RTVE, «la de todos»

José Luis Rodríguez Zapatero, durante una entrevista en TVE. (ABC)

La historia de RTVE ha estado marcada por el empeño del poder público por controlarla a favor de sus intereses. Así fue, por esencia, en el franquismo, pero así ha sido también en democracia, pese al mandato constitucional de respeto al pluralismo.

Hubo un ‘momentum’ esperanzador, el de la llegada de Zapatero al poder, con una promesa resumida en su frase: «Se tiene que acabar la era de la televisión de partido en este país», que fue seguida de la Ley de 2006, que dispuso la elección parlamentaria del presidente y de todos los miembros del consejo de administración, pero, contra la propuesta del ‘Consejo de Sabios’ creado al efecto, no incluyó expertos independientes o representantes de colectivos sociales en el consejo de administración. En todo caso, fue acogida por muchos como una bocanada de esperanza hacia una RTVE más plural e independiente. En 2008, la nueva Corporación RTVE lanzó el eslogan «RTVE, la de todos». Sin embargo, continuaron las presiones políticas, razón por la que la práctica totalidad de presidentes nominados desde entonces abandonaron anticipadamente su cargo presentando su dimisión.

En 2017 un acuerdo de la oposición PSOE-Ciudadanos-Podemos modificó la ley para «profesionalizar y objetivar» los nombramientos, mediante un procedimiento de publicación de un baremo, presentación de candidaturas y evaluación por un comité de expertos, con comparecencia ante las Cámaras y nombramiento por mayoría de dos tercios en primera votación o absoluta en segunda. Antes de la elección se produjo la moción de censura, y la primera medida adoptada por el nuevo Gobierno de Sánchez fue un decreto–ley que modificó tan reciente reforma, cambiando por completo su espíritu: permitió que, si el Senado no reunía los requisitos para la elección, el Congreso pudiera sustituirle en su cupo –previsión que años después sería declarada inconstitucional–. Además, modificó el sistema de nombramiento de los evaluadores para que la mayoría fuera afín a los partidos que apoyaban al Gobierno. En el proceso de selección y nombramiento solo cuatro de los diez consejeros elegidos figuraban entre los veinte candidatos considerados idóneos por el comité de expertos… Siguiendo la ‘tradición’, el primer presidente elegido por este nuevo sistema dimitió al cabo de año y medio, tras reiteradas ‘llamadas al orden’ del Gobierno por respetar el pluralismo contando con tertulianos de todo el espectro político…

En 2024, de nuevo por decreto-ley, se modificó la estructura del consejo de administración, se eliminó el concurso público y se desequilibró el reparto interno de poder a favor del presidente y en detrimento del consejo de administración. Se trató de una regulación diseñada para la marginación de la oposición, y el efecto fue que el Congreso eligió por mayoría absoluta a once consejeros propuestos al actual Gobierno y al presidente, sin cuota para la oposición del PP y Vox. Mientras el ministro López había presentado el decreto-ley como un medio de «reforzar el pluralismo» y garantizado que el nuevo consejo de administración «será el más plural de la Historia», lo cierto es que por primera vez en la Historia el consejo de administración no refleja la proporcionalidad de la representación parlamentaria.

De la mano de este control institucional vino un férreo control de los programas informativos, como puede comprobar cualquier espectador y como ha denunciado el consejo de informativos –que representa a los profesionales de RTVE y tiene por misión «velar por su independencia y por la objetividad y veracidad de los contenidos informativos difundidos»– refiriéndose, entre otros abusos, a la reforma del sistema de elección de los miembros del consejo de administración, el encargo a productoras externas de informativos de actualidad con sesgo político, o al expediente disciplinario a siete de los nueve miembros del Consejo de Informativos de RNE por denunciar irregularidades y episodios de «mala praxis profesional» en 24 horas. La Comisión Europea y el Media Pluralism Monitor se han hecho eco de estas y de otras denuncias. En estas condiciones, la recuperación por RTVE en 2026 del lema «la de todos» suena a escarnio.

En esta concepción de los medios públicos como arma política no extraña que el nuevo canal, concedido a un grupo netamente afín al PSOE, Siete –encabezado por Varela, propietario la coproductora de ‘Moncloa. Cuatro estaciones’, el documental que siguió un año la actividad del presidente Sánchez, y por Contreras, antiguo director de la Sexta– haya fichado como director editorial a un presentador, Ruiz, que, sin pudor, se despidió de su programa en TVE hablando de batallas y de trincheras.

En lo que hace al audiovisual privado, los movimientos legislativos han estado siempre marcados por la voluntad del Gobierno de turno de obtener el trato favorable o, al menos, la no beligerancia de los medios privados, a través de la reserva al Gobierno de la adjudicación de licencias o de los cambios legislativos a medida de las reglas de pluralismo accionarial para facilitar concretas operaciones. Ahora bien, lo peculiar del funcionamiento de los medios privados, o al menos de los dos grandes del duopolio, es que la persecución de la máxima rentabilidad a través de la mayor audiencia ha dado origen a un notable pluralismo: véase en Atresmedia la diferente línea editorial de Antena 3 y la Sexta o en Mediaset el giro informativo de Cuatro.

Siendo así, se plantea qué sentido tienen hoy la radio y televisión pública estatales, cuando la oferta privada gratuita es amplia y plural, y si es razonable mantener con dinero de todos unos medios al servicio del Gobierno, en lugar de aprovechar esos recursos para otros fines.

La mayor parte de la ciudadanía, los análisis de expertos, la retórica de los políticos de todo signo y los textos legales de la Unesco, del Consejo de Europa, de la UE y la propia Ley de RTVE comparten la idea de que la misión de los medios públicos de comunicación debe ser aportar una oferta distinta a la de los medios privados desde la independencia y el pluralismo. RTVE se enfrenta así a un dilema, ¿Ser o no ser? Solo si hace algo diferente a los medios privados y de calidad, y se transforma en un instrumento de garantía del pluralismo dentro de sus propios canales y cadenas, su pervivencia estará justificada, pero eso requiere cambios organizativos, de contenidos y, sobre todo, de cultura democrática, que se llevan décadas postulando desde todos los foros infructuosamente, de modo que hay razones para el escepticismo.