Venezuela y su deuda: segunda oportunidad que debemos aprovechar

Hay momentos en la historia de un país en que las circunstancias conspiran para ofrecer una salida. Venezuela parece estar viviendo uno de esos momentos. En mayo de 2026, el proceso de reestructuración de la deuda soberana venezolana arrancó formalmente, con Centerview Partners como asesor financiero. Para quienes llevamos años analizando la economía del país desde la distancia y con el corazón partido, esta noticia no genera euforia: genera urgencia.

Porque una reestructuración mal diseñada no es una solución. Es otra crisis con fecha de vencimiento.

El peso de lo que heredamos

La deuda total de Venezuela oscila entre 150.000 y 170.000 millones de dólares. No es solo una cifra astronómica: es la expresión monetaria de décadas de desgobierno, de una industria petrolera desmantelada, de instituciones vaciadas y de estadísticas que dejaron de publicarse en 2018. Esa ausencia de datos oficiales no es un tecnicismo menor. Sin números verificables, no hay forma de medir con precisión lo que se debe, ni de convencer a ningún acreedor internacional de que el país puede pagar.

La producción petrolera actual ronda los 800.000 a un millón de barriles diarios, apenas una cuarta parte del pico histórico que llegó a superar los 3,5 millones. Recuperar esa capacidad requeriría inversiones superiores a los 100.000 millones de dólares durante diez o quince años. Mientras eso no ocurra, el petróleo seguirá siendo una promesa más que una fuente real de divisas. Y sin divisas, no hay capacidad de pago. Esa es la aritmética brutal que debe estar sobre la mesa antes de que Venezuela firme cualquier acuerdo con sus acreedores.

El dinero tiene historia, y esa historia importa

Uno de los aspectos que menos entiende el ciudadano común —y que los negociadores no pueden ignorar— es el problema de la trazabilidad del origen de los fondos. No se trata de una discusión moral abstracta. Se trata de dinero que, en muchos casos, circuló a través de estructuras opacas vinculadas a Pdvsa, dejando rastros que hoy son objeto de investigaciones penales en Estados Unidos y Europa.

Se han identificado activos incautados por más de 3.800 millones de dólares en al menos veinte países. Si Venezuela avanza en una reestructuración sin haber depurado esos pasivos, sin haber auditado el origen de los bonos que se pretende canjear, los nuevos instrumentos heredarán ese riesgo. Cualquier banco corresponsal europeo o estadounidense que procese esos títulos quedará expuesto a sanciones por lavado de activos. El resultado sería previsible: nadie querrá tocar esa deuda, y el proceso colapsará antes de comenzar.

Limpiar el pasado no es un lujo ético. Es el requisito mínimo para que el futuro sea posible.

La trampa argentina que Venezuela no puede repetir

La historia de las reestructuraciones soberanas ofrece lecciones amargas. La más conocida es la de Argentina, que en los años noventa emitió bonos con cláusulas de acción colectiva mal diseñadas. Cuando intentó reestructurar su deuda, un grupo minoritario de acreedores —los llamados holdouts— logró bloquear el proceso durante años, argumentando que tenían derecho a cobrar en las mismas condiciones que quienes habían aceptado el canje. El litigio se prolongó durante más de una década y paralizó los pagos del país.

Venezuela tiene la oportunidad de no repetir ese error. Los mecanismos modernos, como las cláusulas de acción colectiva de umbral único propuestas por la ICMA en 2014, permiten que una mayoría cualificada de acreedores apruebe el canje sin que una minoría pueda vetarlo. Ecuador los utilizó en 2020, cuando reestructuró 17.400 millones de dólares con el respaldo del FMI y la validación de los tribunales de Nueva York. Funcionó. Venezuela debería incorporar ese aprendizaje desde el primer borrador de cualquier propuesta, no como corrección posterior.

El FMI no es el enemigo: es el árbitro que necesitamos

Durante décadas, la retórica oficial venezolana presentó al Fondo Monetario Internacional como un agente del imperialismo. Esa narrativa tiene historia, y no es completamente injusta. Pero hoy, en el contexto de una reestructuración soberana, el FMI cumple una función que ningún otro organismo puede reemplazar: valida la sostenibilidad fiscal de los programas macroeconómicos y otorga credibilidad internacional al proceso.

La reanudación de las consultas del Artículo IV —suspendidas en Venezuela desde hace años— sería una señal inequívoca de que el país está dispuesto a jugar con las reglas del sistema financiero internacional. Eso no significa entregar la soberanía. Significa reconocer que la independencia real no se proclama: se construye sobre instituciones sólidas, estadísticas publicadas y un banco central que funcione con autonomía genuina.

Una secuencia que no admite atajos

Lo que Venezuela necesita no es un acuerdo rápido. Necesita un acuerdo bien hecho. Y eso implica respetar una secuencia que no se puede comprimir: primero, auditar y depurar la trazabilidad de los pasivos; luego, diseñar los instrumentos contractuales con protecciones modernas; después, fortalecer el andamiaje institucional; y finalmente, establecer un calendario de pagos basado en lo que el país puede sostener realmente, no en lo que los acreedores quisieran recibir.

Cada uno de estos pasos puede prepararse en paralelo. Pero ninguno puede cerrarse si el anterior no está resuelto. Saltarse esa lógica, bajo la presión política del momento o la urgencia de mostrar resultados, sería el error más costoso que podría cometer la Venezuela de 2026.

La velocidad como riesgo

Y aquí es donde la realidad del proceso en marcha obliga a encender una señal de alerta. Centerview Partners se ha comprometido a entregar, antes del cierre de junio, el marco de políticas y el análisis de sostenibilidad de la deuda. Dos documentos de enorme complejidad, producidos en semanas, en un país sin estadísticas oficiales verificables y sin programa macroeconómico avalado por el FMI. La premura tiene consecuencias.

El FMI podría no acompañar debidamente el proceso, restándole la credibilidad que necesita. La verificación de la legitimidad de las acreencias podría ser insuficiente, abriendo la puerta a acreedores no calificados. Los mecanismos para contener a los holdouts podrían no estar listos a tiempo. Y un programa fiscal excesivamente rígido podría contraer la demanda justo cuando la economía aún no tiene músculo para resistirlo: si el PIB cae más de lo proyectado, los supuestos de sostenibilidad se derrumban, y las autoridades terminan abandonando los ajustes.

El riesgo más silencioso, sin embargo, es el del alivio insuficiente: que se extiendan plazos y se reduzcan cupones, pero que el valor presente neto de la deuda siga siendo insostenible dado el perfil de crecimiento real del país. Grecia, Belice, Granada y Jamaica vivieron ese camino. Todos terminaron en renegociaciones repetidas, con la incertidumbre prolongada y la reinserción financiera bloqueada. El círculo se reaviva: nueva deuda, nueva insostenibilidad, nuevo rescate.

Quienes vivimos esta historia desde adentro o desde la diáspora sabemos que los números esconden vidas. Detrás de cada millón de dólares de deuda hay familias que no recibieron los servicios que pagaron con su trabajo, hospitales que no funcionaron, aulas que se vaciaron, ingenieros y médicos que tuvieron que partir. Una reestructuración exitosa no devolverá esos años. Pero puede, si se hace bien, abrir la puerta a una Venezuela que vuelva a ser capaz de honrar sus compromisos —primero con su propia gente, y después con sus acreedores—.

La pregunta que debemos hacerle al proceso no es cuándo se firma. Es si lo que se va a firmar será suficiente para que Venezuela no tenga que volver a esta mesa en cinco años.