“Venezuela superaría en 2020 el fenómeno migratorio sirio”

“América Latina no volverá a ser la misma”, proclama el exvicepresidente guatemalteco Eduardo Stein. Como representante especial para Venezuela de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) es el responsable de coordinar esfuerzos para atender una emergencia migratoria sin precedentes en la región. Más de 4,5 millones de venezolanos han huido de la devastadora crisis de su país, de los cuales 1,5 millones han encontrado refugio en la vecina Colombia, por mucho el principal destino, seguido de Perú (860.000), Chile (371.000) y Ecuador (330.000). “Ningún país puede enfrentar solo este éxodo”, valora Stein (Ciudad de Guatemala, 1945) en una charla con EL PAÍS durante su reciente visita a Bogotá para lanzar un plan regional ante las crecientes necesidades humanitarias de los refugiados y migrantes venezolanos en América Latina y el Caribe, así como las comunidades que los acogen.

Pregunta. Usted es el enviado especial para atender uno de los flujos de personas más grandes del mundo. ¿Cuál es la gravedad de esa emergencia migratoria?

Respuesta. América Latina está experimentando el mayor flujo migratorio forzado de toda su historia, ni en los periodos de las guerras de independencia, ni en tragedias de desastres naturales, hemos enfrentado un fenómeno de este tamaño. Los gobiernos empezaron a reaccionar en primer lugar con una enorme generosidad, acogiendo a la población venezolana que salía y sigue saliendo, pero llegando ya a niveles de saturación donde sus presupuestos nacionales y sus capacidades institucionales están agotados. Nos estamos enfrentando a un fenómeno de transformaciones profundas en toda la región. América Latina no volverá a ser la misma después de lo que estamos experimentando.

P. Y el flujo sigue

R. Mientras no haya una solución política interna estable en Venezuela, la gente que se siente en situaciones de carencias extremas va a seguir saliendo a razón de entre 4.000 y 5.000 diarios. Nosotros tenemos que prepararnos como región para un fenómeno de migración forzada que presiona las estructuras públicas de atención en salud, en educación y sobre todo la capacidad de oferta de trabajo. Y eso afecta directamente a comunidades domésticas en cada uno de los países. Lo que se ve indispensable es la necesidad de concertación regional. Solos nos debilitamos. La integración se vuelve una necesidad muy grande.

P. ¿Cuánto dinero requiere una emergencia migratoria de este tipo?

R. En ACNUR y OIM hicimos un esfuerzo a finales de 2018, en consulta con los gobiernos, para preparar un plan regional de respuesta a las necesidades de refugio y migración forzada. Se llegó a una cifra de 732 millones de dólares para 2019, de lo cual se ha logrado recaudar un 52% a la fecha. Pero el flujo de gente es indetenible y cada vez sale más gente en condiciones de precariedad extrema, comparada por ejemplo con 2015, cuando la mayoría eran profesionales de alto nivel que se pudieron insertar muy rápidamente en los países vecinos. Argentina, por ejemplo, ocupó casi inmediatamente cerca de mil ingenieros de petróleo que salieron de PDVSA [Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima]. En cambio, ahora se trata de población con necesidades extremas, y vulnerabilidades muy grandes. Para 2020 el plan de respuesta humanitaria y de desarrollo contempla 1.350 millones de dólares, y hemos logrado interesar de una manera más amplia y profunda a los Estados miembros de la Unión Europea, que ha sido un contribuyente muy importante.

P. Son cifras que desbordan la capacidad de respuesta de cualquier país suramericano. Colombia, por mucho el principal destino, ha pedido reiteradamente mayor cooperación internacional. ¿Se está produciendo?

