el programa electoral y que en ningún caso ha sido motivo de impulso político desde el gobierno.

Romper los consensos

Capítulo aparte merecen los partidos políticos que, amparados por la Constitución, ejercen sus derechos en las Cámaras representativas para legitimar discursos orientados a romper los consensos constitucionales y a llamar a la desobediencia institucional a sus votantes. Estos partidos no buscan reformar la Constitución, ni conseguir las mayorías suficientes para hacerlo, pretenden superarla por la vía de los hechos, amparados por supuestas legitimidades no recogidas en nuestro orden democrático.

Y así, la Constitución continúa siendo el epicentro del debate político en España. Algunos la sacralizan mientras otros la denuestan, en lo que parece un signo de la buena salud y futuro de nuestra Carta Magna. Porque desde el consenso constitucional de finales de los 70, España no ha dejado de fragmentarse y polarizarse, y curiosamente, la falta de acuerdo, la falta de consensos y la escasez de diálogo, aquellos atributos que permitieron la operación de la Transición, son la mejor garantía para salvaguardar la letra de la Constitución, aunque nadie respete el espíritu que la hizo posible.