R. Los tiempos de negociación política en las diferentes mesas que se han creado para buscar una salida a la crisis interna de Venezuela no son equivalentes a los tiempos humanitarios. Las necesidades humanitarias no pueden esperar. Y por eso no solo las autoridades colombianas, sino de todos los países que se han coaligado en el llamado Proceso de Quito están insistiendo en la urgencia de esa ayuda humanitaria para por lo menos enfrentar las primeras exigencias de esa crisis. Algunos países han impuesto un tipo de visa que lo que ha hecho es disminuir el flujo de ingresos legales, pero aumentar los cruces irregulares, lo cual coloca a esta población en una vulnerabilidad mayor, porque tienen que recurrir a bandas criminales transfronterizas para lograr estos cruces. Hay un nivel de urgencia por lo brusca y súbita de esta crisis. Pero también hay necesidades de carácter estructural, de inversión en las comunidades de acogida. Esto es esencial. La clave está en generar empleo para todos, no solo venezolanos y venezolanas.

P. Colombia parece cada vez más sola en su postura de acogida y flexibilidad migratoria.

R. Quiero destacar el valor intrínseco del Proceso de Quito, como un espacio para compartir experiencias exitosas sobre todo en el tema de la regularización y documentación. En la medida en que se regulariza un migrante o una persona en solicitud de refugio, descienden los riesgos de abuso y de violación a sus derechos humanos fundamentales. Lo que piden todos los gobiernos es poder arribar a mecanismos de concertación que permitan sobre todo alcanzar esa regularización.

P. ¿Qué le parece el comportamiento de las sociedades de acogida? ¿Teme que los latinoamericanos pierdan la paciencia y surjan brotes de xenofobia?

R. Esos brotes se han dado, se están dando. Pero afortunadamente hasta ahora han sido pocos. Es curioso cómo nos admiran desde afuera de América Latina en ese esfuerzo de concertación, solidaridad y apertura. La región se ha organizado para innovar en los temas más fundamentales de atención, no solo a la crisis especifica venezolana sino en general a nuestras necesidades integrales de desarrollo. El Proceso de Quito está produciendo resultados de entendimiento regional incluso en temas educativos, superando los esquemas que ya existían de convalidación de títulos profesionales.

P. Más allá de que pueda haber un cambio en Venezuela que altere las tendencias migratorias, es un fenómeno de inmensas magnitudes. ¿Cuáles son los escenarios que manejan para el próximo año?

R. A juzgar por crisis en otras regiones del mundo, esta población en números importantes ya no regresa a su país sino que echa raíces en el país de destino. Pero el retorno tarda por lo menos dos años o tres años, sino más. O sea, tenemos que estar preparados para atender todavía elementos de urgencia humanitaria por lo menos por los próximos dos años. Por eso hemos hecho este plan para el año 2020 en la espera de que la absorción o la inserción sociolaboral de los que ya salieron pueda caminar a los ritmos que los gobiernos estarían esperando lograr en los próximos meses.

P. ¿El próximo año los desplazados de Venezuela van a superar en número a los de Siria?

R. Si los flujos siguen como van, podríamos llegar a finales de 2020 a cerca de 6,4 millones de personas. O sea, sí superaría las cifras del fenómeno sirio. Con dos diferencias importantes. La gente está saliendo de un país que no está en guerra y de un país que tiene las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo.

P. ¿Qué enseñanzas le han quedado de este año largo en el cargo?

R. Se logró concitar un apoyo internacional para los momentos de emergencia humanitaria, que es el cruce y las semanas subsiguientes. También afloró con mucha fuerza la necesidad de invertir en las comunidades de acogida en términos integrales. Si no se genera empleo para todos, esas poblaciones inmediatamente se molestan con lo que entienden ser una mayor atención a los “fuereños”, por decirlo de alguna manera, que a los locales. Colombia ha sido un experimento muy notable, pues identificaron con mucha rapidez problemas de tipo jurídico o reglamentario que necesitaban modificar para agilizar la prestación de servicios básicos a la población que sigue llegando.

Foto de referencia: Eduardo Stein en una visita a un centro de atención a migrantes venezolanos en Cúcuta, Colombia, en octubre de 2018.

SANTIAGO ESCOBAR-JARAMILLO ACNUR/El País